Políticas de justicia

Sólo el 0,4% del total de investigaciones iniciadas en la Provincia entre 2018-2025 son causas por violencia institucional de acuerdo a los datos del registro sobre el tema que lleva la Procuración General. De los casi 25.000 presuntos autores de estos delitos, menos de la mitad fueron sindicados (41%) o imputados formalmente (3%) y sólo el 4% de las causas se elevó a juicio oral: 9 de cada 10 causas se resuelven mediante el archivo (64%) o la desestimación (28%).

En las causas por violencia ejercida por funcionarios públicos, la investigación fiscal es deficiente con poca producción de prueba, sin impulso en las investigaciones ni aplicación de una perspectiva de derechos humanos. Faltan fiscalías especializadas, el presupuesto para implementarlas y la decisión política para garantizar su funcionamiento.

Durante 2025 desde la CPM se realizaron 39.720 presentaciones individuales en favor de 15.503 personas que padecían violaciones de sus derechos. Dos de cada tres presentaciones no tuvieron respuesta de los órganos que recibieron las demandas.

En cuanto a las acciones judiciales con alcance colectivo el organismo realizó 101 presentaciones, en su mayoría Habeas Corpus; se denunciaron 289 hechos colectivos de tortura o malos tratos, dos de cada tres estuvieron vinculados a condiciones materiales, asistencia de salud y alimentación. Del total de presentaciones 77 obtuvieron sentencia.

En representación de las víctimas y/o como particular damnificado institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, durante 2025 la CPM fue parte en dos debates orales en juicios por jurados y tres juicios abreviados en los que obtuvieron condenas contra 11 policías, 2 de ellos comisarios. Además, se presentó en 14 nuevas causas como Particular Damnificado Institucional y participó de más de 150 audiencias judiciales y otros actos procesales.

En el ámbito de la salud mental, se interpusieron acciones judiciales colectivas a partir de las inspecciones en las comunidades terapéuticas y clínicas neuropsiquiátricas, que funcionan sin habilitación casi en su totalidad. Respecto al ámbito de la niñez se buscó impactar en políticas públicas mediante procesos colectivos, pero el fuero se aferra a un paradigma tutelar y adulto-centrista por sobre un marco normativo que los reconozca como sujetos de derecho. En torno a las protestas sociales se realizaron 25 presentaciones colectivas, 2 Habeas Corpus preventivos y 23 denuncias penales para que los órganos judiciales garanticen la protección de las personas que se manifiestan y asignen responsabilidades penales a los hechos delictivos monitoreados.

En los últimos años, la CPM profundizó su intervención en los casos de muertes en el encierro mediante el análisis de los estándares de la instrucción judicial. En 2025 se registraron 224 muertes en unidades penitenciarias, de los cuales sólo se pudo acceder a 188 expedientes.En más de la mitad de los casos no existe una determinación concluyente sobre la causa de muerte al momento del relevamiento. Como viene alertando el organismo desde hace tiempo, las condiciones sanitarias y la falta de acceso a la atención médica resultan factores determinantes en la mortalidad en contextos de encierro.

Para este informe se analizaron en particular 17 investigaciones judiciales por muertes violentas y 13 por suicidios y 163 muertes vinculadas a causas de salud. En las investigaciones penales analizadas se evidencia la falta de elementos para el desarrollo de las tareas periciales y de malas prácticas forenses que implican la pérdida de información.

En Comisarías se registraron 12 muertes, 6 corresponden a asfixias. En 5 casos no se cumplieron las normas y resoluciones vigentes, delegando la investigación en la fuerza sospechada.