Políticas de seguridad

En los últimos años han proliferado las llamadas “guardias municipales” en distritos bonaerenses, creadas al margen de la regulación provincial, asumiendo facultades propias de la función policial –por ejemplo, la aprehensión de personas o requisas de pertenencias- y utilizando pertrechos policiales. Esto no solo representa un quiebre a la institucionalidad sino también una condición de posibilidad para el incremento de la violencia estatal o institucional.

Desde fines de 2024 y comienzos de 2025 se multiplicaron los operativos de la guardia municipal de General Pueyrredón orientados a estigmatizar a personas que viven en situación de calle. Frente a la brutalidad e injustificada violencia de esa patrulla, la CPM -junto a organizaciones de Mar del Plata- presentó una acción colectiva que derivó en la prohibición judicial para operativos contra personas en situación de calle y que impliquen violencia física o verbal. Aun así, y con la confirmación del fallo por parte de la Cámara de Apelación y Garantías departamental, el municipio continuó desplegando las prácticas denunciadas. Por su parte, la Patrulla Municipal de Vicente López provocó, en septiembre de 2025, la muerte de Octavio Buccafusco luego de que denunciara al 911 el ingreso de una persona en su domicilio.

Estas prácticas se inscriben en un marco general de violencia policial: en 2025 se registraron 1.643 hechos de violencia policial padecidos por un total de 641 víctimas, lo que arroja un promedio de 2,5 hechos por víctima. Más del 80% de las víctimas tenían menos de 40 años y eran varones, habiéndose registrado hechos de violencia en 63 niñas, niños y jóvenes. El 20% de los casos fue de agresiones físicas.

En este informe se analizan las aprehensiones policiales realizadas en 2025 de niñas, niños y jóvenes de entre 12 y 18 años por personal del Centro de Aprehensión (CEA) de San Martín: fueron 37 casos, de los que en solo 6 se registró la hora de aprehensión; 12 fueron examinados por un médico en la propia institución policial, dejando en manos de la propia institución la constatación de lesiones; y la mayoría de las causas registran pocos o casi ningún avance en el tiempo.

El armado y fraguado de causas penales sigue siendo una constante de la rutina policial, y en esta edición se describe minuciosamente el caso de Cristian Mallorca que permaneció 5 meses detenido en la UP 9 por una falsa imputación.

En cuanto a las detenciones en comisarías, se registraron y analizaron 4.397 casos, con un marcado predominio de personas de entre 18 y 30 años -48%- y más del 10% de esas aprehensiones surgidas de procedimientos policiales, que se han transformado en herramienta de captación rutinaria y no excepcional.

En los últimos 10 años la CPM ha registrado 1260 casos de muertes por intervención de la fuerza policial en territorio bonaerense, lo que representa una muerte cada 70 horas. De ese total, 200 muertes fueron de personas menores de edad y, solo en 2025, se consumaron 141 muertes por intervención policial, siendo La Matanza el municipio con la mayor cantidad de casos, con 34, seguido por Lomas de Zamora y Quilmes.

En la última década, más del 80% de los casos la muerte se provocó con el arma reglamentaria del personal policial, y más de la mitad de las muertes producidas en 2025 fueron provocadas por policías con sus armas reglamentarias ante el robo de sus bienes personales. Asimismo, el 64% de los casos fue provocado por la Policía Bonaerense, y mayoritariamente mientras los agentes estaban fuera de servicio, lo que pone de relieve la importancia de evaluar las condiciones de cumplimiento del estado policial.

En los últimos años la CPM comenzó a evaluar y sistematizar los casos de muertes producidas por policías trabajando como choferes de aplicaciones de viajes, con un incremento notorio y constante desde 2023. En 2025 se produjeron 17 muertes por uso letal de la fuerza por parte de policías que se encontraban trabajando en aplicaciones de transporte de pasajeros, esto representa un 12% del total de casos en el año.

En cuanto a las muertes ocurridas bajo custodia policial, desde 2012 la CPM lleva registradas 270 muertes en comisarías y en el 29% de esos casos se desconoce la causa. En este sentido, de las que se cuentan con datos sobre causa de muerte, el 40% ocurrió por ahorcamiento y están directamente vinculadas a la falta de cumplimiento del deber de cuidado estatal o deficiente intervención ante padecimientos de salud físicos o mentales.

Aunque se registra una sostenida baja de personas alojadas en dependencias policiales durante los últimos años, los derechos humanos continúan siendo vulnerados en las comisarías bonaerenses, con el agravamiento de las condiciones de detención, la persistencia de la tortura y malos tratos, la sobrepoblación, entre otras variables y con especial impacto en comisarías de la Matanza y Moreno. Los hechos de tortura no son situaciones aisladas sino una regularidad asociada a prácticas violentas del accionar policial y uno de los casos más graves fue el relevado en la comisaría 1° de Moreno en julio del año pasado, donde se constataron torturas con pasaje de corriente eléctrica, entre otras graves situaciones que se describen en esta sección del informe.