Introducción

El presente informe se inscribe en un contexto nacional y regional de procesos regresivos en materia de derechos humanos. La democracia es puesta en cuestión por las expresiones políticas reaccionarias que atacan el Estado de derecho e impulsan su limitación a la dimensión represiva y de control, y también por la decepción que provocan las promesas incumplidas de gobiernos elegidos que no sólo no garantizan derechos sino que, por el contrario, generan procesos de conculcación masiva. Las consecuencias han sido que el capital se concentra cada vez más, el Estado se achica y la distribución de riquezas y recursos queda en manos de un mercado voraz y depredador.

Los 50 años que se cumplen desde el último golpe de Estado nos encuentran haciendo un balance que, conforme lo expresado, es poco positivo. Sin embargo, también dan cuenta de las múltiples luchas y disputas dadas por los sectores populares para resistir estas transformaciones neoliberales. Sólo a modo de ejemplo, mencionamos los avances en el juzgamiento del terrorismo de Estado: desde 2006 hasta el primer trimestre de 2026, se dictaron 365 sentencias que condenaron a 1.245 represores, y en la actualidad tramitan 355 causas en las que se investigan estos crímenes.

El presente nos reclama de manera imprescindible reafirmar convicciones y caminos que busquen reconstruir un horizonte de expectativas comunes desde una perspectiva que ubique a los derechos en el núcleo fundamental de los esfuerzos sociales y políticos.

La decepción que puede percibirse en el clima social sobre los resultados efectivos de la política democrática tiene su validación en algunos datos significativos. En estos 50 años el salario real se redujo en un 60 %, la tasa de pobreza ascendió del 6,2% a más 42 % y el empleo no registrado subió del 10 % a casi el 40 %. El crecimiento exponencial de la deuda externa que produjo la política económica de la dictadura persiste, pese a que en los años 2005-2006 se cancelaron los compromisos con el FMI. En 1974 el stock de deuda externa rondaba los 8 mil millones de dólares y hoy ha escalado a casi 400 mil millones.

El resultado social palpable de estos indicadores ha sido un proceso de desigualdad social sin precedentes. La brecha entre ricos y pobres creció notablemente en estos cincuenta años. Esto implica que un número significativo de grupos sociales han sido excluidos del acceso a sus derechos básicos, la pobreza estructural ha arrasado a millones de familias que desde hace décadas viven en condiciones de precariedad y sobrevivencia básica.

Este proceso provocado por políticas macroeconómicas neoliberales agresivas reestructuró el Estado y consolidó la desigualdad. Como estrategia de los grupos de poder, se fue endureciendo el sistema penal orientando su intervención a la persecución de los sectores más pobres, considerados excedentes, para controlarlos o gobernarlos a través de una respuesta violenta y deshumanizada para abordar sus consecuencias.

La política criminal que analizamos en este informe es su expresión y no constituye ninguna novedad, sino la confirmación de una continuidad notoria que podemos establecer, por los menos, en los últimos 30 años.

Es decir, frente al proceso de profundización de la brecha social y achicamiento del Estado de bienestar se fue profundizando y exacerbando el carácter represivo que ya no se despliega como en los años setenta sobre las disidencias políticas sino contra las excedencias de la población (los sectores más pobres), configurados como enemigos del orden público y la seguridad.

Estas observaciones se exponen aquí para remarcar, una vez más, que las violencias que se describen no son productos circunstanciales de prácticas a erradicar o problemas e inconsistencias de políticas de seguridad mal diseñadas, son la expresión de una violencia estructural que el Estado produce y reproduce en sus diferentes prácticas y en las políticas de los gobiernos e instituciones que la configuran. Más allá de las diferencias entre gobiernos que pueden verse en distintas políticas, programas o perspectivas de acción pública, esta condición estructural se mantiene y es transversal a todas las gestiones. Aun en tiempos donde se desarrollaron políticas de inclusión social y se disminuyó la pobreza o la indigencia, la política criminal inmutable ha sido un modo de reproducción de la desigualdad y la injusticia social.

Las llamadas “políticas de seguridad” no son un problema técnico ni de diseño sino uno de los instrumentos de legitimación de la desigualdad en tanto criminaliza la pobreza, la expone y la reduce a un problema del sistema penal.

La primera operación es reducir el concepto de seguridad al sistema penal, excluyendo de la noción la seguridad que deviene del pleno goce de derechos. No se habla de la inseguridad que provoca la falta de acceso a la salud, el trabajo, la vivienda digna o la alimentación. En su lugar, la idea se limita a las consecuencias provocadas por el delito predatorio callejero que pone a los pobres como únicos victimarios, y en la misma operación esconde los grandes y cuantiosos delitos complejos estructurados por organizaciones poderosas (narcotráfico, trata de personas, delitos financieros, corrupción, contrabando) o los cometidos por el poder económico empresarial y el poder político. Todos estos provocan un cuantioso perjuicio social y económico que impacta al conjunto social, y que es invisibilizado por gran parte de los discursos políticos o los construidos por los medios empresariales de comunicación.

