El registro de casos de uso letal de la fuerza policial de la CPM acumula 10 años. En esta década se han registrado 1.260 casos, lo que representa una muerte en manos de la policía cada 70 horas.

En 2025 se registraron 141 muertes por uso letal de la fuerza, junto al año 2019, el punto más alto del periodo.

La mayoría de las víctimas registradas en estos diez años eran jóvenes: el 76% eran menores de 30 años. En el 2025 esa tendencia se mantuvo: de los 135 casos donde se pudo conocer la edad de la víctima, 103 tenían 30 años o menos, y de ellos 22 eran menores de edad.

Estado policial y desproporción en el uso policial de las armas de fuego

La normativa que establece el estado policial permanente (la función de los efectivos contempla la portación de su arma reglamentaria y la actuación frente a delitos), sumado a una cultura policial en el uso del arma de fuego como respuesta automática ante cualquier amenaza, explica la alta proporción de casos en los que los policías matan estando fuera de servicio: el 64% de los casos en los 10 años de registro de la CPM.

En 2025, los datos coinciden con los registrados para todo el periodo: 87 muertes fueron provocadas por policías en actividad, pero fuera de servicio.

Si analizamos los motivos de la intervención policial, más de la mitad de los casos (78) se dieron en circunstancia del robo o intento de robo de bienes de los efectivos que provocaron la muerte. Es decir, y tal como se observa si vemos estos diez años de registro, la mayoría de las muertes se produjeron para la preservación de bienes materiales.

Una particularidad que se viene registrando en los últimos años son las muertes producidas por policías mientras se encuentran trabajando como choferes de aplicaciones de viajes: Uber, Cabify, Didi. En 2025 se produjeron 17 muertes por uso letal de la fuerza por parte de policías que se encontraban trabajando en aplicaciones de transporte de pasajeros.

Si bien no existen datos oficiales, este fenómeno se explica en parte por la creciente actividad en las plataformas virtuales, en particular por parte de agentes de las fuerzas policiales, que se vincula al incremento del pluriempleo en el país. Se trata sin dudas de una problemática que incrementa los riesgos de quienes utilizan los servicios de transporte por aplicaciones y de la población en general en tanto resulta evidente que la carga horaria acumulada impacta de manera directa en la especial concentración que el desempeño de las tareas de prevención. Esto no puede ser una excusa ni limitar la responsabilidad policial.

Como en los últimos informes, a partir del registro de casos de uso letal de la fuerza, la CPM realiza un análisis de las causas judiciales por estas muertes, que evidencian la desproporción en el uso policial de las armas de fuego. En 2025 se analizaron 60 muertes investigadas en 48 causas judiciales.

Un primer aspecto que surge es el vinculado a la presencia de armas en poder de los supuestos atacantes. Según la versión policial, en 47 casos (78%) los atacantes poseían armas de fuego. Sin embargo, cuando esto se contrasta con otros elementos de la causa surge que la cantidad de armas secuestradas es mucho menor: solo en 19 casos (32%) se secuestraron armas en la escena del hecho y solo 12 eran aptas para disparar.

Otro dato relevante que surge del relato de los policías involucrados, es que al ser preguntado sobre el uso de estas armas en el hecho por parte de los atacantes, solo en 12 casos lo afirmaron. Pero al contrastar esta información con las pericias se constató que solo en 4 de esos casos las armas empleadas eran aptas para el disparo.

Al comparar este último dato con la cantidad de disparos que los propios policías reconocen haber efectuado, la desproporción luce notoria. Esto es así ya que en las distintas instancias en las que declararon, los agentes involucrados mencionan haber realizado, al menos, 195 disparos y sólo una parte de ellos impactaron en las víctimas: 116, según surge de las autopsias. Esto quiere decir que un tercio de los disparos podría haber ocasionado un riesgo fatal a personas que no estaban involucradas en el hecho.