24 de marzo: conocemos y recordamos para el futuro
Recursos y Materiales
#SON30.000
La cifra 30.000 no es un número que surge de un ábaco que cuenta uno a uno. Es un significante situado históricamente. Denuncia el terrorismo de estado: su masividad, su sistematicidad, la magnitud de la desaparición forzada de personas. Se construyó en plena dictadura, en medio de la clandestinidad de la represión, cuando los genocidas negaban la existencia de los desaparecidos. La construyeron los familiares, los sobrevivientes, los militantes, poniendo en riesgo su vida, mientras la represión sucedía. Quien pone en duda a los 30.000 pretende negar la historia, relativizar la represión, minimizar sus efectos, banalizar su magnitud.
LOS NEGACIONISTAS MIENTEN
En los últimos años emergieron voces que ponen en cuestión las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar. Desde sectores políticos de derecha se exacerbaron estos discursos negacionistas sobre el pasado. A la desaparición forzada de personas, la tortura, la existencia de centros clandestinos de detención y el robo sistemático de bebés, oponen otros hechos. Argumentan que el accionar de las organizaciones armadas ha sido silenciado. De este modo, relativizan la gravedad y la veracidad de los crímenes cometidos por la dictadura.
La violencia política que antecedió al golpe vuelve a señalarse como responsable de la violencia ejercida desde el estado. Una falacia interpretativa que ya durante la dictadura fue puesta en cuestión.
Las organizaciones revolucionarias armadas desplegaron actos de violencia que en un marco democrático debieron ser juzgadas con todas las garantías del Estado. Pero no fue lo que sucedió. Según un informe elaborado y publicado por la Junta Militar en el diario La Nación el 8 de mayo de 1980, estos actos contabilizan 492 asesinatos entre 1969 y 1979 (sólo el genocida ex director de investigaciones de la policía Miguel Etchecolatz fue condenado por 711 crímenes).
Las víctimas de la dictadura no tuvieron juicio justo por lo tanto no son legalmente culpables de delito alguno: son inocentes. Considerarlos culpables o delincuentes sería reconocerle legalidad a los procedimientos inhumanos e ilegales a los que la dictadura los sometió.
Ante la imposibilidad de ocultar las graves violaciones a los derechos humanos, el Documento Final de la Junta Militar sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo y el Acta Institucional, publicado el 28 de abril de 1983, intentó justificar sus crímenes que durante muchos años había negado: “Las acciones así desarrolladas fueron la consecuencia de apreciaciones que debieron efectuarse en plena lucha, con la cuota de pasión que el combate y la defensa de la propia vida genera. En un ambiente teñido diariamente de sangra inocente, de destrucción y ante una sociedad en la que el pánico reinaba. En este marco, casi apocalíptico, se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar, a veces, los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales y quedan sujetos al juicio de Dios en cada conciencia y a la compresión de los hombres”.
Los argumentos de hoy en torno a una supuesta “guerra contra el terrorismo” son los mismos que la dictadura enunció para ocultar los crímenes de lesa humanidad que perpetró contra decenas de miles de ciudadanos a los que secuestró, privó ilegalmente de su libertad, torturó, expulsó al exilio e hizo desaparecer.
La violencia estatal es por su naturaleza –y, al mismo tiempo, por su magnitud– imposible de asimilar a un hecho violento cometido por particulares: frente a éstos está el imperio de la ley, frente a la del estado sólo la extrema vulnerabilidad de las víctimas.
A lo largo de todo este tiempo, incluso durante los años de la dictadura, muchas víctimas, organizaciones, organismos independientes de los gobiernos y la justicia sostuvieron la verdad que hoy pretende socavarse: la última dictadura cívico-militar implementó un plan sistemático de exterminio.
La lucha contra la impunidad
La acción colectiva de resistencia del movimiento de derechos humanos tuvo gran incidencia en la transición democrática iniciada en 1983: su expresión más directa fue el Informe de la CONADEP y el Juicio a las Juntas Militares, en 1985. Allí se comprobó que las denuncias realizadas por los organismos de DDHH por las acciones represivas de la dictadura eran reales, y se pudo reconstruir la naturaleza y práctica del terrorismo de Estado. Si bien el desarrollo de estos procesos judiciales fue reconocido y se constituyó en una referencia en la lucha por memoria, verdad y justicia, prontamente encontró sus límites: entre 1986 y 1987, la sanción de las leyes de Obediencia debida y Punto Final puso fin a las investigaciones judiciales contra los represores, que fueron seguidas por los indultos otorgados por el presidente Carlos Menem a quienes habían sido condenados en los juicios.
