Día de la democracia y los derechos humanos

El 10 de diciembre se celebra la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948. Un documento histórico que proclama los derechos inalienables a toda persona, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo.

En la Argentina esta conmemoración coincide con una fecha importante en la historia nacional: el retorno de la democracia, tras siete años de una atroz dictadura marcada a fuego por el terrorismo de Estado. El 10 de diciembre de 1983 asumió la presidencia de la Nación Raúl Alfonsín, elegido por el voto popular y, de esta manera, el pueblo argentino recuperaba el Estado de derecho. Por ley 26.323, sancionada en 2007, el 10 de diciembre fue establecido como el Día de la democracia.

La recuperación de la democracia fue posible gracias a un conjunto variado de actores y organizaciones: partidos políticos, sectores del movimiento obrero organizado y organismos de derechos humanos que articularon, progresivamente, la lucha contra la dictadura militar.

Desde entonces, el país vive ininterrumpidamente en democracia, se siguen desarrollando juicios para condenar los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura, se institucionalizaron políticas de reparación y de memoria, se incluyeron estos temas en las currículas escolares. Sin embargo, a pesar de estos casi 40 años de vida democrática, aún persisten grandes deudas: la falta de acceso a derechos, las profundas desigualdades económicas, sociales y urbanas, y la violencia estatal y la tortura que sigue siendo una práctica sistemática en los lugares de encierro.

Al calor de estos problemas, también hubo organización y militancia territorial: algunos de esos actores tienen una larga historia, y participaron incluso de las luchas y movilizaciones contra la dictadura en el movimiento obrero o en organismos de derechos humanos; también surgieron otros actores más novedosos como el movimiento de desocupados, piqueteros o organizaciones de familiares víctimas de la violencia estatal.

La acción colectiva del movimiento de derechos humanos tuvo gran incidencia en la transición democrática iniciada en 1983: su expresión más directa fue el Informe de la CONADEP y el Juicio a las juntas militares, en 1985. Allí se comprobó que las denuncias por las acciones represivas de la dictadura eran reales, y se pudo reconstruir la naturaleza y la práctica del terrorismo de Estado. Si bien el desarrollo de estos procesos judiciales fue reconocido y se constituyó en una referencia en la lucha por memoria, verdad y justicia, pronto encontró sus límites: entre 1986 y 1987, la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final puso fin a las investigaciones judiciales contra los represores.
Durante casi 17 años, la lucha del movimiento de derechos humanos mantuvo vigente el reclamo de justicia. Recién en 2003 esa demanda se tradujo en la anulación de ambas leyes por parte del Congreso y permitió reabrir los juicios por crímenes de lesa humanidad. De acuerdo a los datos de la Procuraduría de crímenes de lesa humanidad, entre 2006 y diciembre del 2021 se abrieron 623 causas en las que se imputaron a 3.448 personas; se dictaron 250 sentencias en las que fueron condenados 1.013 represores por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y torturas, homicidios, desapariciones y apropiación de bebes y niños en el marco de un plan genocida. A diciembre de 2021 se encontraban detenidos 785, pero el 75% con arresto domiciliario. Aun así, el proceso de justicia por crímenes contra la humanidad en nuestro país sigue siendo un hecho único en el mundo.

Los sitios y espacios de memoria promueven la construcción de la memoria del pasado reciente, la defensa de los derechos humanos y llevan adelante políticas que fortalecen la participación activa de la ciudadanía. En los últimos años los sitios de memoria fueron centrales en la transmisión del pasado y en la institucionalización de las políticas orientadas a la lucha por los derechos humanos. También, a lo largo del tiempo, hubo otros lugares que recuperan la militancia popular y la participación política de trabajadores y estudiantes, y se constituyeron en ámbitos de reunión y construcción de la memoria.

Durante la última dictadura cívico-militar en Argentina funcionaron alrededor de 800 lugares de detención clandestina, y otras tantas dependencias militares, policiales y de inteligencias fueron parte operativa del terrorismo de Estado. Años después estos espacios comenzaron a ser reclamados por los organismos de derechos humanos, por las organizaciones de ex detenidos y detenidas y familiares para constituirlos en espacios para el recuerdo y la transmisión de la memoria. Con una amplia participación de la sociedad las experiencias fueron múltiples y fortalecieron la construcción de la memoria colectiva en nuestro país.

Un modo de hacer visible la existencia de estos sitios de memoria en el entramado territorial es a través de las señalizaciones: marcas identificatorias que se colocan en ese lugar y que irrumpen el espacio público. Estas señalizaciones son promovidas por actores de la propia comunidad, por víctimas y por familiares.

