SOBRE ESTA SECCIÓN
Políticas de justicia
Entre 2014 y el primer semestre de 2022, en la Provincia se iniciaron 32.899 causas por presuntos delitos enmarcados en la ley 14.687/14 de violencia institucional. A pesar de tal escenario y lo que dispone la mencionada ley sancionada hace casi una década, sólo existen 8 dependencias judiciales -presentes en seis de los 20 departamentos judiciales- dedicadas exclusivamente a investigar la violencia estatal.
Dentro de ese periodo, entre 2018 y el primer semestre de 2022, en el 68% de las causas de violencia institucional los presuntos autores de los delitos investigados pertenecieron a fuerzas policiales y el 29% fueron agentes penitenciarios mientras que sólo 69 acusados fueron agentes judiciales, lo que revela que el Poder Judicial no se investiga a sí mismo. El 49% de estas prácticas estatales se perpetraron en lugares de encierro, el 32% en la vía pública y el 15% en domicilios particulares.
Del total de los autores involucrados en esos delitos, sólo el 3% resultaron imputados formalmente (ninguno de ellos, perteneciente a órganos judiciales). Por otra parte, en general, sobre funcionarios públicos la prisión preventiva se utiliza en sentido inverso al que se aplica a civiles, que promedia el 50%. Respecto al delito de tortura, en ese mismo período se investigaron solamente 29 casos (0,1% del total) a pesar de ser una práctica extendida y sistemática en los lugares de encierro.
En cuanto a cómo terminan las causas de violencia institucional, en el período 2018 y primer semestre 2022, 9 de cada 10 se resolvieron mediante archivo (66%) o desestimación (26%). Sólo el 4% de los expedientes fue elevado a juicio oral y ninguno se resolvió mediante juicio abreviado, un instituto que se utiliza en tres de cada cuatro causas cuyos imputados no son agentes públicos.
Litigio como MLPT
La CPM ha incrementado sus intervenciones en conflictos jurídico-penales tras su designación como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLPT); estas experiencias lograron importantes condenas a funcionarios policiales y expuso la experticia de la CPM en su rol de MLPT, además de contextualizar la violencia policial como práctica estructural y sistemática de la fuerza.
Durante el 2022, se intervino como particular damnificado y particular damnificado institucional en tres juicios orales que terminaron en sentencias condenatorias para los policías imputados: los asesinatos de Matías Banuera en Quilmes, Lucas Verón en La Matanza y Ulises Rial y Ezequiel Corbalán en San Nicolás.
En esa línea de intervención, en 2022 se presentó en 10 causas de violencia estatal como particular damnificado institucional y en una presentación en el fuero federal como querella institucional. Acerca de las nuevas causas iniciadas por la CPM en 2022, se destacan la que investiga la muerte violenta de Daiana Abregú en la Comisaría de Laprida; la muerte por violencia policial de César “Lolo” Regueiro en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata; los casos de niños víctimas de torturas en Mar del Plata; y el abandono y muerte sin control en Comunidad Terapéutica de San Fernando.
Finalmente, el Poder Judicial requiere una serie de reformas no sólo de sus procedimientos de selección sino también de sus sistemas disciplinarios y de enjuiciamiento sino también. Frente a conductas delictivas o faltas graves de funcionarios judiciales, los mecanismos de enjuiciamiento son poco efectivos, lentos y atravesados por múltiples intereses político-partidarios o de grupos de presión que no analizan la conducta de los magistrados evaluando su actuación sino desde la utilización que puedan hacer de esa función jurisdiccional para la protección de sus intereses. Las pocas causas que avanzan y llegan a un juicio político o una sanción tardan muchos años, pese a tratarse de funcionarios con gran cantidad de pruebas en su contra.
En este sentido, la CPM impulsa actualmente varias denuncias –aún en trámite- contra jueces y fiscales provinciales y federales ante diferentes órganos disciplinarios: el fiscal Juan Pablo Tahtagian del Departamento Judicial de La Matanza; su par de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta; el exfiscal de San Isidro, Claudio Scapolan; el fiscal federal de Bahía Blanca, Ulpiano Martínez; y la jueza federal María Gabriela Marrón, con asiento en esta última ciudad; entre otros.
Por otra parte, en pos de las reformas urgentes que requiere el funcionamiento del Poder Judicial, tampoco se observan acciones tendientes a resolver problemas medulares de la administración de la justicia penal como la creación de la policía judicial: un cuerpo de funcionarios judiciales que asuman la investigación de manera profesional desplazando a la policía bonaerense que oficia hoy como instructora.