Como ocurre en todo el territorio nacional y en los países de la región, la política criminal de la provincia de Buenos Aires se constituyó en un dispositivo estatal de gobierno y control de las poblaciones más pobres y vulneradas. Esta orientación fue seguida por los distintos gobiernos, aun cuando en determinados momentos se intentaron procesos de reforma que decían inscribirse en otro paradigma de seguridad; no obstante fracasaron al imponerse luego decisiones políticas regresivas.

 

Políticas transversales de la mano dura

Como señalamos, las llamadas políticas de mano dura son políticas transversales que persisten sin modificarse a pesar de los cambios de gobierno conjugando un esquema policial violento de control y regulación ilegal del delito en los territorios, con una actuación judicial que convalida y encierra automáticamente sin controlar estas prácticas violentas.

Este gobierno de control hacia los pobres se ejecuta a través de la cadena punitiva: policía, justicia penal y servicio penitenciario u organismos de custodia. Nuevos eslabones fortalecen esta cadena: a nivel local la creación de guardias, patrullas o policías municipales, y a nivel nacional un despliegue represivo de la protesta social y la persecución a las organizaciones sociales.

En la dimensión local, los municipios están desarrollando sus propias estrategias de control de la excedencia poblacional expresada en clave de lograr orden y seguridad, profundizando las políticas segregativas y expulsivas de los segmentos pobres que irrumpen en el centro de las ciudades, en particular quienes viven en la calle o realizan actividades de subsistencia, consolidando la guetización o segregación territorial de estos grupos. Pero estas guardias o patrullas municipales actúan fuera del marco legal regulatorio que establece la ley provincial de seguridad (ley 12.154 y sus modificatorias) y han sido dotadas de facultades cuasi policiales, incluso la posibilidad de usar armas menos letales o detener personas. Este nuevo eslabón en la cadena punitiva y represiva ya ha producido graves vulneraciones a los derechos humanos. La persecución violenta e ilegal a personas en situación de calle en Mar del Plata y el homicidio de Octavio Buscafusco por parte de la Patrulla Municipal de Vicente López son ejemplos de las consecuencias de esta ampliación punitiva.

A nivel nacional, observamos un despliegue represivo creciente en torno a la protesta social al que se sumó la persecución penal a las organizaciones sociales, que ha llegado a niveles históricos, todo sostenido por un discurso presidencial apologético. La exacerbación de la violencia policial en las calles y la utilización del proceso penal para disuadir y limitar la protesta o castigar a quienes la impulsan luchando por sus derechos se han desplegado de manera continua los últimos tres años. La CPM monitorea la represión a la protesta social desde la aplicación del protocolo antipiquetes. En este anuario se incluye el tercer informe especial Monitoreo de la represión de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones públicas que analiza la responsabilidad de las fuerzas federales (Policía, Prefectura y Gendarmería y de la ciudad de Buenos Aires) en lo ocurrido el año pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lo relevado surge que mientras que en 2024 se habían relevado 1.216 personas heridas o lesionadas, este número creció un 13 % en 2025 llegando a 1.369; las detenciones también se incrementaron un 77%, pasando de 93 en 2024 a 165 en 2025.

En este cuadro de incremento de la violencia estatal la intervención policial no se orienta a la prevención y persecución del delito. Los datos históricos comprueban que menos del 14 % de las aprehensiones policiales se convirtieron en detenciones por imputación judicial de un delito. Es decir que la gran mayoría de las aprehensiones policiales no se vinculan con la comisión de delitos sino con el control y gestión de poblaciones excluidas y estigmatizadas.

Estas aprehensiones suelen ser muy violentas aunque en general no se denuncian por temor a represalias; sin embargo la CPM denunció 1.639 hechos de violencia policial padecidos por 641 víctimas, el 20 % de ellas agresiones físicas con palos o bastones, escudos, patadas y golpes de puño.

El funcionamiento policial descripto genera condiciones propicias para el armado y fraguado de causas penales. Un ejemplo es el de Cristian Mallorca, que estuvo 5 meses detenido injustamente y cuyo caso se analiza en este informe.

Crecieron las muertes ocasionadas por uso de la fuerza letal policial en provincia de Buenos Aires: ascendieron a 141 personas (100 menores de 30 años) contra 135 en 2024. Del total, 90 fueron cometidas por miembros de la Policía Bonaerense, 25 de la Policía de la Ciudad, 19 de la Policía Federal, 4 de la Gendarmería Nacional y 3 de la Prefectura Nacional. La mayoría, 87 casos, fueron cometidos por agentes en actividad pero fuera de servicio defendiendo bienes propios, lo que muestra nuevamente la necesidad de derogar el estado policial.

