SOBRE ESTA SECCIÓN
Control de la corrupción y la inteligencia ilegal
En el marco del monitoreo de casos de corrupción, en 2022 la CPM registró un total de 134 denuncias sobre prácticas delictivas que involucran a personal policial y penitenciario: 75 hechos ligados a corrupción policial y 61 de corrupción penitenciaria. Sobre aquél total el organismo realizó 233 presentaciones, entre acciones judiciales e informes ante la autoridad administrativa correspondiente.
Respecto a la corrupción policial, el 2022 estuvo signado por casos significativos: muertes por consumo de cocaína adulterada en Tres de Febrero y la desaparición y muerte de dos jóvenes en Guernica. En ambos casos la CPM se presentó como particular damnificado institucional. El caso Scapolan -el exfiscal recientemente destituido- es emblemático sobre este tipo de causas en las que se entremezclan y vinculan las vulneraciones a los derechos humanos y la corrupción.
Durante el año la CPM registró un total de 75 casos de corrupción policial e involucran a 154 efectivos de las fuerzas de seguridad. 69 El 95% (65) corresponde a personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Más de la mitad de los casos de corrupción policial registrados en 2022 por la CPM involucraron a los agentes investigados con hechos de narcocriminalidad y extorsión.
Lo que se observa en los casos de narcocriminalidad es, además, la mediación con el sector judicial juega un rol clave a la hora de garantizar la impunidad de estos hechos a través de un conjunto de prácticas que involucran la manipulación de evidencia, la incorporación de testigos falsos, la incriminación de inocentes a través de extorsiones y amenazas, así como la tergiversación de denuncias para que las causas se radiquen en fiscalías y juzgados “amigos”. Todas estas estrategias apuntan a desviar, entorpecer y obstaculizar las investigaciones, volviendo al actor judicial-institucional un partícipe necesario, para perpetrar la impunidad y pervivencia de estas redes de ilegalidad.
Además de estos estas categorías, el registro de la CPM releva la participación de funcionarios policiales en hechos de exacciones ilegales, armado de causas y otras actividades ilícitas como trata de personas, venta de protección y zonas liberadas, entre otras.
Por otro lado, En el ámbito penitenciario, la corrupción es una práctica sistemática y estructural que, al mismo tiempo, produce violencia y tortura sobre las personas privadas de la libertad. En 2022 la CPM registró 61 casos de corrupción penitenciaria, siendo las tres categorías más denunciadas: la comercialización de espacios y bienes, la extorsión y la narcocriminalidad. Usualmente las autoridades del SPB utilizan instrumentalmente para tales fines, la cadena más débil del sistema penitenciario: las personas detenidas.
Cabe destacar que durante la actual gestión de gobierno, la Auditoría de Asuntos Internos del SPB implementó una política activa en materia de investigación de hechos vinculados a actos de corrupción e irregularidades en el sistema penitenciario. Esto se evidenció en un marcado salto en el número de sumarios tramitados y un sostenido incremento de los mismos entre 2020 y 2021, con una leve disminución durante el año 2022.
Según informó la Auditoría, hasta abril de 2023, se encontraban 1308 sumarios en trámite y 11 sumarios vinculados a hechos de Salud Penitenciaria (10 por abandono de servicio), con 183 agentes penitenciarios sumariados, 77 agentes con pase a disponibilidad, 7 destituidos, 5 sanciones, 6 sobreseimientos y 1 un expediente en Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia en trámite.
En materia de inteligencia ilegal se destaca -en el ámbito provincial- el uso de los recursos de inteligencia por parte de la policía (incluso por funcionarios judiciales, como en el caso Scapolan) para el acceso a información clave en materia de narcocriminalidad para cometer ilícitos, el fraguado de causas con fines extorsivos, así como la incorporación de falsas tareas investigativas en expedientes judiciales por comercialización de estupefacientes.
Las prácticas ilegales de inteligencia no se alojan ya en los llamados “sótanos de la democracia” sino que hace casi una década han emergido a la superficie como parte de la dinámica política, particularmente en el período 2016-2019, tanto a nivel nacional como en la Provincia de Buenos Aires.
La CPM interviene como querellante y/o denunciante en investigaciones que tramitan tanto en la justicia federal como en el sistema de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales bonaerense, como por ejemplo en la causa que investiga una asociación ilícita conformada por las principales autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia -entre ellos, el director Gustavo Arribas y la subdirectora Silvia Majdalani- destinada a obtener información por medios ilegales de personalidades políticas, miembros de organizaciones sociales y religiosas y personas detenidas en el penal federal de Ezeiza y la Alcaidía de Melchor Romero.
Sin embargo, el avance de las distintas causas en las que se juzgan presuntas prácticas de inteligencia ilegal se vio frenado por el corporativismo judicial que, con epicentro en los tribunales federales de Comodoro Py, ha funcionado como dispositivo de protección política y judicial de muchos de los imputados.