La política criminal de la provincia de Buenos Aires se constituyó en los últimos 25 años en un mecanismo estatal de gobierno y control de las poblaciones más pobres y vulneradas. Esta orientación fue seguida por los distintos gobiernos sin variaciones notorias que hayan aportado cambios estructurales persistentes.

La conjunción entre un esquema de control y regulación ilegal del delito por la policía en los territorios y la actuación judicial, que convalida y encierra automáticamente sin controlar estas prácticas policiales violentas, tiene como objetivo la captación selectiva de jóvenes pobres para ingresarlos al sistema penal como modo de gobierno de la excedencia.

La consecuencia de esta política es el aumento sostenido de la tasa de encarcelamiento. Hoy la provincia tiene casi el doble de personas detenidas que hace 10 años y en este tiempo la tasa de encarcelamiento creció un 71%.

El sistema penal provincial se estructura sobre el uso generalizado de la prisión preventiva y del juicio abreviado, instituto judiciales que encarcelan personas inocentes y aceleran los tiempos de las sentencias condenatorias en desmedro de los derechos y garantías procesales.

Al menos desde 2012, más de un tercio de las privaciones de libertad se convirtieron en prisiones preventivas. Durante el 2025 se dictaron 20.995 prisiones preventivas, lo que representó el 47% de las privaciones de libertad ordenadas en el año. Según datos del RUD para 2025, en promedio las personas pasaron detenidas 412 días hasta la sentencia de primera instancia sin contar el tiempo hasta la sentencia firme, período durante el cual aún se las considera legalmente inocentes.

A diciembre de 2025 un poco más de la mitad de las personas detenidas a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense tenía condena firme. El uso extendido de la prisión preventiva al analizar la situación procesal según el género de las personas detenidas; al finalizar el año, el 56% de las mujeres y el 53% de las personas trans estaba detenida en calidad de procesadas, mientras los varones estaban en un 48%.

La tendencia a una leve disminución proporcional de personas procesadas es producto de una aceleración de las condenas por incremento del juicio abreviado: un instituto que reduce el tiempo entre la detención y la condena, y afecta las garantías del debido proceso al constituirse en un acuerdo extorsivo tendiente a una rápida condena en detrimento del juicio oral y público.

Este mecanismo, que implica un acuerdo entre fiscal y defensor/a, se despliega en un sistema judicial que destina más del doble de personas para acusar (581 agentes fiscales) que para defender (253 defensoras/es), y que cuenta con un/a defensor/a oficial cada 262 personas detenidas.

Entre 2013-2025 las condenas por juicio abreviado aumentaron un 165% y las condenas por juicio oral se redujeron un 27%. En ese sentido, el incremento global de sentencias judiciales se explica exclusivamente por la proliferación de condenas abreviadas. En todo el período, 8,5 de cada 10 condenas se dictaron por juicio abreviado.

La prisión preventiva y el juicio abreviado son las herramientas jurídicas principales en el sostenimiento de la política de encierro. Pero al incremento y automaticidad de los ingresos se suma otro problema en el extremo opuesto del proceso penal: la retención, también automática, determinada tanto por condicionantes legales como por prácticas judiciales.

El poder judicial aplica excepcionalmente medidas alternativas al encierro desconociendo las reglas de Tokio y otras recomendaciones internacionales y locales. Entre 2017 y 2025, la justicia denegó 8 de cada 10 solicitudes de morigeración de la pena: el 83% de las prisiones domiciliarias, el 80% de las libertades condicionales y salidas transitorias, y el 75% de las libertades asistidas.

Más aún, si se consideran solamente las personas condenadas, en 2012 el 23% egresó por cumplimiento de pena y en 2025 esta forma de egreso alcanzó el 61%. Esto ratifica que las personas pasan cada vez más tiempo en prisión y cada vez más se van con la pena cumplida.

Ante la tendencia del poder judicial a encerrar y al endurecimiento de las leyes penales y procesales del poder legislativo bonaerense y nacional, la principal respuesta del poder ejecutivo al hacinamiento fue aumentar la capacidad edilicia construyendo nuevos espacios o ampliando los ya existentes: de los 74 establecimientos existentes a diciembre de 2025, 53 se edificaron a partir de 1996. En términos de plazas (considerando también las ampliaciones) el 66% de la capacidad actual se construyó durante el siglo XXI.

El Plan de infraestructura penitenciaria 2020-2023, que lanzó la actual gestión del Gobierno bonaerense, proyectó en ese periodo la creación 18.000 nuevas plazas. Así, desde 2021 se sumaron 6.094 nuevas plazas, lo que representa el 23% de la capacidad total. La construcción de las plazas proyectadas se suspendió en 2024 debido a la interrupción de fondos provenientes del gobierno nacional.

Sin embargo, en ese mismo periodo donde se crearon 6.000 nuevas plazas, se agregaron casi 13.000 nuevos detenidos al sistema. Es decir que esta política de construcción presentada como un logro histórico no resolvió la sobrepoblación, tal como advirtió la CPM apenas presentado el Plan.

El problema con esta respuesta, a la luz de la experiencia histórica, es que a cada ampliación del sistema le siguió un incremento de personas encarceladas. En una perspectiva de más largo plazo, entre 2001 y 2025 se crearon 16.600 plazas y la población detenida se incrementó en 40.800 personas. La ocupación siempre supera a la capacidad.