SOBRE ESTA SECCIÓN
Penitenciarias
Entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, las personas detenidas bajo custodia del SPB aumentaron un 4%, pasando de 49.662 a 51.673.
Durante 2022 los equipos de este MLPT realizaron más de 600 inspecciones a cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires, y 38.000 entrevistas o comunicaciones con personas detenidas, familiares, allegados, otros organismos estatales u organizaciones de la sociedad civil. En ese marco, se registraron de 45.000 vulneraciones de derechos: torturas, malos tratos, falta de acceso a la justicia y otras restricciones. Por estos hechos se realizaron más de 25.000 presentaciones judiciales individuales y 122 colectivas.
Estas vulneraciones se extienden por todo el sistema penitenciario bonaerense: se relevaron hechos —con distinta frecuencia— en todos los establecimientos del SPB. La vulneración de derechos más relevada fue falta o deficiente acceso a la justicia, como consecuencia de los obstáculos que enfrentan las víctimas para comunicarse y obtener audiencias con sus juzgados y defensorías, el desconocimiento de la situación procesal, el armado o fraguado de causas, entre otras. Las personas detenidas recurren a la CPM por situaciones que deberían ser garantizadas por los órganos judiciales a su cargo, como el acceso a la atención médica, el traslado por acercamiento familiar, el resguardo físico luego de un hecho de violencia, los pedidos de morigeraciones, de régimen abierto o de comparendo
Del total de vulneraciones de derechos relevadas, 32.023 casos son hechos de tortura; el más denunciado es la falta o deficiente asistencia de la salud, expresada en las restricciones al acceso al área de Sanidad o a la atención médica en hospitales, la falta o deficiente provisión de medicamentos o dieta especial, la ausencia de estudios o tratamientos. En casos graves de enfermedades diagnosticadas, estas falencias sanitarias no sólo afectan la calidad de vida sino que constituyen un riesgo de muerte. En 2022, el 86% de los fallecimientos en el SPB fueron a causa de problemas de salud.
La falta o deficiente asistencia de la salud, afectación del vínculo familiar, malas condiciones materiales y aislamiento agrupan el 85% de los 32.000 hechos de tortura relevados durante 2022 por la CPM.
Desatención de la salud
El estado del sistema sanitario en las cárceles provoca que la falta o deficiente asistencia de la salud sea el hecho de tortura más denunciado por las personas detenidas, familiares o allegados/as a la CPM durante 2022. Se registraron 9.016 hechos, el 28% del total de hechos de tortura y el 20% del total de vulneraciones de derechos padecidas por personas detenidas en el SPB
El Plan de Infraestructura Penitenciaria 2020-2023 lanzado en 2020 por el Ministerio consideró la situación de emergencia sanitaria en el encierro; sin embargo, las políticas implementadas no solucionaron los problemas estructurales del sistema de salud.
La mediación penitenciaria implica que el SPB tiene la potestad de habilitar (o no) los contactos con el personal sanitario y los obstáculos que impone son el primer filtro que deben atravesar las personas detenidas; supone que el personal penitenciario gestione los problemas de salud y determine cuáles son urgentes y requieren intervención sanitaria y cuáles no
Esta problemática ya existente del sistema carcelario se ha agudizado con la puesta en marcha de los hospitales modulares. Si una persona logra ser escuchada y el SPB decide que debe ser atendida en el CAS, surgen nuevos obstáculos respecto al traslado desde la UP hasta el hospital modular que se encuentra fuera de los muros de las unidades.
Las personas privadas de la libertad entrevistadas en diferentes UP refirieron que una estrategia de supervivencia para sortear la mediación penitenciaria fue pedir a sus respectivos juzgados y tribunales la solicitud de atención médica por oficio judicial. Este mecanismo suele ser efectivo, pero conlleva una demora que no siempre garantiza la correcta atención y, en ocasiones, profundiza el problema de salud.