Un elemento central a considerar es el diagnóstico que surge de las causas judiciales en relación a la desproporción en el uso de la fuerza letal. Los policías reconocen haber disparado al menos 195 veces, mientras que a los supuestos atacantes se les atribuyen 12 disparos. En ningún caso los disparos impactaron en los agentes policiales. Sin embargo 116 de los disparos policiales impactaron en los supuestos atacantes o víctimas, y las trayectorias de ingreso a los cuerpos fueron de atrás hacia adelante. Todo esto indica que la respuesta policial armada se da en un contexto ajeno a la función policial, no responde a una agresión proporcional de parte de los supuestos atacantes, es altamente desprofesionalizada y los disparos se producen cuando la persona está huyendo.

Es alarmante que mientras 116 disparos impactaron a los supuestos atacantes al menos otros 79 siguieron su trayectoria. A esto se suma que la mayoría de los hechos ocurren en zonas urbanas o periurbanas, lo que implica un riesgo muy alto para las personas que transitan. Ese fue el caso que derivó en el asesinato del niño de 7 años, Thiago Correa, en La Matanza, mientras esperaba un micro sobre los hombros de su padre.

Por otra parte, hubo 18 muertes por intervenciones policiales vinculadas a personas con padecimiento mental o consumo problemático de drogas en estado de excitación psicomotriz. El personal policial reduce a la persona de manera violenta con intervención de más de tres agentes, mediante forcejeos, patadas y golpes. La contención se realiza con esposas o sujeción con la propia ropa de la persona, y se impone el despliegue de la fuerza física y/o amenaza por sobre mecanismos menos invasivos y la disuasión por la palabra. En casi la totalidad de los casos (16) se confirmó la inexistencia de circunstancias que dieran cuenta de un riesgo para terceras personas y la comunicación con efectores de salud se realizó luego de haber reducido a la persona. Esta forma de intervención es contraria a las Pautas generales para el abordaje intersectorial de urgencias en salud mental, una resolución conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad de la Provincia dictada en 2022, que establece los criterios específicos para la intervención en estos casos.

Esta política criminal tiene consecuencias gravísimas porque genera condiciones para la vulneración sistemática de los derechos humanos, y la tortura es parte integral de este programa que recurre a la violencia y la producción de precariedad para gobernar a las poblaciones que se persigue y encarcela.

La exacerbación de políticas y discursos de odio hacia estos sectores, conjugados con la creación de estos nuevos dispositivos securitarios, incrementan los casos de torturas, malos tratos y muertes alimentando el sistema de encierro más grande de la Argentina.

 

Inflación penal

En diciembre de 2025 había 63.934 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires en cárceles, alcaidías, comisarías o con monitoreo electrónico, contra 61.810 del año 2024.

La cantidad de detenidos crece a un promedio interanual del 5%. La tasa de encarcelamiento provincial pasó de 355 personas cada 100 mil habitantes en 2024 a 367 personas cada 100 mil habitantes en 2025, superando ampliamente la tasa nacional de 289 y la mundial de 176.

Esta cantidad de aprehensiones y detenciones colapsan el sistema de encierro porque se producen más ingresos que egresos. Entre 2015 y 2025, cada año ingresaron en promedio casi 20.000 personas y egresaron 17.000, dejando un saldo positivo de 3.000 personas más por año. En 2025 esa diferencia fue de 2.775 personas más.

Después de 2020 la sobrepoblación en comisarías tuvo una disminución significativa que llegó en diciembre de 2025 a 1.386 detenidos, contra 2.314 del año anterior. Esto fue consecuencia del trabajo interinstitucional sostenido, del que fueron parte la CPM y otras organizaciones, realizado en el marco del Tribunal de Casación provincial, la Autoridad de Implementación y seguimiento del Programa de cumplimiento de sentencia (APCS) creado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCJBA), y reuniones de trabajo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dictaron medidas cautelares sobre comisarías. Pese a la reducción de la cantidad de personas, las condiciones de alojamiento en estos lugares siguen siendo extremas y críticas. En este período se registraron 12 personas muertas en 12 dependencias policiales diferentes (9 de ellas del conurbano bonaerense); tres de estas comisarías estaban clausuradas para alojar personas y sobre una incluso persiste una medida cautelar dictada por la CIDH.

Pero esto es sólo una parte del problema: mientras en comisarías bajó la sobrepoblación, en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) la sobrepoblación volvió a crecer. La sobrepoblación produce hacinamiento y agrava las condiciones de detención. Para gobernar el hacinamiento extremo se apela a mayor tiempo de aislamiento en celda, entre 16 y 24 horas diarias, llegando a más de 60 horas seguidas los fines de semana cuando no hay acceso a espacios comunes o patios. A eso se suma que las personas detenidas no tienen asistencia a la salud integral, no pueden alimentarse de manera adecuada y se alojan en lugares contrarios a la condición humana.

A fines de 2025 el sistema carcelario se componía de 58 cárceles, 14 alcaidías, una unidad-hospital y una unidad de tránsito, construidas entre 1877 y 2023. Se trata de 74 establecimientos con capacidad para alojar a 26.868 personas. Considerando esa infraestructura, en diciembre de 2025 la sobrepoblación fue del 116%, un incremento de 10 puntos porcentuales respecto al año anterior.