La lucha del movimiento de derechos humanos mantuvo vigente el reclamo de justicia. Recién en 2003 esa demanda se tradujo en la anulación de ambas leyes por parte del Congreso y permitió reabrir los juicios por crímenes de lesa humanidad. Desde el año 2006 hubo 340 sentencias contra los genocidas. Se abrieron 685 causas en las que fueron o siguen siendo investigadas 3.000 personas. Desde entonces 1.207 represores fueron condenados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y torturas, homicidios, desapariciones y apropiación de bebes y niños en el marco de un plan genocida. Al mismo tiempo, se desclasificaron acervos documentales de las fuerzas armadas. Se avanzaron con las políticas reparatorias a las víctimas del terrorismo de estado. Se extendieron por todo el país los espacios para la memoria en los lugares que fueron utilizados para la represión. Este proceso aún no se ha cerrado y debe profundizarse.
En los últimos años, el Poder Judicial tomó decisiones regresivas como el otorgamiento de prisiones domiciliarias a genocidas condenados y la resolución de la Corte Suprema -conocida como el 2×1- que habilitaba la posibilidad de reducirles el tiempo de reclusión; el fallo no llegó a cumplirse porque el Congreso Nacional aprobó una ley que prohibía la aplicación de este cómputo para criminales de lesa humanidad. Sin embargo, la demora permanente de los tribunales para fijar audiencias de debate y la ausencia de recursos para agilizar las causas son condiciones que obstaculizan el proceso de justicia. A diciembre de 2023 se encontraban 684 personas detenidas en causas de lesa humanidad, pero el 76% con arresto domiciliario. Aún así, el proceso de justicia por crímenes contra la humanidad en nuestro país sigue siendo un hecho único en el mundo.
AFICHE CONOCEMOS Y RECORDAMOS
¿CUÁNTO SABÉS SOBRE LA DICTADURA?
Las consecuencias sociales
Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.
Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar, Rodolfo Walsh.
Al compás de este despliegue represivo, se implantó un modelo económico liberal y desindustrializador. La dictadura militar impuso un nuevo régimen de acumulación, basado en la importación de bienes y capitales y la apertura financiera, que buscó cambiar de raíz la matriz productiva y transformó profundamente las bases materiales de la sociedad argentina.
La apertura comercial y el dólar barato provocaron la entrada masiva de productos importados generando el colapso de la industria nacional ligada al mercado interno. Las fábricas cerraban mientras se multiplicaban los negocios financieros y especulativos. El salario real de los trabajadores cayó abruptamente y comenzó un proceso de concentración de la riqueza que generó un sector cada vez más enriquecido en desmedro del sector popular que vio disminuido drásticamente su ingreso.
Al mismo tiempo, el proyecto económico propiciaba el endeudamiento del sector privado y público que se reflejó en un crecimiento sin pausa de la deuda externa argentina.
La dictadura militar dejó el poder con cambios en la matriz productiva a favor de un sistema de concentración de los grandes grupos económicos y una enorme crisis económica y social que se agudizó en los años siguientes hasta terminar primero en un proceso hiperinflacionario y luego en la instalación de un orden económico neoliberal, que privatizó los bienes del Estado y profundizó el proceso de desindustrialización de la dictadura militar.
Con niveles de desocupación y pobrezas nunca vistos en la historia argentina, la experiencia neoliberal de los 90’s desencadenó la grave crisis económica, social, institucional y de representatividad política que culminó con las revueltas populares del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Desde entonces, a pesar de los proyectos productivistas por recuperar una matriz industrial ligada al consumo interno, el orden económico liberal iniciado tras el golpe de Estado fue difícil de revertir; los problemas de deuda y restricción externa, generaron nuevos ciclos de crisis económica, crecimiento de la pobreza y la desigualdad.
La falta de respuesta las demandas de los sectores populares posibilitó que, en los últimos años, volvieran a emerger discursos que buscan restablecer el orden económico neoliberal y anular el rol del Estado como ordenador de la economía frente a la supremacía del mercado. Esas son las ideas que le dan sustento político al gobierno que llegó al poder en diciembre de 2023 y busca iniciar un nuevo ciclo neoliberal.
Caída del salario real, inflación, despedidos, caída del consumo de alimentos, ropas y medicamentos, desnacionalización de la banca y la economía, especulación financiera y nueva oligarquía. Todos los aspectos de la miseria planificada que denunció Rodolfo Walsh a un año del golpe de Estado tienen una vigencia absoluta.
