Para trabajar el 24 de Marzo

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Foto Eduardo Gil

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y exigimos justicia

En los últimos tiempos emergieron voces que ponen en cuestión las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar. A la desaparición forzada de personas, la tortura, la existencia de centros clandestinos de detención y el robo sistemático de bebés, oponen otros hechos. Argumentan que el accionar de las organizaciones armadas ha sido silenciado. De este modo, intentan relativizar la gravedad y la veracidad de los crímenes cometidos por la dictadura.

La violencia política que antecedió al golpe vuelve a señalarse como responsable de la violencia ejercida desde el estado. Una falacia interpretativa que ya durante la dictadura fue puesta en cuestión.

Los argumentos de hoy, en torno a una supuesta “guerra contra el terrorismo” son los mismos que la dictadura enunció para ocultar los crímenes de lesa humanidad que perpetró contra decenas de miles de ciudadanos a los que secuestró, privó ilegalmente de su libertad, torturó, expulsó al exilio e hizo desaparecer. Durante la dictadura, muchas víctimas y organizaciones denunciaron lo ocurrido, aquí y en el exterior.

El informe de la CIDH publicado en 1980, luego de su visita para recibir denuncias de las víctimas, dio cuenta de la ferocidad de la violencia del estado:

“…la Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe – 1975 a 1979 – numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.”

Conclusiones Informe CIDH 1980 

Ni bien terminada la dictadura el primer gobierno democrático conformó la CONADEP, una comisión para investigar el destino de los desaparecidos, que produjo el Informe Nunca Más. Allí se confi­rmaba y denunciaba que

“…después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber veri­ficado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra defi­nitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad.”

Prólogo Nunca Más, 1984

Los testimonios de las víctimas que había recabado el Informe Nunca Más fueron prueba fundamental del juicio a las Juntas Militares que se llevó adelante en 1985. En esa histórica sentencia que condenó a los comandantes el Tribunal señalaba:

“…puede afirmarse que los comandantes establecieron secretamente un modo criminal de lucha contra el terrorismo. Se otorgó a los cuadros inferiores de las fuerzas armadas una gran discrecionalidad para privar de libertad a quienes aparecieran, según la información de inteligencia, como vinculados a la subversión; se dispuso que se los interrogara bajo tormentos y que se los sometiera a regímenes inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio; se concedió, por ­fin, una gran libertad para apreciar el destino ­final de cada víctima, el ingreso al sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o justicia), la libertad o, simplemente, la eliminación física.”

Sentencia Juicio a las Juntas, 1985

Estos delitos constituyeron crímenes contra la humanidad por su escala, gravedad y naturaleza. Por eso el Congreso Nacional fundamentó para sancionar la nulidad de las normas que pretendieron dejarlos impunes en los años 90:

“El Estado argentino se encuentra obligado a sancionar los delitos contra la humanidad. No se trata simplemente, de una facultad del Estado, sino de un obligación cuyo incumplimiento conlleva una grave violación a las obligaciones internacionales asumidas.”

Anulación de leyes de obediencia debida y punto ­final, 2003

Es decir, a lo largo de todo este tiempo, organismos independientes de los gobiernos sostuvieron la verdad que hoy pretende socavarse: la última dictadura cívico-militar implementó un plan sistemático de exterminio, en el que se cometieron delitos de lesa humanidad. Las víctimas de la dictadura no tuvieron juicio justo por lo tanto no son legalmente culpables de delito alguno: son inocentes. Considerarlos culpables o delincuentes sería reconocerle legalidad a los procedimientos inhumanos e ilegales a los que la dictadura los sometió.

La Constitución nacional en su artículo 29 plantea que al Ejecutivo no se le podrá conceder “facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o ­firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”. Es más, en su artículo 36, la actual Constitución nacional reconoce el derecho a resistir contra quienes ejecutaran actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático.

