El sistema de la crueldad XIV

SECCIÓN II

Políticas de seguridad

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Sistema de la crueldad XIV

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SOBRE ESTA SECCIÓN

La violencia policial no es una violencia al azar, sino que se trata de un conjunto de prácticas orientadas al control selectivo de determinados segmentos de la población, predominantemente jóvenes pobres y la gestión de mercados ilegales (drogas, autopartes, etc.). Por lo tanto, el monitoreo de la violencia policial no se refiere a la secuencia de hechos aislados que la evidencian, sino a los múltiples factores que la determinan y explican. En el presente apartado se analizan tres emergentes que dan cuenta de distintas dimensiones de la violencia policial.

Los capítulos de la sección: Uso letal de la fuerza policial / Rutina de intervención policial en La Matanza / Violación a los derechos humanos en comisarías.

Introducción: Monitoreo territorial de la violencia policial

Como venimos destacando en los informes anteriores, la definición de las políticas de seguridad, en particular, y de la política criminal, en general, es un factor que estructura la dinámica de la violencia en los territorios. En este informe decidimos ubicar el análisis desagregado de estas políticas en un capítulo específico para circunscribirnos a los emergentes del monitoreo territorial de la violencia policial.

La tarea de monitoreo en contextos de encierro permitió a la CPM observar con profundidad el fenómeno de la tortura y los tratos crueles, mejorando su comprensión e identificando el carácter instrumental de esa violencia en términos de gobernabilidad. El monitoreo de los lugares de detención guarda todas las dificultades propias de la observación de una institución total, pero tiene a favor lo que constituye a estos lugares como tales, es decir, la permanencia de un grupo en un lugar durante un período de tiempo relativamente prolongado.

La pregunta que comenzamos a hacernos hace algunos años es cómo monitorear la violencia policial. La premisa es que la violencia policial no es una violencia al azar, sino que se trata de un conjunto de prácticas orientadas al control selectivo de determinados segmentos de la población (predominantemente jóvenes pobres) y la gestión de mercados ilegales (drogas, autopartes, etc.). Por lo tanto, el monitoreo de la violencia policial no se refiere a la secuencia de hechos aislados que la evidencian, sino a los múltiples factores que la determinan y explican. Esto integra:

  • Las definiciones, decisiones y acciones político/jurídicas de los poderes públicos. Definiciones de política criminal como, por ejemplo, políticas de mano dura, esquemas de gobierno territorial y vínculo con las fuerzas policiales, aval del uso letal, endurecimiento de las leyes penales y procesales, rol judicial de sostenimiento de las políticas de mano dura y encarcelamiento preventivo, policialización de la actividad fiscal, entre otras.
  • Los sentidos comunes sociales y los discursos mediáticos que los producen o reproducen.
  • Las rutinas y prácticas policiales inscriptas en las lógicas y objetivos institucionales, en cuanto al dominio territorial, la recaudación o el vínculo con el poder político.
  • Los agentes productores de la violencia, teniendo en cuenta los estamentos que integran, sus roles y prácticas, los vínculos con actores estatales y no estatales que los sustentan, etc.
  • Los destinatarios de la violencia, identificando grupos predominantes, grupos particularmente vulnerables, sectores que padecen un uso diferencial de la violencia.
  • Las condiciones del entorno en que se produce la violencia. Condiciones socio-ambientales, económicas, mercados legales e ilegales y actores que los gestionan, presencia de instituciones estatales.

Es decir, el monitoreo supone el desafío de observar la violencia policial como un conjunto complejo que no comienza y termina en el agente directo que la produce y en la víctima que la sufre, sino que integra relaciones de los actores estatales y no estatales que inciden en la gestión de los mercados ilegalizados y en el control de determinados segmentos de la población. No se trata, por tanto, solo de ubicar geográficamente un hecho de violencia sino de registrar (observar de manera atenta y rigurosa) el conjunto de relaciones y acciones que explican la violencia policial.

