Políticas de seguridad

Como venimos destacando en los informes anteriores, la definición de las políticas de seguridad, en particular, y de la política criminal, en general, es un factor que estructura la dinámica de la violencia en los territorios. En este informe decidimos ubicar el análisis desagregado de estas políticas en un capítulo específico para circunscribirnos a los emergentes del monitoreo territorial de la violencia policial.

La tarea de monitoreo en contextos de encierro permitió a la CPM observar con profundidad el fenómeno de la tortura y los tratos crueles, mejorando su comprensión e identificando el carácter instrumental de esa violencia en términos de gobernabilidad. El monitoreo de los lugares de detención guarda todas las dificultades propias de la observación de una institución total, pero tiene a favor lo que constituye a estos lugares como tales, es decir, la permanencia de un grupo en un lugar durante un período de tiempo relativamente prolongado.

La pregunta que comenzamos a hacernos hace algunos años es cómo monitorear la violencia policial. La premisa es que la violencia policial no es una violencia al azar, sino que se trata de un conjunto de prácticas orientadas al control selectivo de determinados segmentos de la población (predominantemente jóvenes pobres) y la gestión de mercados ilegales (drogas, autopartes, etc.). Por lo tanto, el monitoreo de la violencia policial no se refiere a la secuencia de hechos aislados que la evidencian, sino a los múltiples factores que la determinan y explican. Esto integra:

• Las definiciones, decisiones y acciones político/jurídicas de los poderes públicos. Definiciones de política criminal como, por ejemplo, políticas de mano dura, esquemas de gobierno territorial y vínculo con las fuerzas policiales, aval del uso letal, endurecimiento de las leyes penales y procesales, rol judicial de sostenimiento de las políticas de mano dura y encarcelamiento preventivo, policialización de la actividad fiscal, entre otras.
• Los sentidos comunes sociales y los discursos mediáticos que los producen o reproducen.
• Las rutinas y prácticas policiales inscriptas en las lógicas y objetivos institucionales, en cuanto al dominio territorial, la recaudación o el vínculo con el poder político.
• Los agentes productores de la violencia, teniendo en cuenta los estamentos que integran, sus roles y prácticas, los vínculos con actores estatales y no estatales que los sustentan, etc.
• Los destinatarios de la violencia, identificando grupos predominantes, grupos particularmente vulnerables, sectores que padecen un uso diferencial de la violencia.
• Las condiciones del entorno en que se produce la violencia. Condiciones socio-ambientales, económicas, mercados legales e ilegales y actores que los gestionan, presencia de instituciones estatales.

Es decir, el monitoreo supone el desafío de observar la violencia policial como un conjunto complejo que no comienza y termina en el agente directo que la produce y en la víctima que la sufre, sino que integra relaciones de los actores estatales y no estatales que inciden en la gestión de los mercados ilegalizados y en el control de determinados segmentos de la población. No se trata, por tanto, solo de ubicar geográficamente un hecho de violencia sino de registrar (observar de manera atenta y rigurosa) el conjunto de relaciones y acciones que explican la violencia policial.

Con estas consignas, desde el programa Justicia y Seguridad de la CPM se desarrollan estrategias para desandar el desafío del monitoreo de la violencia policial en la provincia de Buenos Aires. Esto conjuga el análisis de las políticas generales con las prácticas cotidianas que estructuran la violencia en los territorios.

En el presente apartado se analizan tres emergentes que dan cuenta de distintas dimensiones de la violencia policial: el uso letal de la fuerza, las prácticas discrecionales inherentes a las detenciones y la gestión del alojamiento en las comisarías en condiciones que vulneran derechos humanos básicos.