La actual gestión de gobierno inició un plan de construcción de cárceles y alcaldías como forma de resolver estos problemas. Hasta 2024, cuando las obras se suspendieron por la interrupción de fondos provenientes del gobierno nacional, se construyeron 6.000 nuevas plazas pero en esos años el sistema absorbió 13.000 nuevos detenidos.

 

Persistencia de la práctica sistemática de torturas

En un sistema de encierro de estas características la tortura sigue siendo una práctica sistemática. En 2026 la CPM reveló a partir de su Registro provincial de torturas y otras violaciones de derechos humanos (RPT) 87.614 hechos de vulneraciones a derechos humanos en cárceles y alcaidías. De este total, 70.008 son torturas y/o malos tratos relevadas en la sección Penitenciaria y 14.243 son de privación de acceso a la justicia por responsabilidad directa o indirecta de los operadores judiciales. Los mismos datos se corroboran del trabajo realizado por la CPM en el marco del Registro nacional de casos de torturas y malos tratos (RNCT) que se elabora conjuntamente con la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Grupo de Estudios del Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPYDH) del Instituto Gino Germani de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).

La tortura es multidimensional y se produce combinando diferentes hechos que se aplican de manera simultánea o continua. No es sólo la agresión física: también es tortura la falta de acceso a la salud, las malas condiciones de detención, el aislamiento, el hambre, los traslados constantes y gravosos, las requisas violentas y vejatorias. Las torturas no son excesos ni hechos excepcionales: se trata de una práctica persistente y extendida que con distinta modalidad e intensidad ocurre todo el tiempo en todos los lugares de detención y en el despliegue policial.

Todo esto también es posible porque la justicia lo avala y promueve al convalidar, casi sin análisis, la actuación policial y penitenciaria. Un dato explica la dinámica: 9 de cada 10 detenciones policiales son sin orden previa dictada por un juez competente, como dispone la Constitución nacional. La policía detiene y la justicia confirma automáticamente esa detención.

La prisión preventiva y el juicio abreviado son las herramientas jurídicas principales en el sostenimiento de la política de encierro en la Provincia. El uso indiscriminado de la prisión preventiva sigue siendo generalizado (47 % del total) y se usa de manera diferencial sobre la población femenina (56 %) y las personas trans (53 %), más que en varones (46 %).

También se convirtió en regla el juicio abreviado, que afecta las garantías del debido proceso; hoy 9 de cada 10 condenas son mediante esta modalidad. El juicio abreviado es un acuerdo extorsivo entre los fiscales y los defensores que, en general, se impone a las personas detenidas para llegar a una rápida condena en detrimento de un juicio oral y público.

Al incremento y automaticidad de los ingresos se suma otro problema en el extremo opuesto del proceso judicial: la retención de los condenados hasta el cumplimiento efectivo de la pena. El principio constitucional y legal de la resocialización y la progresividad de la pena no se cumplen. Esto deriva en que entren cada vez más y salgan cada vez menos personas del sistema de encierro.

En 2025, los juzgados provinciales de ejecución penal denegaron 8 de cada 10 solicitudes de morigeración de pena: el 80% de las libertades condicionales, el 74% de las libertades asistidas, el 80% de las salidas transitorias y el 83% de las prisiones domiciliarias.

Muertes evitables

En el ámbito penitenciario, conforme lo relevado en el Registro CPM de muertes en cárceles y alcaidías, se registraron 224 muertes: 203 fueron por problemas de salud, 13 suicidios, cuatro homicidios y cuatro accidentes. En el año 2024 habían sido 218. Por otro lado, las muertes en detención domiciliaria ascendieron a 59.

Una vez más las muertes por problemas de salud no asistidos representan el mayor porcentaje sobre el total, 9 de cada 10 casos. La mayor cantidad de muertes de este tipo se produjeron en los complejos penitenciarios de Olmos (51 casos) y Florencio Varela (27 casos).

La nula o deficiente atención médica, la falta de medicamentos o realización de estudios diagnósticos, las dificultades permanentes para la atención especializada o extramuros, sumado a la mediación del SPB que entorpece el efectivo acceso a espacios sanitarios, son factores constantes en los espacios carcelarios que provocan o favorecen estos decesos.

En 2025 se registró un importante descenso en la cantidad de suicidios en alcaidías y unidades penales de la Provincia, pasando de 21 a 13 víctimas. A pesar de esto, la tasa de 2,3 suicidios cada 10.000 personas detenidas continúa siendo muy superior a la tasa provincial de 0,5 cada 10.000 personas. En relación con el espacio de alojamiento donde sucedieron los hechos, se destaca que 5 de los 13 suicidios registrados en 2025 se produjeron en sectores de aislamiento. Particularmente se destaca un caso: la persona detenida venía de dos traslados consecutivos, por lo que durante al menos 10 días estuvo alojada en espacios de aislamiento. En al menos dos casos previamente se había solicitado atención psicológica.