Las organizaciones revolucionarias armadas desplegaron actos de violencia que en un marco democrático debieron ser juzgadas con todas las garantías del estado. Pero no fue lo que sucedió. Según un informe elaborado y publicado por la Junta Militar en el diario La Nación el 8 de mayo de 1980 estos actos contabilizan 492 asesinatos entre 1969 y 1979. (El genocida condenado ex director de investigaciones de la policía Miguel Etchecolatz sube la cifra a 711). Todos ellos fueron miembros de las fuerzas armadas y de seguridad que fueron reconocidos por el estado y sus familiares cobraron las pensiones correspondientes. De ese período, sólo tres años corresponden a gobiernos democráticos. Los siete restantes transcurrieron bajo feroces dictaduras militares, donde quienes cometieron delitos de sedición fueron los que tomaron el poder por la fuerza. Durante estas dictaduras se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos. Sin dudas la más cruenta fue la última. Sin hacer ponderaciones valorativas, queda claro que ni aun en las cifras puede equipararse una violencia con la otra. La violencia estatal es por su naturaleza –y, al mismo tiempo, por su magnitud- imposible de asimilar a un hecho violento cometido por particulares: frente a éstos está el imperio de la ley, frente a la del estado, sólo la extrema vulnerabilidad de las víctimas.

#SON30.000

La cifra 30.000 no es un número que surge de un ábaco que cuenta uno a uno. Es un significante situado históricamente. Denuncia el terrorismo de estado: su masividad, su sistematicidad, la magnitud de la desaparición forzada de personas. Se construyó en plena dictadura, en medio de la clandestinidad de la represión, cuando los genocidas negaban la existencia de los desaparecidos. La construyeron los familiares, los sobrevivientes, los militantes, poniendo en riesgo su vida, mientras la represión sucedía. Quien pone en duda a los 30.000 pretende negar la historia, relativizar la represión, minimizar sus efectos, banalizar su magnitud.

La última dictadura

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue el último de la larga serie que comenzó en 1930 y signó la historia política de nuestro país (ver línea del tiempo). Ocurrió en un contexto marcado por el ascenso de distintos regímenes dictatoriales en América Latina: en 1976 gran parte de los países del continente estaban gobernados por dictaduras (ver mapa). Este golpe militar tuvo lugar en un contexto político caracterizado por una fuerte movilización política y social, y de gran debilidad del gobierno constitucional de Isabel Perón. La profunda crisis económica -que se tradujo en un aumento impresionante de la inflación, del dólar y de las tasas de interés, caída del salario, fuerte déficit fiscal y recesión, entre otros- agudizó aun más las tensiones en una sociedad que no encontraba formas institucionales para dirimir sus conflictos.
En el seno del pueblo argentino estaba instalada una intensa pugna en torno al proyecto de país que se quería construir. Por un lado, amplios grupos sociales y políticos promovían una transformación radical de la sociedad por la vía revolucionaria, ya sea por medio de la lucha armada como por prácticas no violentas.
Por el otro estaban las fuerzas sociales y políticas que defendían el status quo de una sociedad capitalista que garantizara una distribución desigual de la riqueza en desmedro de los sectores populares.
El golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas impuso un trágico fin a este conflicto.
La vida política quedó paralizada: cerraron el Congreso, prohibieron la actividad de los partidos políticos, intervinieron los sindicatos, anularon la libertad de prensa, decretaron el estado de sitio. Los objetivos perseguidos eran imponer el “orden” y “normalizar” la economía.

dippba: archivos de la represión

dEl Archivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) está constituido sobre la base del fondo documental de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y es el primer archivo de inteligencia policial de la República Argentina recuperado y abierto al público. Es un extenso y pormenorizado registro de persecución política-ideológica sobre hombres y mujeres a lo largo de medio siglo.

En el año 2000, por ley 12.642, el Archivo fue transferido a la CPM, para su preservación, conservación y difusión. Por acción de la misma ley, los documentos del Archivo fueron desclasificados. En octubre de 2003 se abrió al público, experiencia pionera en Argentina, habida cuenta del carácter sensible de parte del fondo documental. Los documentos del Archivo han sido y son aportes para las causas judiciales, la averiguación
de datos referentes a las personas y la investigación histórica y periodística.

