SOBRE ESTA SECCIÓN
Se abordan en detalle las masacres sucedidas en la comisaría 1ª de Pergamino, el 2 marzo de 2017, y en la comisaría 3ª (Transradio) de Esteban Echeverría, el 15 de noviembre de 2018. Con apenas un año y ocho meses de diferencia, el resultado fue la muerte por causa de incendio de 17 personas (todos varones, la gran mayoría muy jóvenes). También se analiza la masacre de San Miguel del Monte ocurrida el 20 de mayo de 2019. Su resultado fue la muerte de tres niños/as y un joven,y las lesiones y afectaciones psíquicas a la única sobreviviente del hecho, una niña de 13 años.
Los capítulos de la sección: El abordaje judicial / El abordaje desde el acompañamiento y asistencia a las víctimas.
Introducción
La expresión “masacre” refiere a la matanza conjunta de varias personas, por lo general indefensas; se trata de situaciones en las que hay una gran desigualdad de poder entre víctimas y victimarios, y los asesinatos producidos se presentan como crueles, alevosos, infundados e innecesarios.
La singularidad de los casos que abordaremos, y sus antecedentes, tienen como variable común la autoría de agentes de la policía bonaerense que, en circunstancias de encierro o en el marco de su accionar en la vía pública y en el ejercicio estricto de sus funciones estatales, producen la muerte violenta de colectivos de personas indefensas bajo su cuidado, en su mayoría jóvenes.
En nuestro Informe Anual 2019 abordamos en detalle las denominadas masacres que refieren a los hechos sucedidos en la comisaría 1ª de Pergamino, el 2 marzo de 2017, y en la comisaría 3ª (Transradio) de Esteban Echeverría, el 15 de noviembre de 2018. Con apenas un año y ocho meses de diferencia, el resultado fue la muerte por causa de incendio de 17 personas (todos varones, la gran mayoría muy jóvenes)[1]. El origen de ambos hechos se encuentra en una política criminal que ha producido, entre otras consecuencias graves, sobrepoblación y hacinamiento extremo en las comisarías de la provincia de Buenos Aires: hace ya muchos años que son lugares habituales de detención de personas, como efecto del mayor despliegue policial y de la saturación carcelaria. Por un lado, la gestión de Cristian Ritondo al frente del Ministerio de Seguridad marcó un récord de muertes en comisarías, alcanzando un total de 87 entre 2016-2019; por otro, de las 42 ocurridas entre 2017-2018, 17 se concentran en estas dos masacres.
Como muestra el presente Informe, otra práctica policial abusiva, reiterada y con resultados letales ocurre en las calles mediante abuso del poder policial y a través del uso letal de sus armas o patrulleros, en violación a todos los protocolos de acción, normativa nacional e internacional. Así fue que provocaron una nueva masacre el 20 de mayo del 2019: la de San Miguel del Monte. Su resultado fue la muerte de tres niños/as y un joven, y las lesiones y afectaciones psíquicas a la única sobreviviente del hecho, una niña de 13 años[2].
Estas graves violaciones de derechos humanos resultan habituales en las prácticas policiales, pero se tornan visibles en hechos colectivos como las masacres. En todas, la CPM patrocina a familiares de las víctimas en su calidad de particulares damnificados, en las causas que investigan las responsabilidades penales; hubo distintos grados de avance, según la singularidad de cada una y las respuestas judiciales obtenidas.
En estas causas complejas el abordaje es integral. Desde el programa Litigio Estratégico se lleva adelante el patrocinio jurídico en las causas y desde el programa Salud mental se acompaña a las víctimas, se realizan informes de daño psíquico y pericias. Por su parte, desde el programa Justicia y Seguridad Democrática se interviene ante diversos hechos que rodean a todas las causas de este tipo: amenazas y persecuciones a familiares, vulneraciones de derechos por parte de la policía y hechos graves ocurridos con anterioridad que emergen ante la ocurrencia de las masacres, realizando denuncias sobre el accionar policial ante los órganos jurisdiccionales y la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial.
Se analizará cada uno de los casos con el objeto de visibilizar que la masacre de Pergamino, ocurrida el 2 de marzo de 2017, no fue un hecho aislado. Había antecedentes: en octubre de 2004, cuatro adolescentes perdían la vida en la comisaría 1ª de Quilmes; apenas un año después, en octubre de 2005, 33 personas morían en un incendio en la unidad penitenciaria 28 de Magdalena. En el caso de Magdalena, donde la CPM representó a familiares de las víctimas, el debate oral y público demoró 12 años, realizándose en los tribunales de La Plata durante 2017.
A la masacre de Pergamino, que atravesó el año pasado el juicio oral y público, sobrevino la denominada masacre de Esteban Echeverría, que se cobró 10 víctimas. La causa que la investiga, pese a acumular casi una treintena de cuerpos, nunca tuvo imputados ni detenidos. Finalmente, el 20 de mayo de 2019, personal policial de la comisaría de San Miguel del Monte produjo cuatro muertes. A pesar de que al cierre de este informe ha transcurrido apenas un año, la causa principal se encuentra en la etapa del cierre del sumario, muy próxima al requerimiento fiscal de elevación a juicio, tanto respecto de los policías responsables del homicidio como de quienes realizaron una serie de actos de encubrimiento con el objeto de evitar que se conociera la verdad y de garantizar la impunidad de los responsables.
