SOBRE ESTA SECCIÓN
Seguridad
En 2022, en el marco de nuestra tarea de monitoreo, intervenimos en 428 casos de violencia policial que involucraron a 590 víctimas individuales, y en 74 hechos con víctimas colectivas e indeterminadas.
De las víctimas respecto de las cuales se pudo obtener el dato de la edad, el 75% eran personas mayores de 18 años y el 25% fueron niños, niñas o jóvenes menores de 18.
Se registraron 982 prácticas policiales, destacando que un caso puede implicar más de una práctica y víctima. Del total, la violencia física sigue siendo la práctica más denunciada, representando el 25%; la segunda categoría se refiere a las gravosas condiciones de detención en comisarías, ubicándose en tercer lugar los casos de uso letal de la fuerza, con un 9%. Si sumamos las categorías que representan las prácticas más frecuentes en la intervención policial cotidiana (violencia física y verbal, detención arbitraria, amenazas y hostigamiento), estas representan el 73% de los casos abordados.
En el 91% de los casos, la fuerza involucrada fue la policía de la Provincia de Buenos Aires, seguida por la Policía de la Ciudad Autónoma (4%), Policía Federal (3%) y Gendarmería (1%). El restante 1% estuvo representado por casos que involucraron a la Prefectura Naval y dispositivos municipales de seguridad.
Uso letal de la fuerza
Durante 2022 disminuyeron los casos registrados de uso letal de la fuerza, que pasaron de 130 en 2021 a 90 en 2022, 40 casos menos que implicaron una baja del 31%. Si bien el promedio anual en los 7 años que llevamos registrados (2016-2022) es de 120 casos, y esta disminución no modifica sustancialmente el promedio de la serie (se sigue registrando una muerte cada 3 días), sería un dato relevante si se constituyera en una tendencia descendente.
Durante ese periodo se relevaron 843 casos de uso letal de la fuerza, como se dijo, un promedio de 120 por año. El promedio de edad de las víctimas es de 27 años, y 118 víctimas tenían menos de 18 años. El 62% de las muertes se produjeron -según la fuente- ante el supuesto robo o intento de robo de bienes materiales, en su gran mayoría de los propios agentes policiales. Solamente el 1% de los casos fue en circunstancias donde estaba en riesgo la vida de otra persona.
Se registraron 30 femicidios y 7 femicidios vinculados; 29 de 34 policías femicidas se encontraban en actividad al momento de cometer la muerte.
En el 66% de los casos el/la agente que provocó la muerte estaba fuera de servicio, es decir fuera de su horario laboral.
Por ello, sería relevante que la Provincia avance en un protocolo para el uso razonable de la fuerza policial y en la regulación vinculada al estado policial y la portación de armas de fuego cuando los policías están fuera de servicio.
En 2022 registramos 90 muertes por uso letal de la fuerza. En sintonía con los datos para el periodo, en 52 de los 90 casos la muerte se produjo en conflictos asociados a la sustracción de bienes personales. Es decir que todas esas muertes se generaron para la preservación de bienes materiales.
El patrullero (3 casos) se constituye como otro importante medio de producción de la muerte. Podemos afirmar que el móvil está siendo utilizado por fuera de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y mínima lesividad, máxime considerando que no es un elemento diseñado para producir letalidad.
El encierro en comisarías
El alojamiento irregular de personas en dependencias policiales de la Provincia en condiciones inhumanas y degradantes constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos que acontecen en forma sistemática y al alcance de la vista de todos los poderes del Estado.
La sobrepoblación en comisarías fue constante durante 2022; si bien a diciembre de este año había 3.948 personas detenidas (un 11% menos que en diciembre de 2021), el promedio anual fue de 4.327 personas y la cifra máxima fue de 4.692 en enero. En los últimos 10 años la población detenida aumentó un 147%.
A diciembre de 2022 había 277 comisarías que alojaban personas con una capacidad oficial de 1.300 personas, es decir que el nivel de sobrepoblación alcanzó el 212% en diciembre, mientras que el promedio anual fue de 232%. A este nivel de sobrepoblación se suma que de todas las dependencias que alojaban personas a diciembre, el 34% (105) estaban clausuradas pese a lo cual alojaban al 36% del total de personas detenidas.
En relación a las comisarías cauteladas por la CIDH, disminución de la población en el año, para llegar a diciembre de 2022 con 5 de las 21 comisarías cauteladas alojando 20 personas detenidas. Aunque la población alojada en estas comisarías tuvo una disminución entre 2021 y 2022, en los primeros meses de 2023 la tendencia registra un crecimiento (96 personas).
En 2022 se realizaron inspecciones a 36 comisarías de la Provincia y se presentaron 16 acciones colectivas; en algunos casos, el factor preponderante que motivó la presentación colectiva tuvo que ver con situaciones de hacinamiento.
Como rasgos generales, se destacan la precariedad edilicia (humedad, filtraciones, paredes descascaradas, carencia de sanitarios, instalaciones eléctricas precarias), alimentación deficiente o nula, falta de atención médica, falta de medicación, inexistencia de instancias recreativas, imposibilidad de comunicación telefónica con familiares o instancias judiciales, restricciones de género en las visitas y condiciones de hacinamiento y aislamiento colectivo permanente, nulo acceso a la luz solar y la ventilación.
El riesgo para la vida y la integridad sigue latente en las dependencias policiales. Durante 2022 murieron al menos 25 personas en comisarías bonaerenses, casi la mitad de las muertes ocurrieron en comisarías clausuradas.
De las 25 muertes registradas, 13 fueron por ahorcamiento, 6 por problemas de salud y 6 por causa desconocida. Si bien la causa de muerte es una variable difícil de analizar debido a las falencias de la información suministrada por las distintas agencias estatales, es significativa la cantidad de casos registrados bajo la hipótesis de suicidio.
Las muertes que se presentan como suicidios (generalmente por ahorcamiento) plantean al menos dos hipótesis. Una pone en juego la falta de cuidado y la obligación estatal de garantizar la integridad física y la vida de las personas detenidas. En este punto revisten particular gravedad casos en los que se detectaban indicadores evidentes de algún padecimiento de salud mental pero no se adoptaron los recaudos necesarios para evitar los suicidios.
La segunda hipótesis que aparece ante estos casos es que se trate de homicidios cometidos por los propios agentes policiales y encubiertos bajo el supuesto de suicidio. El hecho de que estas muertes ocurran casi siempre en calabozos de aislamiento y bajo control exclusivo de la policía permite suponer que se trata de una hipótesis que debiera estar presente en el origen de toda investigación.