Uno de los graves problemas es la ausencia de profesionales de la salud en las cárceles. Dentro de los 9 establecimientos más críticos, se destacan cinco donde la relación alcanza valores que hacen imposible la atención médica: en la UP 39 (Ituzaingó) hay 1 médico/a cada 952 personas, en la UP 41 (Campana) 1 cada 723, en la UP 31 (Varela) 1 cada 530, y en la UP 44 (Batán) 1 cada 515.
En otros casos la ausencia de personal médico no estaría vinculada a la cantidad formal de profesionales de la salud sino a su efectiva presencia en los establecimientos. En base a las inspecciones realizadas durante el año, se constató la falta de personal en los CAS y sanidades, y que la atención médica era nula o insuficiente.
Se ha relevado falta de elementos básicos para cualquier atención primaria de la salud, como antisépticos y gasas. Se ha constatado interrupción en la medicación para las personas detenidas para patologías crónicas (hipertensión, diabetes, asma, VIH, TBC, etc.) y agudas, como los antibióticos.
Debe advertirse que en 2022, según el registro de muertes en cárceles y alcaidías de la CPM, del total de muertes registradas el 86% se relaciona a problemas de salud y, entre estas muertes (105), el 65% se registran en hospitales extramuros. En relación al tiempo de internación, el 20% de las personas fallecidas fueron trasladadas entre un día antes y el mismo día de la muerte; 5 de cada 10 personas que mueren por problemas de salud son internadas en un hospital, como máximo, una semana antes de su muerte, y sólo el 12% estuvo internada más de un mes. Estos datos ponen de manifiesto que las internaciones se producen cuando la intervención médica ya no puede torcer los efectos del abandono sanitario.
Mujeres, trans y travestis
Para las mujeres cis y personas del colectivo LGTBIQ+ la cárcel produce impactos diferenciales por ser un lugar pensado y estructurado para alojar varones. Al finalizar 2022, había 2.655 mujeres y 106 personas trans y travestis detenidas en el SPB, el 5% del total de la población detenida. La cantidad de mujeres cis y personas trans y travestis detenidas aumentó un 10% con respecto a 2021. La población de mujeres cis registra un ascenso sostenido; creció más de 3 veces en los últimos 20 años.
Si se suman las personas procesadas, sobreseídas y sin prisión preventiva detenidas en 2022, se observa que casi el 60% de las mujeres cis y más del 80% de las personas trans y travestis se encontraban detenidas siendo inocentes para la justicia.
En 2022, la sobrepoblación de mujeres en las cárceles bonaerenses fue del 66%, el segundo pico más alto registrado en 9 años. En casi una década la sobrepoblación aumentó en un 187%.
Además, al finalizar el 2022, el SPB alojaba 50 mujeres embarazadas o detenidas junto a sus hijos/as, el 3% del total de detenidas en las cárceles; 25 estaban embarazadas y 25 junto a sus hijos/as. Pero, en promedio, hubo 36 niños/as alojados junto a sus madres en el año, llegando a 45 en el mes de mayo.
El problema del acceso a la salud de toda la población detenida es alarmante, pero en el colectivo trans y travesti adquiere dimensiones específicas debido a la patologización de sus identidades, la falta de reconocimiento de las mismas, y la discriminación y violencia que sufren de los profesionales de la salud al buscar atención y cuidados.
En este sentido, 7 de cada 10 encuestadas expresó padecer algún tipo de enfermedad; de ellas más de la mitad con más de una afección diagnosticada: un promedio de 1,7 enfermedades cada una. Se registraron 24 enfermedades diferentes, pero el dato preocupante es que 5 de cada 10 mujeres trans y travestis detenidas entrevistadas convivían con HIV.