Desde el año 2016 se registra un descenso sostenido en la cantidad de homicidios ocurridos en espacios carcelarios, hasta estabilizarse en valores similares a los registrados en el resto de la Provincia. En el año 2025 se registraron cuatro homicidios, una tasa igual a 2024: tres fueron cometidos por otras personas detenidas y uno por miembros del SPB. Cristian Moyano fue asesinado por varios agentes penitenciarios en la Unidad 24 de Florencio Varela.

En 2025, 684 personas murieron bajo custodia del Estado o por uso letal de las fuerzas de seguridad: 224 en cárceles y alcaldías, 59 con monitoreo electrónico, 30 en comisarías o bajo custodia policial, 141 por violencia policial y 230 en establecimientos de salud mental.

 

Impunidad de la tortura

En 9 de cada 10 casos, las denuncias por torturas y muertes son sistemáticamente rechazadas o archivadas por la justicia, sin investigación adecuada alguna; así se consagra la impunidad de estos delitos.

Pese a esto, la CPM participó entre 2017 y 2025 en representación de las víctimas y/o como particular damnificado institucional (PDI) en 27 juicios donde se condenó a 70 personas entre policías, penitenciarios, empleados de niñez y responsables de una comunidad terapéutica. Durante 2025 participó en cinco juicios donde se condenó a 11 agentes de la Policía Bonaerense, todos los que estaban imputados al inicio de los procesos.

En función de los estándares y parámetros normativos obligatorios que debieran cumplirse en las investigaciones penales preparatorias (IPP), se analizaron 188 casos (sobre 224) que investigan muertes en custodia ocurridas en establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires durante 2025.

El análisis de la información disponible permite identificar una serie de patrones relevantes que, entre otras cosas, dan cuenta de las condiciones de salud de la población detenida, las limitaciones en los procesos de determinación de las causas de muerte, la falta de directrices unificadas en la investigación fiscal y el incumplimiento de estándares investigativos mínimos. En un 26% de los casos no se tomaron placas radiográficas y en el 81% no se extrajo mediante hisopado una posible muestra de ADN y otros elementos biológicos. En el 31% de los casos no se ordenó el correspondiente levantamiento de rastros de la escena de los hechos y en 10 no se ordenó operación de autopsia que debe realizarse en todos los casos.

Finalmente, se observa con recurrencia la ausencia de la práctica del peel off, Écorchage o por planos. Esta práctica tiene como objetivo establecer la posible presencia de lesiones profundas en planos subcutáneos o musculares no observables en el examen traumatológico superficial. En el 75% (124) de las IPP analizadas no se registra esta práctica quirúrgica de suma importancia para la evidencia forense.

 

Corrupción estructural

Este sistema de gobierno o control funciona además con altos niveles de corrupción. Entre 2008 y 2025 al menos 8.574 policías fueron expulsados por delitos relacionados con hechos de corrupción. En el Servicio Penitenciario Bonaerense la corrupción también es sistemática y degrada aún más las condiciones de vida en el encierro. En 2025, pese al temor a denunciar de las personas detenidas, la CPM registró 57 hechos de corrupción penitenciaria, es decir, uno cada seis días.

 

Políticas de niñez y adolescencia

En cuanto a las políticas de niñez, el informe analiza su situación crítica. Hace más de 20 años se creó el sistema de promoción y protección de derechos para dejar atrás el viejo patronato de menores. Sin embargo, el nuevo sistema reproduce y agrava mucho de lo que prometió cambiar. Si bien puede pensarse que este escenario propicia la continuidad de prácticas y discursos propias del patronato, no es la pervivencia de lo viejo sino de lo nuevo en el marco del paradigma de protección integral que ha creado sus propios dispositivos de control, sometimiento y vulneración de derechos, incluso readaptando estratégicamente prácticas y discursos que hacen propios. La reedición de respuestas estatales de castigo y criminalización a las infancias pobres, hoy cristalizada en la reciente sanción en el Congreso Nacional de la baja de edad de punibilidad y la legitimación de un régimen penal juvenil regresivo e inconstitucional, no pueden escindirse de las graves falencias del Estado en su especial obligación de proteger derechos.

Durante 2025 los organismos y servicios para la promoción de derechos intervinieron en más de 85 mil casos de niños, niñas y jóvenes vulnerables, 10 mil casos más que el año pasado y 100% más que hace 7 años. Pero muy pocas veces esta intervención logró restituir derechos. En diciembre de 2025, había 4.200 niñas y niños institucionalizados, más del 90% alojado en hogares no oficiales.

Los hogares (oficiales o conveniados) están en condiciones críticas: infraestructura deficiente y riesgosa, falta de personal capacitado, malos tratos y torturas, y ausencia de mecanismos eficaces de control y supervisión. En esas condiciones, es difícil que el sistema cumpla con su misión de restituir derechos.

