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Jonathan Parraguez había sido detenido el 8 de agosto en la comisaría 5ª de Esteban Echeverría y recuperó la libertad a los pocos días, pero la familia no supo nada de él y denunció su desaparición. La causa por averiguación de paradero prácticamente no tuvo movimiento. Esta semana, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se entrevistó con la familia, vio el expediente y pidió que se revise un dato: el domicilio que Jonathan dejó asentado la última vez que compareció ante la justicia en octubre pasado. En ese mismo lugar, donde funciona un centro de rehabilitación en adicciones, lo encontraron ayer. Era un dato que estaba en la causa desde el primer momento pero no fue constatado por funcionarios judiciales ni policiales.

Jonathan Parraguez tiene 29 años y problemas de adicciones; el 8 de agosto pasado fue detenido por un intento de robo y trasladado a la comisaría 5ª de El Jagüel. Pocos días después, el 13 de agosto, recuperó su libertad mientras continuaba la investigación a cargo de la UFI 2 descentralizada de Esteban Echeverría. La familia de Jonathan no tuvo nunca documentación alguna de su liberación y el joven decidió, por sus propios medios y sin comunicar a nadie, internarse en un centro de rehabilitación para el tratamiento de sus adicciones.

Ante la ausencia de Jonathan, la familia denunció su desaparición y radicó la denuncia en la UFI 1, que inició una investigación por averiguación de paradero. El caso tomó repercusión pública la última semana cuando familiares, amigos y amigas del joven decidieron realizar cortes en la ruta provincial 205 y en las vías del tren Roca, a la altura de la estación El Jagüel.

Esta semana, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se entrevistó con la hermana de Jonathan y tomó conocimiento de la existencia de un “incidente de excarcelación” en el Juzgado de Garantías 2 Descentralizado de Esteban Echevarría, en el marco de la causa que dio lugar a la detención. El 2 de octubre, Jonathan se presentó a notificarse de su liberación; en ese momento, informó un teléfono celular y dejó asentado como domicilio un hogar comunitario en González Catán.

Con estos datos, la CPM realizó una presentación ante la UFI 1, que investigaba el paradero del joven, para que se informe la situación procesal de la causa y las medidas que se tomaron para corroborar los datos aportados por Jonathan en la causa que está imputado. También realizó otras dos presentaciones ante la Auditoría de Asuntos Internos y la fiscalía general de Lomas de Zamora.

Tras la entrevista con la CPM, la familia también insistió en que se corrobore el domicilio en González Catán; ayer un grupo de la DDI fue hasta la dirección del hogar comunitario asentado en el acta del incidente de excarcelación, donde efectivamente estaba Jonathan.

Los funcionarios judiciales y policiales tenían el dato para encontrar al joven desde el 2 de octubre, pero no hicieron nada por corroborar la información: la desidia de los agentes no sólo generó un profundo dolor y angustia en la familia, sino también que permitió que se propagaran un montón de hipótesis sobre su desaparición.

La deficiente instrucción en este hecho no admite ninguna defensa: las dos fiscalías que intervinieron forman parte del mismo departamento judicial, pero no pudieron constatar la información que tenían en uno y otro expediente; incluso, según trascendidos, en la causa que investiga el robo por el que fue detenido Jonathan habrían ido previamente al lugar pero se volvieron diciendo que no funcionaba allí ninguna comunidad terapéutica.

Este hecho es el emergente de un sistema judicial y policial que, concentrado en la gestión y gobierno de los segmentos más pobres y los mercados ilegales de los territorios bonaerenses, ha dejado de lado su misión institucional de investigar. A esto se agrega la falta de coordinación de los organismos judiciales, la estigmatización de las personas encarceladas y una gran desprofesionalización.

Tal como venimos advirtiendo, la persecución penal en la provincia de Buenos Aires viene funcionando en base a la captación de los segmentos más débiles de las cadenas delictivas. El esquema es de delegación absoluta por parte de los fiscales en los agentes policiales. Esto, por un lado, posibilita el despliegue de prácticas ilegales y arbitrarias y, por el otro, propicia un sistema de justicia alejado de su rol de investigación en materia criminal.

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