Muertes bajo custodia del SPB
Entre 2021 y 2022 crecieron la cantidad de fallecimientos: pasaron de 242 a 244 casos. Si bien disminuyó la cantidad de fallecimientos en cárceles y alcaidías (-12) aumentó la de detenidos con monitoreo electrónico (+14). Existe una relación directa entre ambos tipos de muerte, considerando que una parte de los fallecimientos en detención domiciliaria se producen luego de una estadía en la cárcel que genera o agrava las causas de muerte — según lo relevado mediante testimonios y expedientes judiciales— y que el 36% ocurren antes de los seis meses desde el otorgamiento de la prisión domiciliaria. En los casos en los que se ha intervenido, la detención domiciliaria llega muchas veces tarde y con un deterioro tan avanzado en la salud de las personas que sólo permite una muerte un poco más digna. En otros casos, ni siquiera eso.
Entre 2008 y 2022 se produjeron 2.157 muertes en cárceles y alcaidías bonaerenses, lo que equivale a un promedio de 144 muertes por año, 12 por mes. En todo el período la principal causa de muerte fueron problemas de salud, 72,9% del total (1.533 casos).
Durante el 2022 se registraron 188 muertes en cárceles y alcaldías dependientes del SPB: 162 fueron por problemas de salud, 20 suicidios, 5 homicidios y 1 accidente.
Si se cruzan las variables género y causa de muerte, se destaca que 3 de cada 10 muertes de mujeres fueron suicidios, valor exponencialmente mayor al que se registra en varones (0,8 cada 10).
Por otra parte, si se analiza la situación procesal de las personas fallecidas, 44,7% estaba procesada sin condena (498 personas) y 1,1% estaba sobreseída (12), detenida con medidas de seguridad.
Las muertes por problemas de salud han sido históricamente las de mayor frecuencia y aumentaron de manera sostenida hasta el año 2021. En 2022 se registraron 162 muertes por esta causa, un descenso de 5,8% respecto de 2021, pero continúa siendo la principal causa de muerte en el encierro.
Si se analiza el lugar de la muerte, en la mayoría de los casos las personas habían sido trasladadas previamente a hospitales o a la UP 22 (77,1%). En 12 casos la muerte se produjo durante el traslado hacia el centro de salud. Si se analiza la cantidad de tiempo que pasa internada una persona antes de su muerte, 20,2% fue trasladado entre un día antes y el mismo día de la muerte; 5 de cada 10 fueron derivadas a un hospital, como máximo, una semana antes de su muerte, y sólo 12,1% permanecieron internadas más de un mes.
El descenso interanual de muertes bajo custodia del SPB 2021-2022 se registra en todos los tipos de muerte con excepción del suicidio. Sin dudas que este tipo, como las muertes por problemas de salud, debe inscribirse en un modelo de atención de la salud en el encierro caracterizado por las dificultades y restricciones penitenciarias en el acceso a la atención y tratamiento, que se combina con una percepción del personal penitenciario y de salud sobre las personas detenidas como peligrosas, demandantes y mentirosas, más aun en temas de salud mental.
Además de los 20 suicidios relevados por la CPM, se debe tener en cuenta que el SPB registró, en 2022, 1.619 autolesiones en distintos espacios carcelarios, 4,9% más que en 2021. Del total de autolesiones, 25,7% se produjeron en el sector de Separación del Área de Convivencia (SAC), es decir, en espacios de aislamiento.
Las autolesiones y los intentos de suicidio en contexto de encierro deben ser analizados junto con las prácticas del servicio penitenciario, porque muchas veces derivan de formas de reclamo o estrategias para ser escuchadas/os.
Finalmente, es imperiosa la necesidad de que ante un fallecimiento en contexto de encierro se inicien investigaciones protocolizadas que se adecuen a esta particularidad. Sin embargo, el RVI no inicia una investigación preliminar ante cada muerte producida en contexto de encierro y ni siquiera contabiliza la totalidad de muertes producidas.
La mayor parte de estas investigaciones terminan archivadas, sin certezas ni información que permita entender esa muerte, en algunos casos fundado en el artículo 290 del Código Procesal Penal de la Provincia (“Será desestimada cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito, cuando no se pueda proceder”). Generalmente no hay imputados, elevación a juicio ni condenas: la institucionalización de la impunidad.