El origen del terrorismo de Estado en América Latina
La Escuela de las Américas fue fundada en 1946 por Estados Unidos para la instrucción del personal militar latinoamericano; tras la revolución cubana, los cursos de contrainsurgencia promovían el uso de la amenaza, la tortura y la ejecución sumaria. Miles de los militares latinoamericanos involucrados en violaciones a los derechos humanos pasaron por la campo de entrenamiento militar.
En las Fuerzas Armadas argentinas tuvo, además, enorme pregnancia la doctrina francesa de la guerra contrarrevolucionaria que ponía el eje en la lucha contra el enemigo interno, la jerarquización de las acciones de inteligencia y la tortura.
La última dictadura
El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue el último de la larga serie que comenzó en 1930 y signó la historia política de nuestro país (ver línea del tiempo). Ocurrió en un contexto marcado por el ascenso de distintos regímenes dictatoriales en América Latina: en 1976 gran parte de los países del continente estaban gobernados por dictaduras (ver mapa). Este golpe militar tuvo lugar en un contexto político caracterizado por una fuerte movilización política y social, y de gran debilidad del gobierno constitucional de Isabel Perón. La profunda crisis económica -que se tradujo en un aumento impresionante de la inflación, del dólar y de las tasas de interés, caída del salario, fuerte déficit fiscal y recesión, entre otros- agudizó aun más las tensiones en una sociedad que no encontraba formas institucionales para dirimir sus conflictos.
En el seno del pueblo argentino estaba instalada una intensa pugna en torno al proyecto de país que se quería construir. Por un lado, amplios grupos sociales y políticos promovían una transformación radical de la sociedad por la vía revolucionaria, ya sea por medio de la lucha armada como por prácticas no violentas.
Por el otro estaban las fuerzas sociales y políticas que defendían el status quo de una sociedad capitalista que garantizara una distribución desigual de la riqueza en desmedro de los sectores populares.
El golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas impuso un trágico fin a este conflicto.
La vida política quedó paralizada: cerraron el Congreso, prohibieron la actividad de los partidos políticos, intervinieron los sindicatos, anularon la libertad de prensa, decretaron el estado de sitio. Los objetivos perseguidos eran imponer el “orden” y “normalizar” la economía.
dippba: archivos de la represión
El Archivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) está constituido sobre la base del fondo documental de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y es el primer archivo de inteligencia policial de la República Argentina recuperado y abierto al público. Es un extenso y pormenorizado registro de persecución política-ideológica sobre hombres y mujeres a lo largo de medio siglo.
En el año 2000, por ley 12.642, el Archivo fue transferido a la CPM, para su preservación, conservación y difusión. Por acción de la misma ley, los documentos del Archivo fueron desclasificados. En octubre de 2003 se abrió al público, experiencia pionera en Argentina, habida cuenta del carácter sensible de parte del fondo documental. Los documentos del Archivo han sido y son aportes para las causas judiciales, la averiguación
de datos referentes a las personas y la investigación histórica y periodística.
El seguimiento, registro y análisis de la información para la persecución política ideológica fueron las principales funciones de la DIPPBA desde su creación, en el año 1956 hasta su disolución en 1998. Su archivo fue creado en el año 1957, aunque heredó de anteriores dependencias algunos legajos de las décadas del ‘30 y del ‘40. Los documentos del archivo de la DIPPBA permiten, por un lado, comprender el alcance y la importancia que tuvieron las acciones de inteligencia para la ejecución del terrorismo de estado; por otro, recuperar historias y memorias de las organizaciones sociales, políticas y sindicales que aún en los peores momentos desplegaron estrategias de resistencia.
LA INTELIGENCIA FUE TERRORISMO DE ESTADO
DETENCIONES 24 DE MARZO
El día del golpe de estado, diversas fuerzas de seguridad se emplazaron en puntos estratégicos de la región estableciendo puestos de retén, limitando la circulación de personas y vehículos, practicando detenciones selectivas de trabajadores, particularmente de quienes se dirigían a la zona industrial de Berisso y Ensenada. La mayoría de ellos fueron conducidos al regimiento de 1 y 60, donde estuvieron varios días ilegalmente detenidos. A algunos detenidos se les tomaron impresiones digitales y se elaboraron registros de interrogatorios para registrar la información en fichas y legajos personales. La DIPPBA reunió la información en un extenso legajo de la Mesa Delicuente Subversivo que lleva por título “Detenciones en La Plata, Berisso y Ensenada a partir del 24 de marzo de 1976”.
CPM-FONDO DIPPBA-Div. Cen. A y F. Mesa Dsa, Carpeta Varios.
