Políticas de niñez

En el Sistema de Promoción y Protección de Derechos se observa un aumento sostenido en la cantidad de niñas, niños y jóvenes abordados –de 41.511 en 2018 a 85.907 en 2025, así como de los casos institucionalizados, lo que contradice las recomendaciones internacionales en la materia. Durante 2025 se inspeccionaron 19 dispositivos de protección de derechos y se relevaron 119 hechos de tortura, malos tratos y violaciones de derechos padecidos por un total de 40 víctimas: 70 hechos fueron relevados en casas de abrigo, 34 en hogares convivenciales conveniados, 14 en hogares convivenciales oficiales y uno en otro tipo de institución. Las políticas de niñez están atravesadas por graves deudas que operan como condiciones de posibilidad para la tortura y los malos tratos.

En cuanto al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (SRPJ), el castigo y el disciplinamiento continúan primando por sobre el acceso a derechos y las denominadas medidas socioeducativas. El promedio anual de jóvenes privados de libertad en centros cerrados, de contención y recepción durante 2025 fue de 605, de los cuales el 76% de los ingresos fue a dispositivos de régimen cerrado. Entre el 2020 y 2025 aumentó el porcentaje de ingresos de niñas, niños y jóvenes de 15 años o menos: de 12 a 20%, el registro más alto de los últimos seis años. Los ingresos al sistema de encierro están plagados de irregularidades: crecen el uso de juicio abreviado como principal método de condena y los traslados constantes como método de gobernabilidad según las plazas disponibles y en detrimento de la vinculación familiar.

En 2025 el programa de Niñez de la CPM realizó 95 acciones de monitoreo a establecimientos penales juveniles y se registraron 1.329 hechos de tortura y violaciones de derechos contra 237 víctimas, lo que representa un promedio de 5,6 hechos por víctima. En ese sentido, la restricción de actividades y aislamiento son las principales vulneraciones a los derechos registradas, con 12% en cada categoría. Se analizan los casos del Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Mar del Plata, los centros de recepción de La Plata, Malvinas Argentinas, Bahía Blanca y San Nicolás. También lo relevado en seis centros socioeducativos de privación de la libertad ambulatoria y otros centros de encierro destinados a la instancia del pre-egreso del circuito de prisionización.

Una vez más la realidad de los centros de detención para jóvenes pone en manifiesto la precariedad de la perspectiva socioeducativa que profesa y promete el Estado. En este marco, la estructura de salud dentro de los dispositivos de encierro suele ser una cáscara vacía: niñas, niños y jóvenes no son vistos por un médico al ingreso al sistema ni de forma regular o programada. Tampoco se les realiza una evaluación integral de salud durante el tiempo de permanencia. Solo se realiza un chequeo general a cargo de enfermeros y sin directivas médicas, al que llaman “precario médico”. Entre las patologías comunes del encierro se registran la tuberculosis, padecimientos bucales por caries y micosis en la piel, además de padecimientos vinculados a la salud mental. Frente a este escenario, cuando los jóvenes intentan llevar a cabo un reclamo o denuncia por lo general terminan recibiendo represalias como respuesta: quita de derechos, hostigamiento, amenazas, golpizas, requisas violentas, aislamiento extremo o traslados gravosos.