Con estas consignas, desde el programa Justicia y Seguridad de la CPM se desarrollan estrategias para desandar el desafío del monitoreo de la violencia policial en la provincia de Buenos Aires. Esto conjuga el análisis de las políticas generales con las prácticas cotidianas que estructuran la violencia en los territorios.

En el presente apartado se analizan tres emergentes que dan cuenta de distintas dimensiones de la violencia policial: el uso letal de la fuerza, las prácticas discrecionales inherentes a las detenciones y la gestión del alojamiento en las comisarías en condiciones que vulneran derechos humanos básicos.

Desmedida, sin relación con la amenaza planteada, irrazonable e ilegal. La utilización abusiva y desprofesionalizada de las armas de fuego entregadas por el Estado tiene consecuencias letales. Durante 2019 se registraron 134 muertes producidas por agentes policiales en el territorio de la provincia de Buenos Aires; es decir, un promedio de 11 asesinatos por mes (1 cada 65 horas). A esta violencia le sigue otra: el Poder Judicial convalida sistemáticamente la versión policial.

Los gobiernos de la alianza Cambiemos exaltaron las muertes como resultado positivo y esperado de las políticas de seguridad. El impacto que los mensajes del poder político tienen respecto a los agentes policiales es indiscutible, y esto se potencia entre sus fuerzas poco profesionales, y con rutinas o prácticas de intervención atravesadas por un uso instrumental y sistemático de la violencia. El registro de las muertes por uso letal de la fuerza muestra un crecimiento sostenido en los últimos cuatro años.

485 víctimas de uso letal de la fuerza entre 2016 y 2019:  una muerte cada tres días.

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El caso de La Matanza

Mujeres, niños y niñas detenidos en comisarías destinadas a varones adultos, personas alojadas por más de las 48 horas recomendadas en condiciones de hacinamiento y sobrepoblación, y detenciones justificadas en figuras procedimentales que ya fueron derogadas hace años. A pesar de las deficiencias propias del registro, los libros de guardia de las comisarías reflejan el abanico de las arbitrarias intervenciones policiales en su despliegue territorial.

Entre enero y agosto de 2019, la CPM relevó los libros de registro de siete comisarías de La Matanza: se registraron 3.459 detenciones, con un promedio mensual de 427.

El 20 % de las detenciones fueron a mujeres, niños o niñas.

644 detenciones: el 19 % fueron por medidas policiales arbitrarias y discrecionales: averiguación de identidad, averiguación de ilícito, averiguación de antecedentes, entrega de menor, actuaciones internas.

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“Prefiero que los delincuentes estén adentro aunque estén apretados”, Cristian Ritondo, ministro de seguridad entre 2016 y 2019. Los dichos públicos del ministro fueron una declaración de principios sobre la política criminal durante los últimos cuatro años y el desprecio por la vida en los lugares de encierro.

Durante 2019, la justicia aceptó más de 150 habeas corpus colectivos por las condiciones de detención en comisarías: hacinamiento, establecimientos antiguos y deteriorados, instalaciones eléctricas precarias, falta de acceso al agua potable o gas, desatención médica y escasa o nula provisión de alimentos.

A diciembre de 2019, 103 comisarías clausuradas por orden judicial o ministerial seguían alojando personas; entre ellas, 19 de las 21 alcanzadas por cautelares de la CIDH. Para la clausura de los establecimientos no suelen tomarse medidas concretas que impidan el alojamiento de personas; en la mayoría de los casos se trata de órdenes formales notificadas a las autoridades correspondientes en cada caso. De esta manera, el incumplimiento de las medidas es sistemático y su desobediencia por parte de las autoridades no acarrea ninguna sanción.

Promedio interanual 2016-2019

3.510 personas detenidas en comisarías

221% de sobrepoblación

87 personas murieron en comisarías

Diciembre de 2019

3.854 personas detenidas

1.214 plazas

217% de sobrepoblación

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