El terrorismo de Estado
Desde un comando conjunto, las tres Fuerzas Armadas –la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército planificaron y ejecutaron un sistema represivo-clandestino subordinando al resto de las fuerzas de seguridad: la Gendarmería, la Policía Federal y todas las policías provinciales, entre ellas la bonaerense. El objetivo central del plan represivo era la persecución, detención y eliminación de aquellos ciudadanos que participaban activamente en la construcción de un proyecto de país radicalmente diferente y de aquellos que se oponían al régimen.
Este plan represivo, planificado y ejecutado por el gobierno militar, se denomina terrorismo de Estado porque hizo uso de los recursos estatales y del poder que otorga su ejercicio.
Pusieron todo el aparato del Estado al servicio de este régimen e incluso en las escuelas se desplegó la persecución a los posibles enemigos políticos. El Poder Judicial –con excepciones particulares– fue cómplice y silenció los crímenes. Aunque tiene antecedentes en otros momentos de la historia del país, la masividad e intensidad del accionar violento desplegado a partir de 1976 no puede ser comparado con otros episodios.
Secuestros y desapariciones forzadas de personas, asesinatos, encarcelamientos, tortura, exilio y censura fueron sus instrumentos directos de coerción. Los operativos eran clandestinos, estaban a cargo de grupos de tareas que se componían de agentes sin uniforme y circulaban en autos civiles. Los secuestrados eran llevados a los centros clandestinos de detención, lugares donde se los sometía a interrogatorio bajo las torturas más crueles y condiciones de vida infrahumanas. Luego de un tiempo de detención se decidía el destino final de las víctimas: la liberación, la cárcel o la muerte. Las víctimas eran fusiladas, enterradas en tumbas NN en los cementerios de la zona o arrojadas desde aviones al mar, vivas y anestesiadas para que no opusieran resistencia.
En miles de casos, ante la falta de aparición del cuerpo y el desconocimiento de sus familiares de lo sucedido, la desaparición –que comenzó en el mismo momento del secuestro- se perpetúa en el tiempo hasta nuestros días. Los organismos de derechos humanos estiman el número de desaparecidos en 30.000. El miedo, el disciplinamiento, el silencio, el vaciamiento y la inmovilidad política, sindical, social y cultural fueron sus efectos principales.
IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS
En respuesta a un pedido de seguimiento de DIPPBA Central, la delegación regional Lanús se aboca desde diciembre de 1975 a la reunión de información sobre un trabajador mecánico al que se indica como militante del PRT ERP. El seguimiento produce un informe detallado de las actividades, vínculos familiares, relaciones y rutinas de la persona espiada y un plano completo de la ubicación de su domicilio y del interior de su vivienda, en el que se responde específicamente al requerimiento sobre “posibles vías de escape”.
REPRESIÓN AL MOVIMIENTO OBRERO
La vigilancia efectiva de la DIPPBA sobre el movimiento obrero, atiende los distintos niveles de organización, desde la CGT hasta los cuerpos de delegados, deteniéndose con mayor detalle en los sindicatos por rama de actividad. También los establecimientos industriales y fábricas fueron sometidos a la mirada de la inteligencia policial, a fin de captar el conflicto en el lugar de trabajo. En la fábrica, en el sindicato o en la calle, los agentes de la DIPPBA buscaron identificar al “activista”, al sujeto capaz de subvertir el orden con sus ideas y acciones, adelantarse a los conflictos sindicales e identificar los vínculos entre trabajadores y otros actores sociales y políticos.
CPM-FONDO DIPPBA-Div. Cen. A y F. Mesa Dsa, Carpeta Varios.
PAN Y TRABAJO
Comienzan a gestarse espacios propicios para confrontar con el régimen e instalar el reclamo por el llamado a elecciones. Se constituye la Junta Multipartidaria integrada por los principales partidos políticos, sectores del movimiento obrero organizado en la CGT Brasil y el apoyo de ciertos sectores eclesiásticos.
En agosto de 1981 el Obispado de Quilmes realiza una serie de gestiones para lograr que las fuerzas policiales autoricen la realización de una peregrinación a San Cayetano, la llamada “Marcha del Hambre”. A pesar de que la movilización no es autorizada igualmente se realiza y unas 1200 personas se congregan en la Iglesia de San Cayetano con la presencia de numerosos sindicalistas y trabajadores de las empresas de la región.
CPM -Fondo DIPPBA – Div Cen AyF Mesa Referencia, Legajo 18073. Asunto: “Monseñor Jorge Novak, Marcha del Hambre, 30 de agosto de 1981”.
Visitá la colección documental DIPPBA – A 40 años de la primer Plaza de Mayo contra la dictadura