Las muertes ocasionadas por la intervención policial son la consecuencia más grave de las rutinas o prácticas policiales, son producto también de acciones u omisiones de los tres poderes del Estado provincial.

Desde 2016 la CPM lleva adelante un registro anual de muertes producidas por el uso letal de la fuerza en el territorio de la provincia de Buenos Aires; en este periodo, se registraron 843 casos: un promedio de 120 por año que representa una muerte cada 3 días. El promedio de edad de las víctimas es de 27 años; 118 víctimas eran menores de edad, de los cuales la gran mayoría (82) tenía entre 16 y 17 años.

El poder judicial y el poder ejecutivo no problematizan ni abordan la prevención: las fuerzas de seguridad no elaboran informes analíticos sobre la letalidad producida en el marco de la aplicación de políticas de seguridad. Tampoco el poder judicial publica informes que analicen de manera detallada la actuación jurisdiccional en estos casos.

A esto se suma un problema estructural en lo que respecta a la responsabilidad del poder judicial y el Ministerio Público Fiscal en la investigación de los hechos, el principal es que estas investigaciones no son prioritarias. Un indicio lo constituye la unificación de investigaciones: en la mayoría de los supuestos la muerte se produce en un presunto intento de robo y la investigación de los dos hechos queda subsumida en la hipótesis predominante del supuesto robo. Esto genera distintas dificultades como la falta de objetividad en la investigación y el sub-registro de las muertes producidas por agentes policiales.

Durante 2022 disminuyeron los casos registrados de uso letal de la fuerza, que pasaron de 130 en 2021 a 90 en 2022, 40 casos menos que implicaron una baja del 31%. El 69% de las víctimas tenía menos de 30 años; en de esos casos eran menores de edad: 7 de 17 años y 2 de 16.

Con respecto a la circunstancia en la que se produjo la muerte, 45 de los 90 casos de uso letal de la fuerza policial fueron en el contexto de una tentativa o robo de bienes personales del personal policial, y 7 casos en el contexto de robo de bienes de terceras personas. Al sumar ambas categorías, observamos que en 52 de los 90 casos la muerte se produjo en conflictos asociados a la sustracción de bienes personales. Es decir que todas esas muertes se generaron para la preservación de bienes materiales.

Otro problema estructural de larga data es la regulación vinculada al estado policial y la portación de armas de fuego cuando los policías están fuera de servicio. La revisión de estas reglas del accionar policial es fundamental teniendo en cuenta que la mayoría de los casos de uso letal se producen cuando los agentes se encuentran fuera de servicio.

Entre 2016 y 2022, fueron el 66% de los casos (511). En 2022 fueron 53 de 90 casos.