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Hoy, en su sesión ordinaria, el Consejo federal de mecanismos locales para la prevención de la tortura designó por unanimidad a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como mecanismo local de prevención de la tortura de la provincia de Buenos Aires. La propuesta de designación había sido realizada por el Comité nacional de prevención de la tortura. Esta decisión es un reconocimiento al trabajo sostenido de la CPM en el control y monitoreo de lugares de encierro y políticas de seguridad, que el organismo viene realizando desde el 2002. Una labor, tal como lo indica el Protocolo facultativo de Naciones Unidas, realizada con absoluta independencia y autonomía del gobierno.

«Este es un paso más que damos para consolidar la tarea de lucha contra la tortura en las cárceles denunciando las graves violaciones de derechos humanos, sin importar el gobierno de turno», señaló el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Adolfo Pérez Esquivel.

La tarea de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad que la CPM realiza desde hace 17 años lo constituyó como un mecanismo preexistente de prevención de la tortura. En 2003 el Estado argentino adhirió al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y en 2012 se creó por ley el Sistema nacional de prevención de la tortura; sin embargo, la designación legal de la CPM como mecanismo de la provincia de Buenos Aires nunca se realizó hasta esta tarde.

El Consejo federal de mecanismos locales para la prevención de la tortura se reunió en sesión ordinaria para tratar, entre otros temas, la designación de la CPM. La propuesta fue votada de manera unánime por los y las representantes de los mecanismos de Misiones, Salta, Chaco, Mendoza, Corrientes y la Procuración Penitenciaria de la Nación.

“Este reconocimiento no hace más que fortalecer nuestro trabajo y el compromiso con las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Es una oportunidad más para seguir exigiendo una respuesta del Estado, porque no puede existir la tortura en Argentina ni en ningún país. La tortura es un acto inhumano y nosotros tenemos el desafío de humanizar la humanidad”, remarcó Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo—Línea fundadora e integrante de la CPM, a la salida de la sesión ordinaria del Consejo Federal.

Además de Nora Cortiñas, la sesión realizada en el anexo del Congreso de la Nación contó con la presencia de los integrantes de la CPM Víctor de Gennaro, Susana Méndez, Víctor Mendibil, Dora Barrancos, Roberto Cipriano García y la directora general del organismo, Sandra Raggio. También acompañó a la CPM el secretario de DDHH de la Asociación Judicial Bonaerense, Mariano Fernández.

En septiembre pasado, tal como está previsto en la ley nacional 26.827, el Comité nacional de prevención de la tortura había aprobado por amplia mayoría proponer a la CPM como mecanismo local de prevención de la tortura de la provincia de Buenos Aires. Propuesta, a su vez, que había sido acompañada por más de 40 organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales y políticas. Esta decisión debía ser ratificada, como ocurrió, por el Consejo federal.

Antes de llegar a esta instancia, la CPM había reclamado al gobierno y la Legislatura provincial que designara el mecanismo como lo ordena la ley votada en 2012 y, en este caso, se reconozca legalmente la tarea que el organismo venía realizando como mecanismo preexistente. La designación provisoria votada por el Consejo federal viene a subsanar esta falta de respuesta por parte del Estado bonaerense. A partir de hoy, el secretario del organismo, Roberto Cipriano García se incorpora como miembro pleno del Consejo. Este nuevo reconocimiento a la labor de la CPM debe impulsar la designación definitiva del organismo con el dictado de una ley provincial.

“El reconocimiento a la Comisión -debe destacarse- fue un gran acto de justicia, y un paso necesario en la labor que, con tanto empeño y compromiso, venimos realizando. La designación provisoria es un paso, pero desde ya necesitamos la ley y estaremos bregando por eso”, dijo la integrante de la CPM Dora Barrancos. Y agregó: “La Comisión posee una tradición invalorable en esta materia y, en los nuevos cauces que tome la futura gestión de gobierno, será imprescindible dotar a estos mecanismos de mayor capacidad para la prevención”.

Desde hace 17 años, cuando la CPM comenzó a realizar la tarea de control y monitoreo de los lugares de encierro, realizó más de 1.500 inspecciones a cárceles, alcaidías, comisarías, cárceles para jóvenes y neuropsiquiátricos, 45.000 expedientes de víctimas de torturas o malos tratos y otras 2.400 intervenciones jurídicas contra la violencia policial. En este tiempo, presentó 13 informes anuales cada uno de los cuales fue registrando la grave crisis humanitaria en el sistema de encierro.

La designación como mecanismo local es un reconocimiento a esa larga trayectoria, labor que la CPM realizó respetando los estándares internacionales de monitoreo, y los principios de autonomía funcional y financiera que le otorgan capacidad de control sobre los poderes que deberían trabajar para erradicar la tortura.

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