SOBRE ESTA SECCIÓN
Política criminal
La conjunción entre un esquema de control y regulación ilegal del delito por parte de la policía en los territorios y la actuación judicial, que convalida y encierra automáticamente sin controlar estas prácticas policiales violentas, deriva en la captación selectiva de jóvenes pobres para ingresarlos al sistema penal. Las personas de 18 a 30 años representan el 44% de las personas detenidas en el SPB y el 48% de las detenidas en comisarías.
Durante 2022 el Ministerio Público Fiscal de la Provincia inició 924.492 investigaciones penales contra mayores de 18 años; una parte de esas investigaciones generó privaciones de libertad: se ordenaron 38.179 privaciones (4% del total) basadas principalmente en sumarios confeccionados por la policía. Más de un tercio por presuntos delitos contra la propiedad.
El otro fenómeno, contrario al anterior, es la deficiente investigación de la violencia institucional. Las causas abiertas entre 2014 y 2021 por violencia institucional, representan el 0,5% del total de investigaciones iniciadas. En 9 de cada 10 se resuelven mediante el archivo (66%) o la desestimación (26%).
El caso de las muertes producidas por agentes policiales: entre 2018 y 2021 la CPM relevó 522 casos y la Procuración 259, de las cuales sólo 60 fueron caratuladas como “homicidio agravado por ser miembro de fuerza de seguridad”.
Hasta ahí el desempeño articulado de policías, fiscales y juezas/ces de garantías, pero otro mundo se abre si se miran las estadísticas policiales. Durante 2022 la policía aprehendió 222.145 personas, de las cuales apenas 38.179 (17%) fueron privadas de su libertad por imputación judicial de un delito, y sólo 18.920 (8%) fueron encarceladas. Esta diferencia expresa el gobierno policial de los territorios, a partir de la saturación de efectivos, dirigido a controlar y perseguir a los sectores vulnerados independientemente de sus fundamentos y efectos legales. Esto se vincula directamente con el incremento de detenciones en comisarías ya que en la mayoría de los casos, aunque no queden detenidas, permanecen horas o días alojadas en ellas.
Promoción judicial del encierro
Se mantiene el uso generalizado de la prisión preventiva: a diciembre de 2022 el 49% de las personas detenidas a cargo del SPB tenía condena firme. En promedio las personas pasan detenidas 421 días hasta la sentencia de primera instancia. Según datos del SNEEP, de los detenidos con prisión preventiva a fines de diciembre de 2021, el 38% llevaba hasta a un año encarcelado, el 37% entre uno y dos años, el 24% entre dos y tres años, y el 1% más de tres. El uso extensivo de la prisión preventiva tiene un impacto diferencial para mujeres cis (58%) y personas trans y travestis (81%).
También se ha convertido en regla el juicio abreviado, un instituto que disminuye el tiempo entre la detención y la condena. Entre 2013 y 2022 las condenas por juicio abreviado se duplicaron (con un aumento del 128%). Tomando todo el período, 8 de cada 10 condenas se dictaron por juicio abreviado.
Como contracara, el poder judicial aplica excepcionalmente medidas alternativas al encierro; sólo entre el 5% y 8% de las personas detenidas están bajo la modalidad de arresto domiciliario. En cuanto a las personas condenadas, entre 2017-2022 los juzgados provinciales de ejecución penal denegaron 8 de cada 10 solicitudes de acceso a institutos progresivos en la ejecución de la pena.
Encarcelamiento
Entre diciembre 2015 y diciembre 2022, la cantidad de personas detenidas creció a un promedio interanual del 6%. A diciembre de 2022, había 55.621 personas detenidas en cárceles, alcaidías, comisarías y con monitoreo electrónico.
Esto representó una tasa específica de 435 cada 100.000 habitantes, la más alta del país y de la historia bonaerense. Así, el gobernador Axel Kicillof heredó una tasa específica de encarcelamiento de 415 personas detenidas cada 100.000 habitantes, y tres años después ascendió a 435, luego de bajar a 399 en 2020. La tasa actual es 70% más alta que hace diez años.
