Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la
Provincia de Buenos Aires (Ley Nacional 26.827)

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En las primeras horas del viernes 13 de diciembre la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) remitió una nota al flamante titular del Ministerio de Justicia, Julio César Alak, en la que solicita la urgente intervención del gobierno provincial frente a la grave crisis del sistema penal y la apertura de una mesa de diálogo, como inicio de un proceso de reforma estructural de la política criminal. Otra nota del mismo tenor fue remitida por el organismo al nuevo Gobernador, Axel Kicillof. Por otra parte, el martes 10 el organismo había presentado a la Suprema Corte un informe pormenorizado con datos actualizados sobre la extendida huelga de hambre de personas privadas de libertad. La CPM, designada recientemente como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, puso en marcha un plan de monitoreo de emergencia, inspeccionando mas de 20 unidades penitenciarias en estos diez días.  
«La huelga de hambre declarada por las personas privadas de libertad frente a la grave crisis del sistema penal, requiere de la urgente intervención de su ministerio, a fin de iniciar una mesa de diálogo que permita un proceso de reforma estructural de la política criminal», destaca la presentación de la CPM ante el ministro de Justicia de la Provincia, cuando se cumplen ocho días del inicio de la medida por parte de las personas privadas de su libertad. La huelga alcanzó a 27 de las 64 cárceles y alcaidías, mas una comisaría provincial.
El trabajo de monitoreo de emergencia realizado por este organismo durante la última semana, dio cuenta de que si bien el inicio del reclamo fue por la falta de alimentación,  luego se transformó en una generalizada demanda por la mora judicial e implementación de una política criminal regresiva desde la perspectiva de derechos humanos.
La CPM puso a disposición del ministro Julio César Alak y del flamante gobernador Axel Kicillof un diagnóstico detallado sobre la realidad de los lugares de encierro, en base a los más de 17 años de monitoreo sistemático en instituciones cerradas dependientes de los ministerios bonaerenses de Justicia, Seguridad, Salud y del Órgano de Niñez .
En el mismo sentido, el martes 10 de diciembre, la CPM había presentando a la Suprema Corte de Justicia el informe surgido del monitoreo de emergencia realizado  durante la última semana con el objeto de ampliar el cuadro de situación en el que se encuentran las personas privadas de su libertad: se confeccionó un relevamiento de pabellones en huelga de hambre y se realizaron reuniones con diferentes funcionarios judiciales y organizaciones sociales.
De las entrevistas con las personas detenidas, surge que sus principales reclamos son: a) que las decisiones judiciales respeten los estándares internacionales para la no vulneración de derechos; b) que se activen medidas alternativas a la prisión preventiva; c) que se revise el modo en que se realizan los informes criminológicos; d) que se aborde de manera urgente la crisis que atraviesa el sistema de encierro; e) que se aplique un mecanismo de conmutación de penas; f) que se derogue la denominada Ley Bloomberg y se apruebe la Ley del 2×1; g) que no se apruebe el proyecto de Código Penal impulsado por el ex presidente Mauricio Macri; h) que se implemente una mesa de trabajo de los tres poderes donde se incluya a los organismos de derechos humanos como la CPM y la Defensoría de Casación; i) que se respeten los derechos de las personas en huelga.
Finalmente el informe destaca las acciones judiciales formuladas por la CPM: se realizaron presentaciones ante comités departamentales y juzgados de Ejecución y Garantías, a los efectos de intervenir en aquellos lugares donde estaba sucediendo la huelga.  Además, en el inicio de la huelga, se hicieron presentaciones ante el Ministerio de Justicia de la gestión anterior, la Suprema Corte, la Procuración en el ámbito bonaerense y el Subcomité para la prevención de la Tortura de ONU. En varias de ellas conjuntamente con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura.
Vale señalar que el informe presentado a la Suprema Corte concluye solicitándole que, como órgano rector del poder judicial, despliegue «todos los resortes institucionales a su alcance para evitar el agravamiento irremediable de la situación descrita y garantizar los derechos fundamentales a la vida y la integridad física». En consonancia con lo solicitado por la CPM, en su resolución del día miércoles el máximo tribunal exhortó al inicio de la mesa de dialogo.
Por su parte, el flamante ministro de justicia aseguró que la semana próxima se dará inicio a la mesa de dialogo para avanzar en la grave situación que se vive en las cárceles provinciales, que fuera reconocida por el gobernador Kicillof en su discurso de asunción.
La CPM solicita que cualquier mesa de diálogo a implementarse en el ámbito judicial, el poder ejecutivo o legislativo, sume a los representantes de las personas privadas de su libertad y a sus familiares.
En el mismo sentido, familiares de personas privadas de libertad presentaron un petitorio a la gobernación y fueron recibidos por un funcionario que también se comprometió con el inicio de la mesa de diálogo que reclaman las personas detenidas.
El diálogo es el camino para avanzar en las transformaciones estructurales imprescindibles y urgentes, por ello la CPM celebra la pronta constitución del espacio.
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