La política criminal, correlacionada con los efectos excluyentes del modelo económico, persigue penalmente a los sectores más vulnerables, refuerza su exclusión social mediante el encarcelamiento y los somete a condiciones de vida inhumanas. Control policial del territorio, promoción judicial del encierro y tortura penitenciaria son los principales mecanismos de una violencia estatal cuya funcionalidad es castigar y gobernar a los pobres y, por lo tanto, reproducir las desigualdades sociales.
En los últimos veinte años, las reformas legislativas y la voluntad del poder judicial y los sucesivos gobiernos para aplicarlas, más un creciente plafón de discursos mediáticos punitivistas endurecieron el tratamiento estatal del problema de la seguridad y ampliaron el alcance del sistema penal. Esto ha incluido el incremento de penas, la reducción de garantías procesales, la saturación policial, el empleo de fuerzas militarizadas, la elevación de la tasa de encarcelamiento a valores inéditos y, como consecuencia de ello, la vulneración sistemática de los derechos más elementales.
En esta sección se presentan datos sobre los tres “momentos” de la cadena punitiva: captura policial, judicialización y encarcelamiento. En todos los casos, refieren a personas de 18 años o más. Por razones prácticas, los datos vinculados a personas menores de 18 años se presentan en la sección NIÑEZ. Algunos de los indicadores se pueden complementar con datos más desagregados en la sección PODER JUDICIAL.