En 2025 sólo el 27% de los niños, niñas y jóvenes institucionalizados egresaron de estos dispositivos porque se consideró que sus derechos fueron restituidos y el 30% egresó por guarda pre-adoptiva.

En el otro extremo está el sistema penal juvenil. Cuando faltan o fallan las políticas de prevención y protección, el Estado recurre a políticas de castigo y encierro de los niños pobres. En los últimos 10 años la cantidad de jóvenes imputados por delitos descendió un 60%, pero la cantidad de jóvenes encerrados se mantuvo constante.

Esta política represiva se cristalizó en la reciente sanción en el Congreso nacional de la baja de edad de punibilidad a los 14 años; sin embargo la justicia ya detenía menores de 16 años. Desde 2021, la cifra de niños no punibles detenidos se triplicó. Durante 2025 ingresaron 842 niños y jóvenes privados de libertad a centros de detención: 168 tenían 15 años o menos, un 20% del total.

En la provincia de Buenos Aires (que agrupa casi la mitad de hechos delictivos del país) jóvenes menores de 18 años cometieron 88 homicidios dolosos durante 2025. De estos sólo 25 fueron cometidos por menores de 16 años, los que hoy son no punibles. En el mismo año ingresaron a las cárceles de jóvenes 1.236 menores de 18 años, de los cuales 276 (22%) eran no punibles, es decir menores de 16 años.

Los menores de 16 años que cometieron homicidios ya son detenidos hoy en la provincia de Buenos Aires a partir de la aplicación de una medida de seguridad que los jueces utilizan en estos casos. Y no sólo están detenidos los 25 jóvenes que cometieron homicidios, sino que estuvieron también detenidos otros 251 jóvenes que cometieron delitos de abuso sexual o robo agravado. Si el gobierno declama que la solución es la cárcel, estos datos muestran claramente que este proyecto no lo resolverá.

En la mayoría de estos casos los jóvenes habían cometido delitos antes y tenían problemas de consumo de drogas; en otros, fueron captados por redes delictivas. ¿El Estado no puede pensar en políticas para trabajar sobre este pequeño universo y prevenir que cometa delitos graves?

Es urgente implementar políticas de salud mental y de prevención y asistencia frente al consumo de estupefacientes, políticas educativas que incluyan y generen verdaderas oportunidades y alternativas para evitar el ingreso al mundo del delito, políticas que eviten que lleguen a esos delitos graves, que limiten el acceso a las armas, políticas sociales que garanticen derechos, no políticas punitivas que los restrinjan sin fundamentos.

Estos jóvenes se alojan en centros de detención del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia que se asemejan a las cárceles para adultos: graves condiciones materiales, aislamiento extremo, agresiones físicas, pocas actividades recreativas o educativas, falta de asistencia de la salud y padecimiento de hambre. A esto se suman las sanciones arbitrarias e ilegales y nula escucha de los jóvenes

En este contexto, la tortura es una práctica sistemática y no se cumple con la función de responsabilización penal prevista en la ley. En 2025 la CPM relevó más de 1.329 hechos de torturas y malos tratos o vulneraciones de derechos.

Todo esto es posible porque la justicia lo promueve y avala: no controla las condiciones en que se cumplen las medidas de abrigo o de detención, no investiga las denuncias de malos tratos y torturas. Gran parte del poder judicial legitima así las graves vulneraciones de derechos humanos.

La CPM, defensores oficiales y asociaciones de derechos humanos, de niñez y sindicales han presentado una acción de amparo atacando la baja de edad de punibilidad por inconstitucional y anticonvencional.

El Estado debe recuperar su rol de cuidado y garante de derechos. Los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a vivir una infancia digna y libre.

 

Políticas de salud mental

La ley nacional de salud mental, aprobada en 2010 y reglamentada en 2013, venía a cambiar el paradigma del manicomio y a reconocer a las personas con problemas de adicciones o salud mental como sujetos de derechos.

A nivel nacional, durante 2025 recrudecieron las políticas de ajuste contra estas poblaciones. La evidencia más explícita fue la resolución 187/2025 publicada por la ANDIS, con el supuesto fin de regular el acceso a pensiones. A partir de esta resolución se inició una revisión masiva, arbitraria y descontextualizada que expuso a miles de personas con discapacidad a situaciones denigrantes y discriminatorias, y se eliminaron arbitrariamente miles de pensiones.

En la provincia de Buenos Aires hubo grandes avances en la implementación de la ley nacional de salud mental; por ejemplo el paulatino descenso de personas alojadas en el manicomio hasta su prometido cierre. La Provincia tiene cuatro hospitales neuropsiquiátricos públicos. En diciembre de 2025 había 758 personas alojadas, 60% menos que en 2018.

Sin embargo persiste un problema transversal: durante 2025, el 58% de los ingresos a los hospitales monovalentes fueron reinternaciones: personas que no pudieron continuar el tratamiento afuera por falta de atención en hospitales generales y de dispositivos alternativos al manicomio. Si bien estos hospitales se encuentran en proceso de adecuación a la ley de salud mental, se siguen relevando prácticas propias del manicomio que afectan la dignidad de las personas, como aislamiento o falta de actividades terapéuticas y recreativas.

