Como hemos señalado en informes anuales anteriores, desde 1999 cuando asumió Carlos Ruckauf como gobernador, la política criminal ha sido la herramienta utilizada por los diferentes gobiernos provinciales para el gobierno o control de las poblaciones más pobres o vulneradas.

La conjunción entre un esquema de control y regulación ilegal del delito por parte de la policía en los territorios y la actuación judicial, que convalida y encierra automáticamente sin controlar estas prácticas policiales violentas, deriva en la captación selectiva de jóvenes pobres para ingresarlos al sistema penal.

Estas decisiones judiciales confluyen en la tasa de encarcelamiento más alta de la Argentina y de la historia bonaerense, y en un nivel de hacinamiento que vulnera los derechos humanos más básicos.

En el sistema penal provincial se siguen aplicando procesos judiciales que encarcelan personas inocentes y aceleran los tiempos de las sentencias condenatorias. Se estructura sobre el uso generalizado de la prisión preventiva, la aplicación extorsiva del juicio abreviado y del proceso de flagrancia de manera casi automática, y la virtual desaparición del juicio oral y público.

Se mantiene el uso generalizado de la prisión preventiva: a diciembre de 2022 sólo el 49% de las personas detenidas a cargo del SPB tenía condena firme. Según datos del RUD, en promedio las personas pasan detenidas 421 días hasta la sentencia de primera instancia (sin contar el tiempo hasta la sentencia firme, período durante el cual aún se las considera legalmente inocentes).

El uso extensivo de la prisión preventiva tiene un impacto diferencial para mujeres cis y personas trans y travestis, las poblaciones más perjudicadas.

La leve disminución del porcentaje de personas detenidas sin condena se explica por el uso extensivo del juicio abreviado, un instituto que reduce el tiempo entre la detención y la condena, y afecta las garantías del debido proceso al constituirse en un acuerdo extorsivo tendiente a llegar a una rápida condena en detrimento de un juicio oral y público. Este mecanismo, un acuerdo entre fiscal y defensor/a, se despliega en un sistema judicial que destina el doble de personas para acusar (534 agentes fiscales) que para defender (265 defensoras/es).

Entre 2013 y 2022 se duplicaron las condenas por juicio abreviado (con un aumento del 128%). Tomando todo el período, 8 de cada 10 condenas se dictaron por juicio abreviado.

Al incremento y automaticidad de los ingresos se suma otro problema en el extremo opuesto del proceso penal, la retención también automática del sistema penal: entran cada vez más y salen cada vez menos. En cuanto a las personas condenadas, entre 2017 y 2022 los juzgados provinciales de ejecución penal denegaron 8 de cada 10 solicitudes de acceso a institutos progresivos en la ejecución de la pena: el 80% de las libertades condicionales, el 74% de las libertades asistidas, el 82% de las salidas transitorias, el 78% de pases a régimen abierto y el 85% de prisiones domiciliarias.

Frente a la tendencia del poder judicial a encerrar y al endurecimiento de las leyes penales y procesales del poder legislativo, la respuesta histórica del poder ejecutivo al hacinamiento ha sido la construcción de cárceles.

El problema con esta respuesta, a la luz de la experiencia histórica, es que a cada ampliación del sistema le siguió un incremento de personas encarceladas: entre 2001 y 2022 se crearon 12.769 plazas y la población detenida aumentó en 31.056 personas. Está demostrado que construir cárceles no mejora las condiciones de detención sino que, al contrario, eleva el piso de encarcelamiento. La ocupación siempre supera la capacidad.