Los sitios de memoria que fueron resignificados y en los que se llevan adelante actividades tendientes a la difusión y problematización de nuestra historia reciente y de los hechos ocurridos en ese lugar:

El movimiento piquetero surge en la década de los 90’, en el marco de la profundización del modelo neoliberal en nuestro país y de la crisis financiera que eclosionó en esos años como producto de las medidas de endeudamiento, ajuste y privatizaciones que dejaron una enorme proporción de la población sin trabajo y bajo índices de pobreza gravísimos, como parte de las estrategias de dominación territorial y política para la región, que tienen su origen en el marco del Plan Cóndor para toda América Latina.

Cientos de miles de trabajadores y explotades, desesperades por la situación crítica que se vivía, revolucionaron la vida interna de los sindicatos, promovieron a una nueva generación de dirigentes obreros y populares y protagonizaron grandes puebladas que tendrían al piquete como protagonista.

La principal característica del movimiento fue la implementación de un modo de manifestarse que tomaría gran relevancia en las luchas de esos años: “corte de ruta y asamblea”

El movimiento piquetero comienza a organizarse en la provincia de Neuquén, a comienzos de 1995, en la época en que se preparaba la reelección de Menem a la banca presidencial. Los ex trabajadores formales, principalmente en el norte y en el sur de país, tras los despidos masivos de YPF y otras empresas, protagonizaron los cortes de ruta multisectoriales de Cutral Có y Plaza Huincul, Neuquén, en 1996,  y de Mosconi y Tartagal, Salta, en 1997. Estos sucesos serían los comienzos de lo que luego se desarrollaría como movimiento, en todo el país.

“Si bien en los años de surgimiento del movimiento social la cuestión piquetera estuvo asociada a una situación de marginalidad producida por el desempleo y el empobrecimiento, con el paso del tiempo se produjo en el interior mismo de las organizaciones una resignificación del espacio específicamente piquetero, entendido ahora como un lugar de reconocimiento y construcción común basado en una reivindicación de la dignidad y en un descubrimiento de otras capacidades de organización, de movilización y de presión política ̈ (Svampa y Pereyra. 2003: 170).

Los años 90’ protagonizarán grandes movilizaciones y el auge de la organización obrera y popular, representada en el movimiento piquetero, y en la lucha de docentes y sindicatos en todo el país. Hacia finales de la década, el saldo de violencias y la profundización de la crisis serán insostenibles lo que culminará en el conocido estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, violentamente reprimido, que culminó con la caída del gobierno de De la Rúa.

Hay quienes afirman, sin dudar, que el mundo ha sido injusto desde el origen de los tiempos. Y tal vez nos hayamos acostumbrado a escucharlos. Pobres muy pobres, ricos muy ricos. Así parecen confirmarlo las múltiples escenas que hemos visto a lo largo de décadas. El azar o la naturaleza distribuye y todos se resignan al lugar adjudicado aun antes de nacer. Avanzar o retroceder, subir o bajar depende de ciertos talentos y capacidades, pregonan algunos. Hay quienes pueden y otros que no. El sentido común se afirma naturalizando las desigualdades, fortaleciendo los muros infranqueables que configuran los ghettos sociales. Sin embargo, la historia enseña que la distribución de bienes es el producto de intensas y violentas disputas.

La dictadura en la Argentina no sólo fue una época extraordinaria por la inclemencia del terrorismo de Estado; también lo fue porque inauguró un proceso de fuerte desigualdad en el seno de la sociedad que fragmentó y segmentó, fortaleció y debilitó. Tal vez sus consecuencias no se advirtieron en toda su magnitud sino mucho tiempo después. La violencia desatada por la dictadura contra los sectores populares y sus políticas económicas, que concentraron no sólo la riqueza sino también el poder en pocas manos, permitieron que durante los años 90 el neoliberalismo profundizara la brecha social.

El juego democrático aún no ha podido equilibrar la balanza. Hoy, a casi 40 años del fin de la dictadura, el deber de memoria deberá ser también el deber por la igualdad.

Las dos caras de la desigualdad es una nueva compilación en dos DVD que contienen producciones audiovisuales realizadas por jóvenes que formaron parte de distintas convocatorias del programa Jóvenes y Memoria.

«El poder del capital» se compone de películas que dan cuenta de las transformaciones económicas y sociales llevadas adelante por la última dictadura cívico-militar y su impacto en el presente. También denuncias sobre la complicidad empresarial en la represión a los trabajadores.

 «Pan y trabajo» pone en escena la desigualdad y también las estrategias de resistencia de los sectores populares. Alguno de los temas abordados son: las fábricas recuperadas, la crisis de 2001, el trabajo infantil, el derecho a la vivienda, el reclamo por mejores condiciones de trabajo.