La persecución penal crece año a año. Durante 2025 el Ministerio Público Fiscal inició más de un millón de investigaciones penales (IPP) contra mayores de 18 años (1.012.857), lo que equivale a casi 2.800 investigaciones iniciadas por día. Si se considera la población adulta de la Provincia, surge una tasa de 7.646 investigaciones iniciadas cada 100.000 personas, más de un tercio por presuntos delitos contra la propiedad.

Una parte de esas investigaciones genera privaciones de libertad: de un millón de investigaciones iniciadas durante 2025, se produjeron 44.203 privaciones de libertad convalidadas judicialmente.

La mayor parte de las privaciones de libertad se basa en sumarios confeccionados por la policía sin intervención judicial previa, lo que constituye una policialización de la actividad fiscal. Como se ve en el siguiente gráfico, sólo 1 de cada 10 privaciones de libertad surgen por una orden judicial de detención

Garantía de impunidad para la violencia estatal

Las causas abiertas entre 2018-2025 por violencia institucional, en el marco de la ley 14.687, representan el 0,4% del total de investigaciones iniciadas en la Provincia.

De los casi 25.000 presuntos autores involucrados en las causas, menos de la mitad fueron sindicados (41%) y apenas un 3% fueron imputados formalmente.

Entre las causas finalizadas, 9 de cada 10 se resuelven mediante el archivo (64%) o la desestimación (28%); sólo en el 4% de los expedientes se requirió la elevación a juicio oral.

En las causas donde se denuncia la violencia ejercida por funcionarios públicos, la investigación fiscal en general es deficiente, lenta, limitada, técnicamente pobre, y sin directivas o acciones de las instancias superiores tendientes a revertir este cuadro.