Ante las declaraciones realizadas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Dr. Eduardo de Lazzari, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresa su apoyo a los conceptos vertidos, que resultan coincidentes con lo que venimos diagnosticando y denunciando respecto del colapso del sistema penal y las graves violaciones a los derechos humanos que genera. Asimismo expresamos nuestra preocupación por las judicialización de sus expresiones, que constituye un ataque frontal a la independencia de los poderes.
El pasado 2 de julio de 2019, el Dr. Eduardo Néstor de Lazzari, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires inauguró las “V Jornadas de Actualización” organizadas por la Red de jueces penales bonaerenses. En sus palabras de apertura, el magistrado hizo un repaso de la preocupante situación que atraviesa el sistema penal en la provincia de Buenos Aires. De esta manera se refirió a una problemática estructural que atraviesa al sistema de justicia, situación que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene advirtiendo y denunciando.
El colapso del sistema penal que describió tiene un claro y lamentable anclaje en datos de la realidad: las políticas demagógicas en materia de seguridad, el incremento de penas y las restricciones a las medidas alternativas al encierro, el armado y fraguado de causas penales, la delegación de la instrucción en la policía y la convalidación judicial automática de estas prácticas derivaron en la peor crisis humanitaria en los contextos de encierro de los últimos veinte años, y su correlato más palpable: las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría y Monte.
El conflicto de poderes al que hizo referencia el presidente de la Suprema Corte es evidente e indiscutible. El dato más concreto es que la mayoría de las dependencias policiales de la Provincia se encuentran clausuradas por orden judicial pero siguen alojando detenidos. Este incumplimiento flagrante y cotidiano de las sentencias no es ni más ni menos que una desautorización de la potestad judicial por parte del poder político, lo que constituye un serio debilitamiento de la división de poderes y del rol primordial del Poder Judicial en la garantía de los derechos fundamentales. En palabras del propio presidente de la Corte: “Se trata de una problemática que pone en el foco la responsabilidad del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la manda del artículo 18 de la Constitución Nacional y los tratados Internacionales y su voluntad y disposición para cumplir o incumplir las órdenes judiciales y la formulación de acuerdos que puedan alcanzarse”.
También es incontrastable la referencia al “abuso del proceso judicial penal”. La CPM viene denunciando la práctica generalizada del armado y fraguado de causas y su convalidación judicial. Todo esto se ve agravado por la incorporación normativa de figuras tales como el agente encubierto o revelador, informante clave o el denominado imputado “arrepentido”. La extensión de estas figuras a nivel federal se inscribe en la profundización de la doctrina de las “nuevas amenazas”, que propicia el aniquilamiento de los derechos individuales construyendo enemigos internos que se identifican como amenazas a la seguridad nacional. Es decir, una versión actualizada de la doctrina de la seguridad nacional. La elección de estas políticas cabalga sobre prácticas ilegales y arbitrarias de servicios de inteligencia y fuerzas policiales, nacionales y provinciales, que generan un alto impacto sobre el sistema democrático y los poderes estatales.
A esta altura es irrefutable la existencia de hechos que vinculan a actores judiciales, de los servicios de inteligencia y policiales con la gestión de mercados ilegales. En los distintos informes presentados por la CPM dimos cuenta de procesos judiciales que derivaron en investigaciones orientadas a la determinación de estos vínculos y prácticas. Sin dudas la investigación que lleva actualmente el juez Ramos Padilla es la confirmación más palpable de ello. Las palabras del propio presidente de la Corte lo sintetizan: “Estoy hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante”
En síntesis, las expresiones del Dr. de Lazzari dan cuenta de una situación grave, un claro diagnóstico que involucra en co-responsabilidad a los tres poderes del Estado. Responsabilidad que no es ajena a los jueces. Es preocupante que, lejos de asumir este diagnóstico y pensar acciones conjuntas para revertirlo, el poder político oriente acciones que ponen en jaque un pilar fundamental del sistema republicano que es la división de los poderes y la independencia del poder judicial. Su accionar supone un apriete para silenciar la denuncia, más que una decisión de cambiar la realidad.
Esta crisis institucional y humanitaria por la que atraviesa el sistema penal y las graves violaciones de derechos humanos que el Estado provincial provoca son parte de los problemas urgentes que debemos resolver.