Políticas de salud mental

En 2025 el programa de Salud Mental de la CPM realizó 60 monitoreos (inspecciones generales, seguimiento de casos y constataciones judiciales) a instituciones donde se encontraban internadas personas con padecimiento mental y/o discapacidad. Se registraron 577 hechos de tortura y otras 317 violaciones de derechos (894 casos en total), padecidas por 280 víctimas: un promedio de 3 hechos por víctima.

Del total de casos, el 34,3% corresponden a la falta o deficiente asistencia de la salud, siendo uno de los principales indicadores (307 casos), seguido por un 14,5% de casos de falta o deficiente acceso a la justicia (130 casos) y 75 casos de agresión física, que representan el 8,4% de los casos. De las 280 víctimas, 207 eran varones (74%), 72 mujeres (26%) y 1 persona de género no binario. Las comunidades terapéuticas detentan el mayor porcentaje de casos relevados -45%-, seguidas por las clínicas psiquiátricas con un 35% y en menor proporción los hogares especializados, con un 15%.

La provincia de Buenos Aires continúa con el sostenido descenso de las personas alojadas en hospitales monovalentes hasta su prometido cierre: en los cuatro hospitales neuropsiquiátricos públicos, a diciembre de 2025 había 758 personas alojadas, 1.086 personas menos que en 2018. Sin embargo, el 58% estaba allí por reinternaciones lo que evidencia que muchas de las externaciones no resultan sustentables por la falta de dispositivos comunitarios o la asistencia en hospitales públicos.

Respecto a las comunidades terapéuticas, funcionan 96 con habilitación provincial pero muchas más que operan desde la clandestinidad y donde se producen la mayor vulneración de derechos. En el último año se relevaron 399 torturas y otras violaciones de derechos en 11 comunidades sufridas por 132 víctimas, siendo la falta o deficiente asistencia de la salud y de acceso a la justicia el 56% de los casos.

En clínicas psiquiátricas se registraron 314 torturas y otras violaciones de derechos sufridas por 90 víctimas. En las tres clínicas neuropsiquiátricas habilitadas donde se relevaron vulneraciones de derechos, se observó la falta de equipos interdisciplinarios en internación, falta de seguimiento y control de profesionales psiquiatras e insuficiente personal de enfermería. También, la presencia de menores alojados con adultos.

En tres hogares especializados en discapacidad, se registraron 133 hechos torturas y otras violaciones de derechos sufridos por 37 víctimas: el 19% de los casos por falta o deficiente asistencia de la salud y el 18% en las categorías de agresiones físicas y restricción de actividades. La situación de las personas con discapacidad se agravó en el último año a partir de las políticas de ajustes del gobierno nacional en el área: a partir de febrero de 2025 la Agencia Nacional de Discapacidad adoptó una serie de medidas regresivas, como el desmantelamiento del Hospital Bonaparte y el fuerte recorte de pensiones por discapacidad, a través de revisiones médicas masivas y descontextualizadas que sometieron a las personas a situaciones denigrantes y discriminatorias. En la mayoría de los casos, estas pensiones eran el único soporte para garantizar la asistencia y el acompañamiento que necesitan en su cotidiano.

Todo este cuadro de vulneración de derechos e ilegalidades impacta en las muertes en instituciones de salud mental, entre 2016 a 2025 la CPM registró 2.484 muertes de personas institucionalizadas. En promedio hubo 248 fallecimientos por año (en 2025 se registraron 230). El 53% eran varones y el 47% mujeres. Respecto a la edad, de 2.244 casos, el 49% tenían entre 60 y 79 años. El 55% (1.345) de las personas fallecidas estaban alojadas en espacios de salud mental y el 26% en geriátricos. Hubo un incremento en el porcentaje de las muertes por problemas de salud, pasando del 54% en 2016 al 77% en 2025. Esto se explica por la disminución del porcentaje de causas «sin especificar», pasando del 29% al 7%.

Del total de muertes en el sistema de salud mental, 686 se produjeron en clínicas neuropsiquiátricas privadas, el 28% del total; si bien el 46% fueron por problemas de salud, se registraron la mitad de los suicidios del período. En ese sentido, en el ámbito privado se relevó la ausencia total de protocolos frente a conductas suicidas y/o fallecimientos por esta causa.

Por último, en el Servicio Penitenciario Bonaerense existe una nula o deficiente atención de la salud integral, desidia e ineficiencia lo que provoca la mayoría de las muertes en las dos unidades que alojan a personas en conflicto con la ley penal con padecimientos de salud mental. La Dirección de Salud Penitenciaria del Ministerio de Justicia, pese a tener conocimiento de los diagnósticos realizados por este organismo, no da respuestas adecuadas ni básicas; el Ministerio de Salud provincial, responsable de la política sanitaria, no implementa medidas ni programas que consideren la particularidad de estos lugares. Como se explicita en la sección de políticas penitenciarias, es indispensable que la Dirección de Salud Penitenciaria pase a depender directamente del Ministerio de Salud.