El control policial del territorio y el encarcelamiento creciente, garantizados por un Poder Judicial que convalida todos los momentos de la cadena punitiva, componen una violencia estatal como forma de gobernar a las poblaciones excluidas. En 2019 se iniciaron 106 investigaciones penales por hora, casi 1 millón en total, con más de 240 mil detenciones policiales de las cuales sólo el 11 por ciento fueron producto de una orden judicial previa.
El correlato de esta policialización de la actividad fiscal es la falta de avances en causas relacionadas con la violencia policial: durante 2019 la CPM relevó 134 muertes producidas por policías en la provincia de Buenos Aires, y el Ministerio Público Fiscal sólo inició cinco causas caratuladas como “homicidio agravado por ser miembro de fuerza de seguridad”.
El Poder Judicial opera como un gestor de la violencia estatal en la calle y en la cárcel; el encierro, como último eslabón, tuvo un salto cuantitativo récord. La Unidad Penal 6 de Dolores fue la más sobrepoblada del SPB: 398 por ciento. Esta realidad se vio agravada por la “guerra contra el narcotráfico” de la alianza Cambiemos: una de cada 4 detenciones correspondió a presuntas infracciones a la ley de estupefacientes.
Aprehensiones policiales indiscriminadas: de 240.506 personas detenidas por la policía, 19.806 fueron ingresadas al SPB.
Entre 2012 y 2019 sólo el 11% del total de las detenciones fueron producto de una orden judicial previa.
Cada día se abren, en la Provincia, 3 carátulas de “resistencia a la autoridad” contra jóvenes de 16 o 17 años.
De 134 muertes producidas por policías en 2019, el Ministerio Público Fiscal sólo inició 5 causas caratuladas como “homicidio agravado por ser miembro de fuerza de seguridad”.
