El 3 de enero de 1833, el Reino Unido ocupó ilegalmente las islas y expulsó a las autoridades argentinas, impidiendo su regreso y la radicación de argentinos provenientes del territorio continental. Desde entonces, la Argentina ha protestado regularmente la ocupación británica, ratificando su soberanía y afirmando que su recuperación, conforme el derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable.

Naciones Unidas calificó la causa Malvinas como una “particular situación colonial”, donde subyace una disputa de soberanía y, por ende, no resulta aplicable el principio de libre determinación de los pueblos.

Desde el 16 de diciembre de 1965, a partir de la resolución 2065 (XX), la Asamblea General invitó a la Argentina y el Reino Unido a entablar negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia. Más de 40 resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización han reiterado este llamado.

También la comunidad internacional acompaña el llamado al diálogo y a la negociación a través de resoluciones y declaraciones de distintas instancias de organismos regionales y multilaterales, y foros internacionales.

La base militar británica en las islas forma parte de la estructura de la OTAN y de la red de bases extranjeras existentes en Latinoamérica. El enclave militar viola la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (41/11) que declara al Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, y también los tratados de no proliferación de armamento nuclear.

La construcción de la base fue una de las consecuencias del conflicto bélico de 1982 y su permanente crecimiento se fundamenta en la hipótesis de un posible conflicto donde la república Argentina es vista como la principal amenaza. Sin embargo, la Argentina democrática no es una amenaza para su vida y su libertad: sí lo es la militarización de la región que amenaza a todas y todos los habitantes de los países de América.

La ocupación de las Islas Malvinas por una potencia colonial que es parte de la OTAN tiene un objetivo estratégico: explotar los recursos naturales, vigilar la región y controlar el sector antártico.

El reclamo de soberanía implica la defensa de la integridad territorial argentina y el derecho sobre los bienes y recursos naturales que allí se encuentran. En ese sentido, la ocupación colonial trae aparejada la depredación ambiental y económica de los recursos naturales, a través de actividades de pesca y la explotación de hidrocarburos.

Los estados ribereños, como Argentina, ejercen derechos de soberanía a los efectos de la exploración, protección y explotación de sus bienes naturales. En otras palabras, Argentina posee derechos sobre las aguas, el espacio aéreo, el lecho y el subsuelo del mar territorial, y sobre las aguas, el lecho y el subsuelo de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), que se extiende hasta las 200 millas.

En marzo de 2017, gracias al trabajo técnico y científico realizado por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) que había sido presentado el 21 de abril de 2009, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de Naciones Unidas reconoció la extensión geográfica de nuestros derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo en más de 1.782.000 km2 de plataforma continental argentina más allá de las 200 millas marinas. Al mismo tiempo, al no pronunciarse sobre la zona circundante a Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur e Islas Sandwich del Sur, la Comisión reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.