Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la
Provincia de Buenos Aires (Ley Nacional 26.827)

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) invita a participar de la mesa debate “La responsabilidad empresarial en la represión a las y los trabajadores” que se realizará el próximo jueves 7 de junio a las 18 horas en el Museo de Arte y Memoria (calle 9 N 984, La Plata). Estarán presentes referentes de distintas causas por delitos de lesa humanidad y de la lucha sindical contra la dictadura. Además, se entregarán a los hijos de Germán Abdala los documentos que la DIPPBA elaboró sobre el militante sindical y político. 

La última dictadura cívico-militar impuso un plan económico centrado en la valorización financiera que implicó un profundo proceso de desindustrialización, caída del empleo y del poder adquisitivo de los sectores populares. La implementación de este modelo se realizó a fuerza de represión: el 32 % de los desaparecidos durante el terrorismo de Estado eran obreros fabriles. Esta represión que no hubiese sido posible sin la complicidad empresarial y sin las acciones de inteligencia.

Avanzar en la condena de estas responsabilidades es fundamental para fortalecer el proceso judicial por delitos de lesa humanidad, y las políticas de memoria, verdad y justicia. Desde la gestión del archivo de la DIPPBA, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ha realizado aportes en todos los juicios y viene trabajando para impulsar estas causas; en el caso de las acciones de inteligencia de DIPPBA, como querellante de la causa.

En ese marco, la CPM realiza la mesa debate La responsabilidad empresarial en la represión a las y los trabajadores con la participación de Analía Fernández, de H.I.J.O.S. Buenos Aires (San Vicente) y querellante en la causa Molinos Río de La Plata; Ricardo Sadava, delegado de Astillero Río Santiago en 1976; Tomas Ojea Quintana, abogado de los trabajadores en el juicio por crímenes de lesa humanidad en la empresa Ford; y Lily Galeano, de H.I.J.O.S. Buenos Aires (La Matanza) y testigo en la causa por crímenes de lesa humanidad Brigada de San Justo donde se juzgan las desapariciones de obreros y delegados telefónicos (FOETRA). La mesa será coordinada por el referente sindical y miembro de la CPM Víctor De Gennaro.

Durante el acto, familiares de Germán Abdala recibirán los documentos del espionaje de la DIPPBA al dirigente sindical y político. El informe contiene 26 fojas correspondientes a las tres fichas personales que tiene Abdala en el archivo, la primera de ellas de 1990 donde figura como antecedente social: “Grupo de los Ocho (Disidentes)”. En 1989 había sido electo diputado nacional en las filas del Partido Justicialista y, al poco tiempo de asumir la banca, él y otro siete dirigentes se distanciaron del gobierno de Menem en desacuerdo con su política neoliberal y de privatización. Desde 1984 hasta su muerte en 1993 fue secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal y participó de la formación de la Central de Trabajadores de la Argentina.

Tanto la mesa como la entrega de documentos a los familiares de Germán Abdala se realizan en el marco de la muestra Resistencia obrera. Las luchas contra el neoliberalismo que, con documentos de la DIPPBA, material de archivo y datos estadísticos, recorre tres décadas de luchas y resistencias del movimiento obrero. Desde el mes de mayo y hasta el inicio de las vacaciones de invierno, la muestra puede visitarse de martes a sábado en el Museo de Arte y Memoria de la CPM (calle 9 N 984, La Plata) y pueden solicitar visitas guiadas al correo museo@comisionporlamemoria.org

Disciplinamiento y resistencia: el mundo de los que luchan

Los legajos de la DIPPBA que forman parte de la muestra de la CPM permiten reconstruir la mecánica de destrucción impuesta por los perpetradores del terrorismo de Estado. En esos años, las fuerzas armadas y de seguridad incrementaron las acciones de inteligencia sobre el movimiento obrero, desde la CGT hasta los cuerpos de delegados. Los establecimientos industriales y las fábricas fueron sometidos a la vigilancia con el fin de captar el conflicto en el lugar de trabajo. La información producida se volvió imprescindible a la hora de actuar sobre las y los trabajadores a los que se identificaron como “blanco a eliminar”. Estas acciones todavía hoy no han sido juzgadas.

En los mismos legajos de la DIPPBA existen pruebas de la complicidad y colaboración de los dueños y funcionarios de las empresas con las agencias de inteligencia para la identificación de de los trabajadores comprometidos con las luchas obreras. Sin embargo, en el marco de los procesos de justicia por delitos de lesa humanidad, poco se ha avanzando en las responsabilidades empresariales por estos crímenes: sólo un ejecutivo de la empresa La Veloz del Norte de Salta fue condenado hasta el momento.

Esos mismos archivos permiten reconstruir también las historias de los trabajadores y trabajadoras que resistieron, lucharon por sus derechos y denunciaron la política genocida del gobierno militar desde el primer momento. A los pocos meses del golpe de Estado, a pesar de la intervención de la CGT y la prohibición de la actividad sindical, el movimiento obrero logra articular una semana de lucha entre el 17 y el 24 de diciembre de 1976.

Huelgas parciales, trabajo a desgano, interrupciones de tareas, acciones de luchas que impedían la identificación de los delegados gremiales, difusiones de escritos artesanales que circularon de mano en mano fueron algunas de las estrategias de resistencia para romper el silencio y el disciplinamiento. Esas acciones anónimas cimentaron las bases para las grandes movilizaciones de 1979, 1981 y 1982 que reclamaban la libertad de los presos políticos, denunciaban las desapariciones y la brutalidad del plan económico.

Las profundas transformaciones económicas instauradas por la dictadura militar sobrevivieron a su fin. Golpeado por las pérdidas personales, el movimiento obrero también sobrevivió. Las décadas de los 80 y 90 serán el escenario de nuevas protestas y movilizaciones para resistir al modelo neoliberal. La DIPPBA mantuvo durante todos los años de la democracia la vigilancia sobre el factor gremial.

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