En las clínicas neuropsiquiátricas privadas la situación es peor. Estos lugares funcionan con habilitaciones obsoletas y casi sin controles del Ministerio de Salud, y el tratamiento médico se centra en el encierro y la sobremedicación. En 2025 se registraron 314 hechos de torturas y/o malos tratos en estos ámbitos.

En el extremo más cruel de este sistema están las comunidades terapéuticas para el tratamiento de adicciones. Muchas funcionan con habilitación provisoria o vencida, y otras muchas funcionan directamente en la clandestinidad. En estos lugares no se aplica la ley de salud mental y funcionan casi sin presencia de profesionales de la salud; en 2025, la CPM registró allí 131 hechos de falta o deficiente atención a la salud.

El mal llamado tratamiento se basa en seguir normas rígidas y tareas domésticas que implican premios o castigos. Las formas de castigo más comunes son sujeción mecánica, golpes, impedimento del vínculo familiar y sobremedicación: los psicofármacos, molidos o inyectables, se aplican de manera arbitraria y sin control médico.

Un hecho frecuentemente denunciado es la falta de acceso a la justicia: 93 casos. Todas las internaciones involuntarias, las internaciones que superen los 60 días o las internaciones de personas menores de edad deben ser periódicamente controladas por la justicia, pero no ocurre. Esto se agrava con la forma de ingreso relevado en muchos lugares: se secuestra a las personas a través de grupos operativos formados por operadores y otros jóvenes alojados utilizando violencia o inyección de psicofármacos sin ninguna prescripción o control médico.

Las cárceles neuropsiquiátricas ocupan el último eslabón de encierro. La Unidad 34 y el anexo femenino de la Unidad 45 del Servicio Penitenciario Bonaerense alojan a personas en conflicto con la ley penal con padecimiento mental. También en estas unidades hay torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes: condiciones materiales inhumanas, alojamiento de personas sin criterio de permanencia, falta de medicación, agresiones físicas, alimentación insuficiente y aislamiento. En estas condiciones no hay adecuación posible a la ley de salud mental.

Como ocurre en todo el sistema penitenciario, el Ministerio de Salud no asiste a estas poblaciones o lo hace de manera deficiente. La degradación de la Dirección de Salud Penitenciaria que depende del Ministerio de Justicia y la falta de articulación con las políticas sanitarias impiden que se garantice el derecho a la salud y provoca aún más sufrimiento y muertes en el encierro.

Las deficiencias en las políticas sanitarias alcanzan a otro sector particularmente vulnerable: las personas con discapacidad. Una vez más, la única intervención posible para estas personas es la institucionalización en hospitales públicos especializados u hogares del sector privado. Estos dispositivos funcionan con una normativa obsoleta, y la deficiente fiscalización del Ministerio de Salud agrava esta situación. Las personas son sometidas a prácticas deshumanizantes y degradantes en internaciones prolongadas por falta de dispositivos y apoyo para la externación.

Es una situación que se agravó aún más durante el último año por las políticas del gobierno nacional, que desmanteló programas de asistencia y recortó pensiones por discapacidad que, en muchos casos, eran el único soporte para garantizar la asistencia y acompañamiento necesarios en su cotidiano.

En establecimientos de salud mental fallecieron 230 personas en 2025, el 77 % por cuestiones de salud no asistidas, contra 324 del año 2024.

 

Luchar contra la tortura

El contenido de este informe anual está construido a partir de la intervención de los programas de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su función de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLPT) en el territorio bonaerense. Desde sus inicios en el monitoreo de lugares de encierro, hace más de 20 años, el organismo entendió que no se podía solamente visitar lugares de encierro para recomendar cambios a los gobiernos: había que ir más allá e intervenir y comprometer al poder judicial para revertir las graves violaciones de derechos humanos que se relevaron.

Durante 2025 se mantuvieron comunicaciones con, o por, 16.762 víctimas de violencia estatal, lo que representa un 8% más que en 2024. Se realizaron 54.548 entrevistas/comunicaciones con víctimas de violencia estatal o con familiares, personas allegadas, organizaciones o instituciones, lo que representa un 14% más que en 2024.

A partir de eso se llevaron a cabo 39.720 presentaciones judiciales individuales ante órganos jurisdiccionales (habeas corpus, informes urgentes, etc.) y, en menor medida, administrativas, lo que representa un 10% más que en 2024: esto significa 226 comunicaciones y 165 presentaciones judiciales por día hábil.

Toda esta actividad fue realizada conjuntamente con las organizaciones de familiares y ex detenidos que integran el Programa Punto Denuncia Torturas (PDT): Colectivo Dignidad, Red Camino hacia al Siglo XXII, Colectivo Ni una Menos en cárceles, Asociación PRODERHUFA, Asociación Acifad, Cooperativa Fadeli, Colectivo Red contra la Tortura, Colectivo Nunca Más, Asociación Pocho Lepratti, Colectivo Nacional de Detenidos, Casa Joven Diana Sacayán.

