La Comisión por la Memoria (CPM) patrocina a las familias de Danilo (13) y Camila (13), dos de las cuatro víctimas fatales de la masacre de Monte ocurrida la madrugada del lunes pasado. Mientras crece la movilización de familiares y vecinos en reclamo de justicia, ya son 11 los agentes de la bonaerense desafectados, de los cuales 8 están detenidos. Nuevos testimonios y denuncias permiten corroborar que el asesinato de estos 4 jóvenes se inscribe en una larga trayectoria de violencia policial en la localidad. La CPM participó jueves y viernes de las marchas realizadas en la comunidad y el sábado a la mañana del acto en la plaza principal junto a Nora Cortiñas, Madre de plaza de Mayo e integrante del organismo.

La masacre de Monte es un nuevo hecho de violencia policial de extrema gravedad que ocurre en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de la gobernadora Vidal. La CPM viene alertando sobre la situación estructural y sistemática de estas violencias que forman parte de una cultura institucional de las fuerzas de seguridad, en el marco de las políticas de mano dura alentadas por la doctrina Chocobar que promueve y sostiene el gobierno de Mauricio Macri. La masacre de Monte es la consecuencia de esas políticas irresponsables, ineficaces y cuyo costo se expresa en muertes y torturas de miles de jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad. 

Por esto, la CPM patrocinará legalmente a familiares de Danilo (13) y Camila (13). Además, trabajará en la contención y acompañamiento del resto de las familias. El jueves y viernes por la tarde la CPM estuvo presente en la movilización que se realizó en Monte, y ayer sábado a la mañana acompañó el acto realizado en la plaza local donde se manifestaron más de 700 personas. Allí participó Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo e integrante de la CPM, Sandra Raggio, directora general de áreas, y Roberto Cipriano García, secretario coordinador de la mesa ejecutiva, junto a referentes de otros organismos como la CORREPI.

Tras la masacre que terminó con la vida de cuatro jóvenes salieron a la luz numerosos testimonios de vecinos que permiten inscribir lo sucedido en una larga trayectoria de violencia policial de la que toda la comunidad es víctima. Hostigamiento, persecución, torturas, sobornos, son algunas de las figuras que se identifican en las denuncias.

Por esta razón, la CPM ha decidido no sólo acompañar a las familias de las víctimas sino también a la comunidad de Monte en general. El organismo relevará y elaborará un informe sobre la vulneración de los derechos humanos padecen las vecinas y vecinos por parte de las fuerzas policiales, con el objetivo de presentar, a la brevedad, un diagnóstico que de cuenta de la  sistematicidad de estas prácticas.

Por el momento, son ocho los agentes policiales detenidos: Ecilape Leonardo, García Rubén, Domínguez José, Ibáñez Mariano, Righero Cristian, Gutiérrez Juan, Monrreal Manuel, Blanco Melina. Ademas de ellos, también fueron desafectados: Ángel Oscar, Durán José y Micucci Julio. Mientras tanto, otros cuatro fueron desplazados administrativamente.

La celeridad de las actuaciones en este sentido no sólo confirman la gravedad de lo sucedido, también dan cuenta de la valiosa participación de los vecinos en el reclamo de justicia y la participación activa en las calles y también en el involucramiento para esclarecer la verdad con sus valientes testimonios y pruebas aportadas. Esta movilización popular fue clave para torcer la primera versión policial sobre lo sucedido que intentaba hacer pasar como accidente este crimen horrendo.

Una vez más, la CPM exige una investigación profunda que condene a los responsables materiales y políticos, pero además exige al Gobierno provincial que asuma las responsabilidades estructurales que generan las condiciones de posibilidad de estos crímenes que son perpetrados por el Estado y por lo tanto constituyen una clara vulneración de los derechos humanos.

No se trata de un caso aislado: la masacre de Monte es el emergente más aberrante y doloroso de una cruda realidad que padecen sistemáticamente las y los bonaerenses, como resultado de una política de seguridad que sólo promueve la saturación policial en los territorios, el uso indiscriminado de la violencia y la impunidad para los integrantes de las fuerzas.

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