El seguimiento, registro y análisis de la información para la persecución política ideológica fueron las principales funciones de la DIPPBA desde su creación, en el año 1956 hasta su disolución en 1998. Su archivo fue creado en el año 1957, aunque heredó de anteriores dependencias algunos legajos de las décadas del ‘30 y del ‘40. Los documentos del archivo de la DIPPBA permiten, por un lado, comprender el alcance y la importancia que tuvieron las acciones de inteligencia para la ejecución del terrorismo de estado; por otro, recuperar historias y memorias de las organizaciones sociales, políticas y sindicales que aún en los peores momentos desplegaron estrategias de resistencia.

DETENCIONES 24 DE MARZO

El día del golpe de estado, diversas fuerzas de seguridad se emplazaron en puntos estratégicos de la región estableciendo puestos de retén, limitando la circulación de personas y vehículos, practicando detenciones selectivas de trabajadores, particularmente de quienes se dirigían a la zona industrial de Berisso y Ensenada. La mayoría de ellos fueron conducidos al regimiento de 1 y 60, donde estuvieron varios días ilegalmente detenidos. A algunos detenidos se les tomaron impresiones digitales y se elaboraron registros de interrogatorios para registrar la información en fichas y legajos personales. La DIPPBA reunió la información en un extenso legajo de la Mesa Delicuente Subversivo que lleva por título “Detenciones en La Plata, Berisso y Ensenada a partir del 24 de marzo de 1976”.

CPM-FONDO DIPPBA-Div. Cen. A y F. Mesa Dsa, Carpeta Varios.

El terrorismo de Estado

Desde un comando conjunto, las tres Fuerzas Armadas –la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército planificaron y ejecutaron un sistema represivo-clandestino subordinando al resto de las fuerzas de seguridad: la Gendarmería, la Policía Federal y todas las policías provinciales, entre ellas la bonaerense. El objetivo central del plan represivo era la persecución, detención y eliminación de aquellos ciudadanos que participaban activamente en la construcción de un proyecto de país radicalmente diferente y de aquellos que se oponían al régimen.
Este plan represivo, planificado y ejecutado por el gobierno militar, se denomina terrorismo de Estado porque hizo uso de los recursos estatales y del poder que otorga su ejercicio.
Pusieron todo el aparato del Estado al servicio de este régimen e incluso en las escuelas se desplegó la persecución a los posibles enemigos políticos. El Poder Judicial –con excepciones particulares– fue cómplice y silenció los crímenes. Aunque tiene antecedentes en otros momentos de la historia del país, la masividad e intensidad del accionar violento desplegado a partir de 1976 no puede ser comparado con otros episodios.
Secuestros y desapariciones forzadas de personas, asesinatos, encarcelamientos, tortura, exilio y censura fueron sus instrumentos directos de coerción. Los operativos eran clandestinos, estaban a cargo de grupos de tareas que se componían de agentes sin uniforme y circulaban en autos civiles. Los secuestrados eran llevados a los centros clandestinos de detención, lugares donde se los sometía a interrogatorio bajo las torturas más crueles y condiciones de vida infrahumanas. Luego de un tiempo de detención se decidía el destino final de las víctimas: la liberación, la cárcel o la muerte. Las víctimas eran fusiladas, enterradas en tumbas NN en los cementerios de la zona o arrojadas desde aviones al mar, vivas y anestesiadas para que no opusieran resistencia.
En miles de casos, ante la falta de aparición del cuerpo y el desconocimiento de sus familiares de lo sucedido, la desaparición –que comenzó en el mismo momento del secuestro- se perpetúa en el tiempo hasta nuestros días. Los organismos de derechos humanos estiman el número de desaparecidos en 30.000. El miedo, el disciplinamiento, el silencio, el vaciamiento y la inmovilidad política, sindical, social y cultural fueron sus efectos principales.

IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS

En respuesta a un pedido de seguimiento de DIPPBA Central, la delegación regional Lanús se aboca entre diciembre de 1975 a la reunión de información sobre un trabajador mecánico al que se indica como militante del PRT ERP. El seguimiento produce un informe detallado de las actividades, vínculos familiares, relaciones y rutinas de la persona espiada y un plano completo de la ubicación de su domicilio y del interior de su vivienda, en el que se responde específicamente al requerimiento sobre «posibles vías de escape».

REPRESIÓN AL MOVIMIENTO OBRERO

La vigilancia efectiva de la DIPPBA sobre el movimiento obrero, atiende los distintos niveles de organización, desde la CGT hasta los cuerpos de delegados, deteniéndose con mayor detalle en los sindicatos por rama de actividad. También los establecimientos industriales y fábricas fueron sometidos a la mirada de la inteligencia policial, a fin de captar el conflicto en el lugar de trabajo. En la fábrica, en el sindicato o en la calle, los agentes de la DIPPBA buscaron identificar al “activista”, al sujeto capaz de subvertir el orden con sus ideas y acciones, adelantarse a los conflictos sindicales e identificar los vínculos entre trabajadores y otros actores sociales y políticos.

CPM-FONDO DIPPBA-Div. Cen. A y F. Mesa Dsa, Carpeta Varios.

Las consecuencias sociales

Al compás de este despliegue represivo, se implantó un modelo económico liberal y desindustrializador. La estructura económica social del país se transformó profundamente.
La apertura comercial y el dólar barato provocaron la entrada masiva de productos importados generando el colapso de la industria nacional ligada al mercado interno. Las fábricas cerraban mientras se multiplicaban los negocios financieros y especulativos. El salario real de los trabajadores cayó abruptamente y comenzó un proceso de concentración de la riqueza que generó un sector cada vez más enriquecido en desmedro del sector popular que vio disminuido drásticamente su ingreso (ver gráficos). El endeudamiento externo creció sin pausa. Sin embargo, a pesar de la represión y la violencia hubo organizaciones y personas que hicieron frente a la dictadura denunciando los crímenes y las graves consecuencias de las políticas económicas implantadas.

ORGANIZACIÓN POPULAR EN VILLAS

En distintos momentos de su historia como institución, la DIPPBA observó con especial atención la conformación de “villas de emergencia”. Entre los años 1969 y 1972, la preocupación por las derivaciones sociales y políticas de las condiciones de vida en estos asentamientos se entrelazaba con otra vinculada a la actividad de sacerdotes del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.

En 1979, en plena dictadura cívico militar, la vigilancia se actualiza a partir de la preocupación que genera la labor de los sacerdotes del Equipo Pastoral de Villas de Emergencia.

CPM-FONDO DIPPBA-Div. Cen. A y F. Mesa Dsa, Carpeta Varios, Ref. 10141

PAN Y TRABAJO

Comienzan a gestarse espacios propicios para confrontar con el régimen e instalar el reclamo por el llamado a elecciones. Se constituye la Junta Multipartidaria integrada por los principales partidos políticos, sectores del movimiento obrero organizado en la CGT Brasil y el apoyo de ciertos sectores eclesiásticos.

En agosto de 1981 el Obispado de Quilmes realiza una serie de gestiones para lograr que las fuerzas policiales autoricen la realización de una peregrinación a San Cayetano, la llamada “Marcha del Hambre”. A pesar de que la movilización no es autorizada igualmente se realiza y unas 1200 personas se congregan en la Iglesia de San Cayetano con la presencia de numerosos sindicalistas y trabajadores de las empresas de la región.

CPM -Fondo DIPPBA – Div Cen AyF Mesa Referencia, Legajo 18073. Asunto: “Monseñor Jorge Novak, Marcha del Hambre, 30 de agosto de 1981”.

