La jueza de Río Grande, Mariel Borruto, suspendió las indagatorias a 18 militares acusados de torturar a los soldados conscriptos en Malvinas, que debían realizarse entre el 27 de junio y el 4 de julio. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante en la causa, rechaza esta decisión que se apoya en argumentos endebles y que sigue condenando a las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad a una espera angustiante. La resolución de la jueza desconoce también la lucha histórica del Centro de ex combatientes La Plata que viene desde, hace 12 años, reclamando justicia. La causa Malvinas se inició en 2007, tiene 95 imputados y 120 denuncias.
El 2 de mayo, después de 12 años de iniciada la causa Malvinas, el Juzgado Federal de Río Grande citó a prestar declaración indagatoria a 18 militares acusados de torturar a sus propios soldados en las islas y fijó las fechas de las audiencias que se realizarían entre el 27 de junio y el 4 de julio. Veinte días después de esa decisión, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, decidió suspender las indagatorias por falta de espacio y recursos para realizar las audiencias.
Los miembros de las Fuerzas Armadas están acusados de torturas cómo estaqueamientos, inmersión de soldados desnudos en agua helada, enterramiento hasta el cuello, picanas con teléfonos de campaña, golpes y violencia sexual, entre otros padecimientos físicos y psicológicos.
La suspensión de las audiencias indagatorias representa una demora judicial innecesaria, que sólo consolida la impunidad de los perpetradores de estos delitos. En su resolución, la jueza Borruto sostiene que faltan recursos humanos “para dar respuesta a la demanda creciente de esta Magistratura” y que el edificio donde funciona “ha visto colmada su capacidad de funcionamiento”. En el mismo escrito, también reconoce la “trascendencia” de esta causa “que requieren una especial atención”, sin embargo su decisión va en el sentido contrario.
La condena de los crímenes de lesa humanidad requiere una acción activa y eficaz de la justicia porque su impunidad no hace más que revictimizar a las víctimas y renovar el trauma por ese daño sufrido.
En ese sentido, los argumentos para sostener esta decisión resultan endebles, son irrazonables, contradicen el principio de celeridad y, peor aún, vulneran el verdadero acceso a la justicia de las víctimas.
La causa Malvinas se inició en 2007 y, durante muchos años no tuvo avances significativos; en 2015, la Comisión Provincial por la Memoria se presentó como querellante, para acompañar el reclamo histórico del Centro de ex combatientes La Plata (CECIM). La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires también es querellante en la causa.
Frente a esta decisión injustificada que busca consolidar una larga impunidad, la CPM exige que se lleven a cabo las audiencias indagatorias, de manera urgente se profundice la investigación y se avance en la condena de estos delitos.
Es indispensable que la justicia avance firme ya que la impunidad genera márgenes para numerosas acciones de intimidación por parte de los perpetradores. Además del dolor que provoca en los ex combatientes esta postergación, dirigentes del CECIM La Plata denunciaron haber recibido amenazas de juicios y reclamos de indemnizaciones por sostener estás denuncias.
Después de 37 años de la guerra de Malvinas, y a 12 años del inicio de la causa, el Estado mantiene una gran deuda con los soldados conscriptos torturados por sus propios oficiales. La justicia debe estar a la altura de ese reclamo, porque la democracia no puede admitir la impunidad de estos crímenes.