Frente a la expansión de la pandemia del coronavirus, la población carcelaria es uno de los sectores de la sociedad que más riesgos enfrenta. Por esta razón la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en tanto Mecanismo Local de Prevención de la Tortura envió una nota al Ministerio de Justicia bonaerense y a la Suprema Corte solicitando medidas urgentes para contener la situación y proteger la integridad de las personas detenidas. Entre ellas la aplicación por parte del poder judicial de morigeraciones y arrestos domiciliarios para grupos vulnerables, el uso de la conmutación de penas por el poder ejecutivo, la urgente distribución de elementos de prevención, de comida y medicamentos, y la habilitación del uso de telefonía celular.
Desde hace dos décadas y con mayor crudeza desde hace cinco años, las políticas penitenciarias de los gobiernos provinciales y la inacción de la justicia condenaron al sistema de encierro bonaerense a una crisis humanitaria sin precedentes que se profundiza cada día. Por esta razón, y frente al avance de la pandemia de coronavirus, se vuelve imprescindible tomar medidas urgentes para proteger a las personas detenidas.
En este sentido la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, envió hoy una nota al Ministro de justicia Julio Alak, manifestando su preocupación y solicitando se adopten medidas excepcionales y urgentes que permitan contener esta emergencia; medidas orientadas fundamentalmente a descomprimir la situación de sobrepoblación y hacinamiento, haciendo uso de todas las potestades del poder ejecutivo, entre ellas contemplar la conmutación de penas y otras medidas para mejorar la supervivencia en las cárceles y evitar la expansión de la pandemia.
El hacinamiento extremo en condiciones infrahumanas es uno de los principales problemas, toda vez que impide la implementación de las medidas de higiene básicas y de distanciamiento social conforme lo recomendado desde el punto de vista sanitario.
Tampoco llegan los suministros básicos. Como se expresa en el relevamiento por unidad entregado al Ministro, los elementos de prevención básicos como jabones, alcohol, guantes y productos de limpieza no están llegando a las personas detenidas ni el personal penitenciario está tomando los recaudos elementales como uso de barbijos y guantes y control de temperatura al ingreso. En la nota la CPM solicita no sólo que se compren los insumos necesarios sino que se controle debidamente su distribución. En relación a esto, la CPM solicita al Ministerio que informe detalladamente la fecha y cantidad de elementos entregados por cada unidad para la prevención del coronavirus, así como también, de haberse implementado, los refuerzos alimentarios distribuidos por unidad. Puesto que es urgente atender la cuestión alimentaria garantizando la provisión suficiente y a tiempo en cada unidad penitenciaria en tanto la restricción de las visitas familiares por la pandemia impide que llegue lo provisto por ellos.
Por este mismo motivo se solicita habilitar el uso de teléfonos celulares para promover el contacto con el núcleo afectivo de las personas detenidas. Es una decisión simple, central y urgente para reducir los conflictos. La situación extrema que vive la sociedad genera mucha angustia en las personas privadas de su libertad y la comunicación fluida con sus seres queridos es un elemento importante que tranquiliza.
Ante la conflictividad emergente, la CPM propone crear un equipo de mediación y priorizar la prevención de los conflictos de manera temprana, mediante el diálogo y la persuasión, sin apelar a la violencia o la represión para resolver las demandas que se presenten.
Respecto de la atención de la salud en el encierro, se solicita una vez más que la Dirección de Salud Penitenciaria pase a la órbita del Ministerio de Salud Provincial, un viejo reclamo que mejoraría considerablemente las condiciones estructurales en que se encuentra actualmente el sistema. Frente a la emergencia es necesario proveer adecuadamente insumos para la prevención y medicamentos y es la cartera sanitaria quien debe controlar esto.
Por otra parte, la CPM-Mecanismo junto al CELS elevaron una nota a la Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCJB) en la que manifiestan la “imperiosa necesidad” de tomar medidas generales urgentes para la población carcelaria en relación al avance del coronavirus.
En los últimos meses la Corte bonaerense se ha manifestado en varias oportunidades reconociendo la crisis humanitaria que atraviesa el sistema de encierro. Es en este sentido que ambos organismos requieren ahora su intervención para profundizar esta línea que viene desarrollando.
Particularmente, la nota comparte con la SCJB la preocupación respecto de la imposibilidad de implementar dentro de los lugares de encierro la medida de distanciamiento social anunciada por el gobierno nacional como una de las principales recomendaciones para frenar el avance del virus. En un sistema de encierro que tiene, al menos, un 118% de sobrepoblación, con unidades que alcanzan más del 200%, el distanciamiento es evidentemente imposible.
Sobre este diagnóstico, la CPM-Mecanismo y el CELS solicitan a la Corte bonaerense “que adopte una resolución general que contenga medidas de organización y criterios concretos de actuación orientados a reducir de manera urgente la sobrepoblación existente y así prevenir que el virus ingrese y se extienda dentro de los lugares de encierro”. Y además que se establezcan “medidas concretas que garanticen el control judicial de las acciones de prevención e higiene que debe cumplir el personal que esté a cargo del resguardo los detenidos”.
Considerando los tiempos lentos que caracterizan la acción judicial y la necesidad de respuestas rápidas que la crisis exige, también se ha solicitado a la SCJB la creación de un comité de crisis que coordine la actividad en conjunto con el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público. Se entiende que resulta imprescindible que la Corte “asuma el liderazgo de este proceso y brinde instrucciones claras de cómo avanzar para el acceso a libertades y centralizar las decisiones judiciales para evitar la lentitud del caso a caso”.
Frente a esta grave crisis sanitaria, que podría tener un impacto severo en el sistema de encierro bonaerense afectando extendidamente a las personas detenidas y por ende a sus familias, la CPM insta a todos los poderes del Estado a trabajar de manera articulada, urgente y efectiva para generar condiciones que permitan contener el avance del virus garantizando la integridad de las personas.