Control de la Corrupción Policial y Penitenciaria

La corrupción policial y penitenciaria se entiende desde una perspectiva sistémica, reglas, pautas y procedimientos que son parte de la cultura organizacional, prácticas cotidianas en la gestión de las instituciones y sus ámbitos de gestión.

La CPM trabaja en un registro de casos de corrupción que busca mapear estas conductas en el territorio bonaerense. Usando como fuentes principales información publicada en los medios de comunicación, los canales de recepción de denuncias del organismo y datos del poder judicial.

La tolerancia, control y/o administración de mercados ilegales, el cobro de coimas, la gestión de zonas liberadas y la participación en redes de narcotráfico son prácticas mediante las que las fuerzas de seguridad regulan informalmente el delito. En el marco de este monitoreo en el 2025 se registraron 85 denuncias de corrupción que involucran personal policial y se realizaron 53 presentaciones, 25 judiciales y 28 administrativas. Los casos de corrupción policial se concentran en el armado de causas y los robos, seguidos por las extorsiones y coimas y luego por hechos vinculados al narcomenudeo.

Entre 2008 y 2025 fueron expulsados e inhabilitados de la Policía bonaerense 8574 efectivos según datos del Ministerio de Seguridad. El valor más alto del periodo fue durante, precisamente, durante el último año con 1074 agentes expulsados entre enero y junio. En cuanto a los motivos de expulsiones en todo el período el abandono de servicio presenta la mayor cantidad de casos, seguida por connivencia o participación en crímenes comunes. El personal de seguridad afectado en comisarías, destacamentos y departamentales representa la mayor cantidad de expulsiones entre 2011 y 2025.

En el ámbito penitenciario la corrupción atenta de manera directa en las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad. La administración fraudulenta o malversación de los recursos del Estado, la administración fraudulenta de servicios como el de comida, los pabellones y la existencia de mercados ilegales intramuros son parte del accionar corrupto del sistema.

Durante 2025 se registraron 57 casos de corrupción penitenciaria, los de mayor frecuencia vinculados a la comercialización de lugares (pabellones y traslados), seguido por el tráfico de estupefacientes y la comercialización de bienes y servicios básicos (alimentos, ropa de cama, elementos de higiene). En tercer lugar están los casos de extorsión. Con frecuencia suceden de modo simultáneo y como parte de una cadena de vulneraciones de derechos.

Para el año 2025, la Auditoría de Asuntos Internos del SPB informó la ejecución de 786 sumarios administrativos, entre los motivos prevalece la causa por muerte de personas detenidas, seguido por irregularidades, violencia de género, corrupción y vejaciones o apremios.