La adopción de la doctrina estadounidense de las “nuevas amenazas” tuvo serias consecuencias en el sistema de inteligencia nacional (disolución de controles operativos, restablecimiento del secreto en manejo de fondos, difusión ilegal de escuchas, entre otras), y en la provincia de Buenos Aires donde la AFI montó un laboratorio de vigilancia política con bases en La Matanza, Pilar, Ezeiza, San Martín, Morón y Quilmes. Por otra parte, durante los últimos años, se filtraron ilegalmente conversaciones privadas e interceptadas en el marco de expedientes judiciales, para ser publicadas en medios de comunicación y utilizadas como supuesta evidencia en causas penales.
En este entramado ilegal participó activamente el área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, que se dedicó a intervenir teléfonos de ex funcionarios detenidos o estuvieron ligados al gobierno anterior y lo filtró a la prensa. En el marco de la causa D’ Alessio, el 22 de febrero de 2019, el juez Alejo Ramos Padilla requirió a la CPM que analice la información secuestrada en la vivienda del procesado en la causa judicial FMP 88/2019. Se identificaron repetidas violaciones a la ley 25.520, así como material probatorio de otro conjunto de ilícitos, tales como extorsiones, coacciones, tráfico de influencias, maniobras de lavado de dinero.
Las reformas al sistema de inteligencia criminal tuvieron impacto en el Conurbano bonaerense: se crearon dispositivos de la AFI en La Matanza, Pilar, Ezeiza, San Martín, Morón y Quilmes (además de las históricas La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca).
En su estudio de la causa D’Alessio, la CPM detectó material probatorio de un conjunto de ilícitos, tales como extorsiones, coacciones, tráfico de influencias, maniobras de lavado de dinero.
La reforma del Código Penal introdujo la figura del imputado colaborador o “arrepentido” que otorgó un plafón jurídico para la extorsión y el direccionamiento de testimonios.
