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Frente a la represión llevada a cabo por el gobierno de Jujuy contra los trabajadores que reclamaban por la reincorporación de 400 compañeros despedidos y la detención de 21 de ellas (de los cuales aún dos permanecen detenidas), la CPM demanda el cese de la represión contra los trabajadores, y la resolución pacífica y dialogada de los conflictos sociales.

La utilización de diversas figuras del código penal para detener a los trabajadores da cuenta de la decisión de profundizar el conflicto, en lugar de adoptar el camino del diálogo y la discusión democrática para resolverlo.

La detención, entre ellos, de dirigentes del Sindicato de Obreros del Ingenio La Esperanza y un comunicador de prensa de la Red Nacional de Medios Alternativos es otra señal que alerta sobre la gravedad de los hechos ocurridos.

El Estado debe resolver los conflictos sociales sin represión y sin criminalizar a los trabajadores que defienden su trabajo.

Sólo mediante el diálogo se fortalece la democracia.

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