[1] Ver CPM (2018a y 2019c), Informes especiales disponibles en https://www.comisionporlamemoria.org/project/masacre-de-pergamino-2018/ y https://www.comisionporlamemoria.org/project/masacre-de-esteban-echeverria-6-meses/
[2] Ver CPM (2019b), Informe especial disponible en https://www.comisionporlamemoria.org/project/la-masacre-de-san-miguel-del-monte/
Cronología de las masacres policiales
Presentamos una cronología de las masacres ocurridas en la Provincia en los últimos 16 años, junto a una serie de materiales y recursos específicos: informes, videos, producciones gráficas y periodísticas.
El 20 de octubre de 2004, había 17 adolescentes detenidos en la comisaría 1ª de Quilmes cuando se incendió el calabozo: murieron Elías, Diego, Miguel y Manuel. Los policías demoraron en abrir las puertas del calabozo, no sofocaron el fuego en forma inmediata y retrasaron de manera intencional el traslado a los centros de salud. El auxilio rápido y un protocolo de evacuación habrían impedido este desenlace. Antes, durante y después del siniestro los jóvenes sufrieron requisas vejatorias y torturas sistemáticas.
En 2015, 11 años después, los 10 policías imputados fueron condenados por el TOC 3 de Quilmes en un fallo que reconoció las prácticas de tortura en lugares de encierro como un delito de gravedad institucional. Durante el juicio, el relato de los sobrevivientes y las pruebas periciales constataron la responsabilidad de los policías por estos delitos y por omitir su obligación como custodia estatal de las personas detenidas.
El 16 de octubre de 2005, 33 personas privadas de su libertad murieron asfixiadas y quemadas en el pabellón 16 de la Unidad Penal 28 de Magdalena, tras una violenta represión de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Cuando se inició un foco de incendio en el fondo del pabellón los penitenciarios se replegaron, cerraron la puerta con candado y reprimieron a otros detenidos que intentaron socorrerlos.
Como todas las masacres que exponemos aquí, la masacre de Magdalena no fue un episodio azaroso. Hubo condiciones objetivas y responsabilidades individuales y políticas que lo hicieron posible: superpoblación, ausencia de medidas de seguridad y la acción de los agentes penitenciarios.
En 2018, 12 años después, la causa llegó a juicio, pero se consagró la impunidad. De los 17 agentes imputados sólo tres recibieron condena y los 14 restantes fueron absueltos.
Además, las condiciones que hicieron posible la masacre no se modificaron.
El 2 de marzo de 2017 se incendió un calabozo de la comisaría 1ª de Pergamino y murieron siete detenidos. Cuando se inició el fuego, los agentes policiales cerraron la puerta con candado en lugar de intentar apagarlo o socorrer a los detenidos, y obstaculizaron el trabajo de los bomberos. Los 12 detenidos que sobrevivieron sufrieron golpes y torturas luego del rescate y durante el traslado.
En 2019 la justicia se condenó a los seis agentes policiales involucrados por el delito de abandono de personas agravado por el resultado pero, pese a las pruebas, no por homicidio; cuatro de ellos obtuvieron de prisión domiciliaria.
En 2018 se logró que el edificio de la comisaría, escenario de la masacre que además fue centro clandestino de detención durante la última dictadura militar, sea declarado Sitio para la memoria y la promoción de los derechos humanos.
El 15 de noviembre de 2018 se produjo un incendio en el calabozo 1 de la comisaría 3° de Esteban Echeverría. Por la situación de hacinamiento, la cantidad de mantas y colchones no ignífugos, el fuego creció rápidamente; los detenidos intentaron apagarlo pero no había agua en el calabozo.
Como consecuencia del incendio, murieron 10 diez personas: dos en el lugar y ocho en distintos hospitales públicos durante los días posteriores. Es la peor masacre ocurrida en comisarías bonaerenses.
Al momento de la masacre pesaban siete clausuras sobre la comisaría 3º de Esteban Echeverría, una por resolución ministerial y seis por orden judicial: la primera de 2011, la última de enero de 2018. Antes de la clausura, el cupo fijado por la propia institución policial era de 10 personas; sin embargo, el día del incendio había 26 detenidos. Pese a la responsabilidad institucional del jefe de la Policía Bonaerense y del ministro de Seguridad, la Justicia rechazó el pedido de indagatoria a los funcionarios.
El 20 de mayo de 2019, la policía de San Miguel del Monte persiguió y disparó contra un auto en el que viajaban cinco jóvenes: chocaron contra un acoplado estacionado y sólo de las chicas una logró sobrevivir.
Tras el choque se desplegó una extensa actividad para encubrir lo ocurrido e instalar la idea de un accidente. Cuando la persecución no pudo seguir negándose, se falsearon testimonios para ocultar los disparos policiales.
Por estos hechos se encuentran imputadas 12 agentes policiales y el secretario de Seguridad municipal de ese momento. De la causa principal se abrió una nueva causa donde se imputa a la intendenta y al jefe de bomberos local. A su vez se inició otra causa por espionaje ilegal a familiares y amigos de las víctimas.
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