justicia y seguridad democrática
Desde el año 2009, la CPM sostiene una línea de trabajo en clave de seguridad democrática: interviene en materia de seguridad pública y justicia con una perspectiva en derechos humanos que disputa con las políticas que proponen combatir el delito y las violencias con aumentos de penas, limitación de las excarcelaciones, saturación policial del territorio y límites a los derechos y garantías constitucionales.

Seguridad democrática significa cuestionar los postulados que orientan la intervención estatal hacia la acción represiva y el empoderamiento de las agencias policiales, e impulsar reformas democráticas en el sistema judicial y de seguridad conjugando el respeto irrestricto por los derechos humanos con iniciativas eficaces para abordar el fenómeno delictivo.

PROGRAMA DE MONITOREO TERRITORIAL DE LA VIOLENCIA POLICIAL 

 
Desde el año 2009, la CPM promueve una línea de trabajo en clave de seguridad democrática: interviene en materia de seguridad pública y justicia con una perspectiva en derechos humanos que disputa con las políticas que proponen combatir el delito y las violencias con aumentos de penas, limitación de las excarcelaciones, saturación policial del territorio y límites a los derechos y garantías constitucionales.
 
Seguridad democrática significa cuestionar los postulados que orientan la intervención estatal hacia la acción represiva y el empoderamiento de las agencias policiales, e impulsar reformas democráticas en el sistema judicial y de seguridad conjugando el respeto irrestricto por los derechos humanos con iniciativas eficaces para abordar el fenómeno delictivo.
 
Estas propuestas se sustentan en diálogo con diferentes fuerzas políticas, organizaciones sociales y expertos en la materia, y surgen a partir de insumos estadísticos y diagnósticos realizados en función de los análisis y experiencias de los diferentes actores. La importancia de generar estos insumos radica en que la producción de información oficial sobre delito y violencia en la provincia de Buenos Aires es una debilidad institucional (y estructural) que impide evaluar el impacto de las distintas políticas, analizar la relación entre la violencia y otras variables y tomar decisiones basadas en diagnósticos certeros.
 
Por eso, en 2011 se creó el Observatorio de políticas de seguridad de la provincia de Buenos Aires junto a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, para aportar argumentos y propuestas desde la investigación y la discusión pública.
 
Además desde el programa la CPM recibe, registra e interviene en casos de violencia policial asistiendo a víctimas y familiares.

 

PROGRAMA LITIGIO ESTRATÉGICO

A través del programa Litigio estratégico, la CPM representa judicialmente a víctimas de violaciones a derechos humanos y realiza veedurías de procesos judiciales como modo de luchar contra la impunidad y promover el real acceso a la justicia de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Se interviene en conflictos jurídicos con el objetivo de sistematizar el trabajo en un espacio estratégico para generar, a través del litigio, la discusión en el ámbito jurídico e incidir en los ámbitos legislativo y ejecutivo. Con este fin, la CPM vehiculiza presentaciones judiciales ante diferentes organismos nacionales e internacionales, intenta generar jurisprudencia que reconozca los derechos humanos y difundir ciertos conflictos. Además, de registrar las múltiples violencias de los operadores judiciales.

 

PROGRAMA SALUD MENTAL


El programa de  Salud Mental interviene en hospitales neuropsiquiátricos y otros lugares de alojamiento de personas con padecimiento mental para el efectivo cumplimiento de las leyes en la materia, la sanción de los responsables que incumplen con los protocolos establecidos y la implementación de políticas públicas que mejoren las condiciones de internación.

Al mismo tiempo, junto con otras instituciones, la CPM forma parte del órgano de revisión local de implementación de la ley de salud mental, desde donde se evalúan políticas de intervención que respalden y promuevan los derechos de personas con padecimiento mental.

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

El programa de Promoción y protección de los derechos de niños, niñas y jóvenes tiene el propósito de profundizar una línea de intervención institucional en clave de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Realizamos inspecciones en hogares, casas de abrigo, paradores, comunidades terapéuticas y centros cerrados, de recepción o contención. A partir de ese monitoreo, presentamos acciones individuales y colectivas para mejorar las condiciones de encierro.

Al mismo tiempo, se vincula con organizaciones de la sociedad civil y el universo académico, con el fin de trabajar en la efectiva implementación de la Convención sobre los derechos del niño y la Ley de promoción y protección integral de los derechos de los niños (13.298), de las que el Estado es el garante de su cumplimiento.

 

PROGRAMA CONTROL DE LA CORRUPCIÓN Y LA INTELIGENCIA ILEGAL

A partir de las inspecciones y denuncias hechas por personas detenidas o sus familiares, el programa releva e interviene en actos de corrupción e irregularidades cometidas por funcionarios penitenciarios, policiales y judiciales, como parte estructural de los esquemas de gobierno de los lugares de encierro y la gestión de los mercados ilegales en el territorio.
Asimismo, el programa hace un seguimiento de los servicios esenciales y de primera necesidad brindados en las cárceles por empresas privadas mediante contrataciones o licitaciones.
Desde el programa también se impulsa el seguimiento y promoción de la democratización del sistema de inteligencia y de los subsistemas de inteligencia criminal y provincial. E interviene como querellante, amicus curiae o como auxiliar de la justicia en causas de inteligencia ilegal.