La lucha contra la dictadura y la impunidad

Los organismos de derechos humanos –muchos de los cuales nacieron como resultado del accionar de los familiares de las víctimas- junto con el movimiento obrero lideraron la oposición al régimen. En el exterior, los exiliados hicieron una fuerte campaña internacional denunciando ante el mundo entero las violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina.
Hacia 1982 las fuertes tensiones internas dentro del cuerpo militar, la crisis económica -que se expresaba en aumento de la inflación y de la recesión- debilitaron al régimen. La oposición política crecía y comenzaba a movilizarse masivamente. El 30 de marzo de 1982 el movimiento obrero realizó una histórica movilización a nivel nacional bajo la consigna «Paz, Pan y Trabajo». En este contexto, el entonces presidente Galtieri resolvió tomar las Islas Malvinas y declarar la guerra a Gran Bretaña. El resultado fue nuevamente trágico. La derrota dejó un saldo de más de 600 muertos y terminó con las expectativas del régimen militar de perpetuarse en el poder. En ese marco, la acción colectiva de resistencia del movimiento de derechos humanos tuvo gran incidencia en la transición democrática iniciada en 1983: su expresión más directa fue el Informe de la CONADEP y el Juicio a las Juntas Militares, en 1985. Allí se comprobó que las denuncias realizadas por los organismos de DDHH por las acciones represivas de la dictadura eran reales, y se pudo reconstruir la naturaleza y práctica del terrorismo de Estado. Si bien el desarrollo de estos procesos judiciales fue reconocido y se constituyó en una referencia en la lucha por memoria, verdad y justicia, prontamente encontró sus límites: entre 1986 y 1987, la sanción de las leyes de Obediencia debida y Punto Final puso fin a las investigaciones judiciales contra los represores.
Durante casi 17 años, la lucha del movimiento de derechos humanos mantuvo vigente el reclamo de justicia. Recién en 2003 esa demanda se tradujo en la anulación de ambas leyes por parte del Congreso y permitió reabrir los juicios por crímenes de lesa humanidad. Desde el año 2006 ha habido 201 sentencias contra los genocidas. Se abrieron 593 causas en las que se imputaron 2.480 personas (ver gráfico). Más de 850 represores fueron condenados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tomentos y torturas, homicidios, desapariciones, y apropiación de bebes y niños en el marco de un plan genocida.
Al mismo tiempo, se desclasificaron acervos documentales de las fuerzas armadas. Se avanzaron con las políticas reparatorias a las víctimas del terrorismo de estado. Se extendieron por todo el país los espacios para la memoria en los lugares que fueron utilizados para la represión. Este proceso aún no se ha cerrado y debe profundizarse.
En los últimos dos años, el Poder Judicial tomó decisiones regresivas como el otorgamiento de prisiones domiciliarias a genocidas condenados y la resolución de la Corte Suprema -conocida como el 2x1- que habilita la posibilidad de reducirles el tiempo de reclusión. A su vez, la demora permanente de los tribunales para fijar audiencias de debate y la ausencia de recursos para agilizar las causas son condiciones que obstaculizan el proceso de justicia. A enero de 2018 se encontraban detenidos 1.038, pero el 53% con arresto domiciliario. Aun así, el proceso de justicia por crímenes contra la humanidad en nuestro país sigue siendo un hecho único en el mundo.

MADRES DE PLAZA DE MAYO

En 1977 las madres de desaparecidos comienzan a juntarse en Plaza de Mayo pese a las prohibiciones de la dictadura. Rápidamente establecieron formas de comunicación para el intercambio de información y realizaron acciones colectivas de denuncia que se convirtieron en emblema de organización, lucha y resistencia. El 30 de abril de ese año se realiza la primera marcha en torno a la pirámide de la Plaza.

La DIPPBA siguió de cerca las acciones de las madres. En el año 1982 en la ciudad de La Plata, despliega una serie de acciones de inteligencia en la ronda de plaza San Martín, tal como se advierte en la secuencia documental que se presenta a continuación.

CPM- Fondo DIPPBA. DIv. Cen. A y F, Mesa DS, Carpeta Varios, Legajo N° 20804

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