La población detenida en cárceles y alcaidías mantuvo una tendencia creciente y regular durante 12 años, con un aumento muy notorio entre 2017 y 2019. Dicho de otro modo: los ingresos al dispositivo carcelario siempre superan a los egresos. Entre 2015 y 2022, cada año ingresaron 17.850 personas y egresaron 15.474, dejando un saldo positivo de 2.377 por año (datos promedio).
Con respecto a la población detenida en comisarías, vista en el largo plazo y a grandes rasgos, registra una tendencia decreciente entre 2002 y 2012 y creciente de 2013 en adelante, aunque con interrupciones o retrocesos. Pese a los compromisos de reducir la población detenida en comisarías por parte de actores judiciales y ministeriales, los años 2020 y 2021 presentaron las cifras más altas desde 2006. En diciembre de 2022 se registró una disminución del 11% (casi 500 personas menos que en 2021); sin embargo, continúa siendo uno de los números más elevados de la última década: 3.948 personas detenidas en comisarías a diciembre de 2022.
Sobrepoblación
Entre 2012 y 2015 se alojaron en comisarías a un promedio interanual de 1.600 personas, durante 2016-2019 a 3.300 y entre 2020 y 2022 a 4.400. Considerando que según el Ministerio de Seguridad las comisarías tienen una capacidad de 1.300 plazas, durante la gestión actual de Sergio Berni estuvieron sobrepobladas en un 252%, con un pico de 349% en noviembre de 2020.
El sistema carcelario se compone de 66 establecimientos con capacidad de alojamiento para 23.036 personas. Considerando esa infraestructura, en 2022 la sobrepoblación fue del 109%. Pese a que durante 2022 se inauguraron alrededor de 900 nuevas plazas, ingresaron al sistema 1.500 personas nuevas. Como se observa, la estrategia de reducir la sobrepoblación con la construcción de cárceles no da resultado si no se atacan las condiciones estructurales que sostienen el crecimiento del encarcelamiento.
Frente a la tendencia del poder judicial a encerrar y al endurecimiento de las leyes penales y procesales del poder legislativo, la respuesta histórica del poder ejecutivo al hacinamiento ha sido dual: sumar camastros en las celdas para informar un nivel de sobrepoblación más bajo, o aumentar la capacidad edilicia construyendo nuevos espacios o ampliando los ya existentes.
La primera fue sostenida por todos los gobiernos a excepción del actual, que en diciembre de 2019 aclaró que el SPB contaba con un máximo de 24.000 plazas, 5.000 menos que las informadas por la gestión anterior. La CPM reconoce la importancia de interrumpir la práctica nociva de sobrevalorar la infraestructura para demostrar una buena performance en el indicador del nivel de ocupación. La segunda respuesta fue practicada de manera diferenciada por los distintos gobiernos: de los 66 establecimientos existentes y utilizados a diciembre de 2022, 45 se edificaron desde 1996 en adelante. En términos de plazas (considerando también las ampliaciones) en los últimos 25 años se construyó el 74% de la capacidad actual.
En los 15 años transcurridos, desde el cierre de la causa Verbitsky -a nivel provincial- en 2007 hasta diciembre de 2022, la tasa de encarcelamiento provincial pasó de 175 a 311 cada 100 mil habitantes; la sobrepoblación en el SPB se incrementó de 29% a 109%; la sobrepoblación en comisarías registró un promedio interanual de 233%; en las cárceles bonaerenses murieron 2.157 personas (12 por mes) y en las comisarías se registraron al menos 215 muertes (casi 2 por mes).
El máximo tribunal provincial debe adoptar decisiones urgentes, categóricas, adecuadas y efectivas para empezar a desandar esta crisis humanitaria provocada por la política criminal en la provincia de Buenos Aires.