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Una mujer detenida en la UP Nº 8 de Los Hornos falleció el sábado. El viernes, un hombre murió en una comisaría de Salto. En Barracas la policía de la ciudad asesinó a un joven de 22 años. Estas muertes se inscriben en un contexto de hacinamiento crítico y de incremento de la violencia ejercida por las fueras de seguridad en todos los territorios. La Comisión por la Memoria (CPM) advierte sobre este dato alarmante y exige a todos los poderes del estado medidas urgentes para revertir la situación.

Como viene denunciando la CPM, el colapso del sistema de encarcelamiento ha llegado a un punto crítico en el que predomina el hacinamiento, la falta de acceso a derechos básicos como la alimentación y la salud. Además, las condiciones de detención no garantizan una vida diga y la tortura es una práctica sistemática.

Todo esto provocó que las comisarías se saturen de detenidos que las cárceles no pueden recibir. El incremento de muertes de personas detenidas ha sido una de las consecuencias más importantes, particularmente en comisarías.

En este contexto se produjeron las muertes de este fin de semana. El sábado, murió Luisa Cienfuegos que estaba detenida en la Unidad Penitenciario Nº 8 de Los Hornos. En horas de la tarde había sido trasladada por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a una unidad sanitaria y allí falleció producto de una insuficiencia cardíaca según las fuentes oficiales. Sus compañeras relatan que venía padeciendo problemas de salud sin ser atendida de manera adecuada pese a sus reiterados pedidos. Luego de su muerte y ante el reclamo, la respuesta del SPB fue la represión y los traslados como castigo.

No se trata de un caso aislado. El 60% de las muertes que se producen en el encierro son producto de cuestiones de acceso a la salud y atención médica.

La Corte Suprema y  los organismos internacionales han expresado que las comisarías no son lugares aptos para la detención de personas. Tanto el Comité Contra la Tortura y el Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias  de la ONU como la Comisión Interamericana de derechos humanos, han advertido al Estado que debe dejar de alojar personas en estos lugares. En este marco, en marzo de este año se produjo la masacre de Pergamino en la que murieron 7 personas detenidas en la comisaría primera.

El estado provincial reconoce el problema, pero no toma medidas efectivas para resolverlo y anuncia reformas que nunca concreta. En las 432 dependencias policiales que existen actualmente hay 3010 detenidos de los cuales sólo 1039 tienen camastro. Es decir que 2 de cada 3 personas duermen sin colchones. En este contexto se duplicaron las muertes en comisarías.

El viernes pasado un hombre de 38 años se suicidó en la comisaría de Salto, donde permanecía detenido en el marco de una investigación por los delitos de desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, encubrimiento, infracción a la Ley 23.737 y portación ilegal de arma de fuego. Según explicó el comisario, ya habían recibido la orden del juzgado para trasladarlo a un penal pero estaban “aguardando cupo”.

Otro caso reciente ocurrió en Temperley. El 21 de junio un joven de 22 años se suicidó en la Comisaría tercera de San José ahorcándose con su remera. Había sido detenido 14 horas antes por disturbios en la vía pública, es decir una falta o delito menor. Según los vecinos, la policía les había dicho “lo llevamos para que se calme”. Ahora familiares y amigos reclaman justicia señalando la responsabilidad policial.

En los últimos cinco años murieron 43 personas en comisarías bonaerenses y junto a la falta de acceso a la salud, el suicidio es una de las causas más importantes. La responsabilidad del Estado es insoslayable.

Tanto la comisaría de Salto como la de Temperley están actualmente clausuradas, la primera por una orden judicial y la segunda por resolución ministerial. La CPM ya intervino en ambos casos con presentaciones en las fiscalías correspondientes y en asuntos internos del Ministerio de Justicia de la Provincia. Por el caso de la mujer del penal de Los Hornos, un equipo se encuentra trabajando en el lugar.

Mientras tanto, en el mismo fin de semana la policía de la ciudad de Buenos Aires asesinó a un joven de 22 años, en la esquina de Vélez Sarsfield y Santo Domingo, en el barrio de Barracas. Según testimonios de los vecinos la policía le disparó “a mansalva” cuando volvía de trabajar. Ayer hubo una movilización frente a la comisaría Nº 30 y sus familiares aseguran que se trata de un caso de gatillo fácil.

Estas muertes no son casuales, tienen su explicación en la violencia estatal que se asume como respuesta natural a la problemática del delito. Esto se profundiza con el incremento de procedimientos y prácticas policiales ilegales como las razzias en colectivos, la saturación policial en los barrios, los procedimientos donde ingresan en escuelas y universidades sin orden judicial y la reforma de leyes como la de ejecución penal, entre otras. Las promesas demagógicas de mayor seguridad siguen propiciando la violencia y la restricción de derechos. Los tres poderes del Estado son responsables de tomar las medidas efectivas para que no se produzcan más muertes.

 

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