El sistema de la crueldad XIV

SECCIÓN I

Política criminal e inteligencia ilegal

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Sistema de la crueldad XIV

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SOBRE ESTA SECCIÓN

Las políticas implementadas por los sucesivos gobiernos en los últimos 20 años endurecieron el tratamiento estatal del problema de la seguridad y ampliaron el alcance del sistema penal. Los cuatro años de gobierno de la alianza Cambiemos profundizaron esta tendencia, con consecuencias gravosas sobre los derechos humanos. Además, la adopción por el gobierno de Mauricio Macri de la “doctrina de las nuevas amenazas”, asociada a la estrategia hemisférica de los EEUU de injerencia en las políticas de seguridad de los países latinoamericanos, tuvo serias consecuencias en el sistema de inteligencia nacional y profundizó su crisis.

Los capítulos de la sección: La política criminal / La crisis del sistema de inteligencia

El control policial del territorio y el encarcelamiento creciente, garantizados por un Poder Judicial que convalida todos los momentos de la cadena punitiva, componen una violencia estatal como forma de gobernar a las poblaciones excluidas. En 2019 se iniciaron 106 investigaciones penales por hora, casi 1 millón en total, con más de 240 mil detenciones policiales de las cuales sólo el 11 por ciento fueron producto de una orden judicial previa.

El correlato de esta policialización de la actividad fiscal es la falta de avances en causas relacionadas con la violencia policial: durante 2019 la CPM relevó 134 muertes producidas por policías en la provincia de Buenos Aires, y el Ministerio Público Fiscal sólo inició cinco causas caratuladas como “homicidio agravado por ser miembro de fuerza de seguridad”.

El Poder Judicial opera como un gestor de la violencia estatal en la calle y en la cárcel; el encierro, como último eslabón, tuvo un salto cuantitativo récord. La Unidad Penal 6 de Dolores fue la más sobrepoblada del SPB: 398 por ciento. Esta realidad se vio agravada por la “guerra contra el narcotráfico” de la alianza Cambiemos: una de cada 4 detenciones correspondió a presuntas infracciones a la ley de estupefacientes.

Aprehensiones policiales indiscriminadas: de 240.506 personas detenidas por la policía, 19.806 fueron ingresadas al SPB.
Entre 2012 y 2019 sólo el 11% del total de las detenciones fueron producto de una orden judicial previa.
Cada día se abren, en la Provincia, 3 carátulas de “resistencia a la autoridad” contra jóvenes de 16 o 17 años.
De 134 muertes producidas por policías en 2019, el Ministerio Público Fiscal sólo inició 5 causas caratuladas como “homicidio agravado por ser miembro de fuerza de seguridad”.
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La adopción de la doctrina estadounidense de las “nuevas amenazas” tuvo serias consecuencias en el sistema de inteligencia nacional (disolución de controles operativos, restablecimiento del secreto en manejo de fondos, difusión ilegal de escuchas, entre otras), y en la provincia de Buenos Aires donde la AFI montó un laboratorio de vigilancia política con bases en La Matanza, Pilar, Ezeiza, San Martín, Morón y Quilmes. Por otra parte, durante los últimos años, se filtraron ilegalmente conversaciones privadas e interceptadas en el marco de expedientes judiciales, para ser publicadas en medios de comunicación y utilizadas como supuesta evidencia en causas penales.

En este entramado ilegal participó activamente el área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, que se dedicó a intervenir teléfonos de ex funcionarios detenidos o estuvieron ligados al gobierno anterior y lo filtró a la prensa. En el marco de la causa D’ Alessio, el 22 de febrero de 2019, el juez Alejo Ramos Padilla requirió a la CPM que analice la información secuestrada en la vivienda del procesado en la causa judicial FMP 88/2019. Se identificaron repetidas violaciones a la ley 25.520, así como material probatorio de otro conjunto de ilícitos, tales como extorsiones, coacciones, tráfico de influencias, maniobras de lavado de dinero.

Las reformas al sistema de inteligencia criminal tuvieron impacto en el Conurbano bonaerense: se crearon dispositivos de la AFI en La Matanza, Pilar, Ezeiza, San Martín, Morón y Quilmes (además de las históricas La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca).

En su estudio de la causa D’Alessio, la CPM detectó material probatorio de un conjunto de ilícitos, tales como extorsiones, coacciones, tráfico de influencias, maniobras de lavado de dinero.

La reforma del Código Penal introdujo la figura del imputado colaborador o “arrepentido” que otorgó un plafón jurídico para la extorsión y el direccionamiento de testimonios.

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