Este programa surge del trabajo realizado con familiares de personas detenidas para fortalecer su organización. Las vulneraciones de derechos de las personas encarceladas se expanden a las familias y los hijos, sobre las que se extiende la pena. A los padecimientos del familiar detenido se suma el padecimiento en un contexto socioeconómico crítico que requiere que los bienes esenciales (alimentos o medicamentos) deban ser provistos por la familia por la falta de provisión estatal.

Además de las presentaciones individuales, durante 2025 se hicieron 589 presentaciones judiciales colectivas, de las cuales 101 fueron iniciadas durante ese año y 488 fueron acciones de seguimiento en el marco de procesos abiertos previamente. Implican pabellones, algunos establecimientos completos y un complejo penitenciario, alcanzando a 14.556 personas detenidas, internadas o institucionalizadas. Miradas por tipo de institución, las acciones colectivas abarcaron al 24% de las personas detenidas en establecimientos penitenciarios, al 42% de los jóvenes detenidos en centros y al 8% de las personas detenidas en comisarías.

La presencia en los lugares de detención fue permanente a partir de las 785 inspecciones en cárceles, alcaidías, comisarías, centros de detención de jóvenes, hogares de niñez, hospitales de salud mental, comunidades terapéuticas, clínicas psiquiátricas, entre otros establecimientos; fueron 65 inspecciones por mes, tres por cada día hábil.

Este Informe Anual se elabora también a partir de la construcción seria y rigurosa de información sobre la política criminal que el Estado no construye, y aporta elementos esenciales para el análisis de la situación. La página web datos abiertos es un claro avance en este sentido (https://www.comisionporlamemoria.org/datosabiertos/).

 

A modo de cierre

Reiteramos que en las políticas analizadas en este Informe Anual persisten graves violaciones de derechos humanos sin que se implementen acciones claras, estructurales y sostenidas para revertir esta situación.

Los argumentos para sostener la política criminal se construyen sobre argumentos falaces, sin sustento en estadísticas o estudios científicos serios y rigurosos, sostenidos en sensaciones construidas y reproducidas por la maquinaria mediática empresarial.

Un dato confirma esto: los homicidios dolosos en Argentina son de 3,8 cada 100.000 habitantes, de los cuales solo la mitad son en ocasión de robo, es decir 2 cada 100.000. Las muertes en accidentes viales son 7,7 cada 100.000 y los suicidios en la Argentina ascienden a 11 de cada 100.000 habitantes. Si lo que se quiere es asegurar la vida de las personas y bajar las muertes violentas deben implementarse políticas que hoy son casi inexistentes o presentan grandes falencias.

Muchos delitos de robo u homicidio son realizados por personas sumidas en el consumo de drogas que buscan dinero para seguir consumiendo. Pero la preocupación por el consumo de drogas o el padecimiento mental que lleva al incremento de suicidios no ocupa la misma atención mediática ni en la implementación de políticas públicas. Lo mismo ocurre con los accidentes viales, que crecen ante la carencia de políticas de formación, difusión o control sobre la problemática.

Como venimos sosteniendo, la política criminal es responsabilidad de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial.

Pese a tratarse de problemas estructurales que llevan casi tres décadas, no hay políticas públicas dirigidas a resolverlos, y la Provincia sigue sin cumplir con obligaciones legales que deben fortalecer la institucionalidad republicana: está pendiente la designación del defensor general provincial, el sub defensor y también de cuatro de los siete integrantes de la Suprema Corte de Justicia. A esto debe sumarse que no se fortalecieron, o incluso en algunos departamentos judiciales no se crearon, las fiscalías especializadas para investigar y juzgar la violencia institucional.

Tampoco se constituyó la comisión bicameral dispuesta por la ley 15.357 del año 2022, en el marco del fallo Verbitsky de la Corte de Justicia de la Nación, cuyo objeto era “adecuar la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y demás alternativas o morigeraciones a tales medidas cautelares y la legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales”.

Los tres poderes estatales incumplen gran parte de la normativa vigente, sancionada por la Constitución nacional y de la provincia de Buenos Aires, que incluye los pactos o convenios internacionales de promoción y protección de los derechos humanos. Esto no parece preocupar a una parte de la sociedad.

Exacerbar la violencia y el odio hacia los sectores más vulnerabilizados, construir la idea de que son los responsables del delito nos deshumaniza y fortalece una sociedad autoritaria y antidemocrática.

Es indispensable modificar esta política criminal que viola los derechos humanos y construye un sistema de crueldad contra los más pobres.

Por eso reafirmamos que la transformación estructural de nuestra democracia requiere de un proyecto de desarrollo vertebrado en torno a los derechos humanos y su pleno goce por parte de los sectores populares. Un proyecto que ponga la dignidad de las mayorías por encima de las pretensiones de los sectores de poder.