SOBRE ESTA SECCIÓN
Salud mental
A 10 años de la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley 14.580 de Salud Mental, se destacan durante 2022 algunos avances del Estado provincial en la elaboración de recursos, pautas y guías de abordaje; la constitución de mesas intersectoriales y la presentación del Registro Único Provincial de Establecimientos de Salud (RUPES), que contempla las instituciones habilitadas en el ámbito privado. Sin embargo, resulta urgente la formalización y aplicación de estos lineamientos.
Hay deudas que siguen pendientes: las unidades penitenciarias neuropsiquiátricas no han sido contempladas ni incluidas en el plan provincial sexagenal; en los hospitales neuropsiquiátricos monovalentes públicos se siguen constatando lógicas manicomiales y vulneraciones de derechos; respecto al área de consumo problemático y/o adicciones el sector privado cubre el vacío estatal, una ausencia que lleva a una total discrecionalidad de las instituciones privadas. En el encierro prima la lógica de seguridad por sobre el criterio sanitario y en cuanto a la intervención de fuerzas de seguridad en situaciones que involucran a personas con padecimiento mental se detecta la falta de formación y perspectiva para reconocer una crisis subjetiva y dar intervención al sistema de salud.
Hospitales monovalentes
La cantidad de personas internadas en los cuatro hospitales monovalentes de la Provincia disminuyó un 9% respecto del 2021. Sin embargo, las cifras indican que las externaciones no son efectivas: de 999 ingresos, el 56% (557) fueron reinternaciones, que en los últimos cinco años siempre fueron superiores a la de las externaciones. Esto da cuenta de la falta dispositivos intermedios en la comunidad para sostener un tratamiento ambulatorio y de recursos en los dispositivos existentes.
Además se identificaron servicios de internación sobrepasados en su capacidad, hacinamiento, personal insuficiente, sometimiento a régimen de aislamiento, aplicación de sujeción mecánica sin regulación ni control, condiciones materiales indignas, sobremedicación y prolongación de internaciones por razones sociales.
Comunidades terapéuticas
Durante el año, se monitorearon cinco comunidades terapéuticas donde se constató que las prácticas que violan derechos fundamentales en estos espacios son comunes y estructurales. El control del Estado sobre estos lugares es mínimo y la articulación endeble o inexistente. Muchas internaciones son irregulares o directamente ilegales y constituyen secuestros y privaciones ilegales de la libertad. El modelo de abordaje es un sistema de lógica disciplinaria de premios y castigos que a veces se constituye como justificación de la vulneración de derechos. No sólo no se adecúa a la LNSM, además se incumple en todos los casos con la ley nacional 26.529 que regula la confección de historias clínicas y el consentimiento informado.
En estos lugares se relevaron, además, condiciones materiales riesgosas, prácticas sistemáticas de violencia, aislamiento, malos tratos y hasta casos de abusos sexuales.
Cárceles neuropsiquiátricas
En las dos unidades designadas “institutos neuropsiquiátricos de seguridad” no hay dirección, coordinación ni presencia del Ministerio de Salud, por lo que están disociadas y desconectadas del sistema público y no fueron incluidas en el Plan Provincial Sexagenal de Salud Mental. No se adecúan a la LNSM e incluso se aloja a personas sobreseídas que representan un porcentaje del 22% de los detenidos en el caso de la UP 34. En esta unidad a diciembre de 2022 se registraba un 48% de sobrepoblación y se contaba con un médica/o cada 32 personas detenidas y un psicóloga/o cada 58 personas detenidas. En la unidad 45 se relevó una muerte en el sector de aislamiento y la falta de abordaje de situaciones de violencia entre detenidas, ante las que la única estrategia del personal es el aislamiento.
Se comprobó que se siguen aplicando prácticas de tortura en las dos unidades: sujeción mecánica gravosa, sobremedicación y aislamiento. Las personas no reciben información sobre la medicación que se les suministra, centralmente por medio de inyectables y bajo coacción, los profesionales de la salud no recorren los pabellones y todo esto se ve agravado por las condiciones materiales inhumanas de detención.
Las unidades denominadas “neuropsiquiátricas” reproducen la lógica de seguridad, control y vigilancia del resto de las cárceles, profundizan el padecimiento mental, y aumentan la desafiliación social. Lo mismo pasa en las unidades donde se dice abordar los consumos problemáticos y adicciones: no cumplen con lo planteado discursivamente como objetivo institucional, ni se adecuan a la normativa vigente.
Muertes por razones de salud mental
Durante 2022 se registraron 171 muertes de personas internadas por razones de salud mental en instituciones públicas o privadas. El 75% (117) se produjeron en el sector público; la mayor cantidad, un 33%, se concentra en hospitales públicos monovalentes (57) y existe una grave falencia en el registro de la causa de las muertes, sobre todo en el sector privado.
La cárcel 34 de Melchor Romero, considerada como unidad neuropsiquiátrica, es la que mayor cantidad de suicidios registra dentro del SPB en los últimos siete años. Cuando una persona con padecimiento mental manifiesta indicios de riesgo cierto e inminente, el primer actor estatal en arribar suelen ser agentes de las fuerzas de seguridad. La lógica securitaria de esa intervención se evidencia posteriormente en comisarías y cárceles: cuadros agudos que, sin ningún tipo de abordaje integral ni asistencia, se agravan.