Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la
Provincia de Buenos Aires (Ley Nacional 26.827)

La CPM expresa su rechazo ante la orden del juez Fernando Perillo de autorizar el ingreso de personal policial a la Casa de la Madres con el objetivo de inventariar el archivo histórico que alberga documentos de gran valor para la sociedad toda y las futuras generaciones registrando más de 42 años de la intensa lucha de la Asociación.

Los acervos documentales de los organismos de derechos humanos – muchos de ellos reconocidos por la UNESCO como parte de la Memoria del Mundo – son patrimonio político, social y cultural de nuestra sociedad democrática.

Su preservación implica no solo la protección de los acervos para evitar su ocultamiento y destrucción, sino la no enajenación del patrimonio de quienes lo produjeron, en este caso la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

No hay fundamento jurídico alguno para que en el marco de una causa judicial civil y comercial, se intente despojar a las Madres de los documentos que registran su historia, y de ninguna manera puede justificarse su expropiación por parte del estado, quien, como responsable de los crímenes perpetrados durante la dictadura, hoy tiene el deber ineludible de reparar a quienes fueron y siguen siendo sus víctimas.

No es este el camino, sino por el contrario, es un agravio más, para quienes padecieron el terrorismo de estado.

Exigimos que cese este hostigamiento y se garantice el pleno dominio del Archivo a las Madres, quienes han sido sus constructoras en la larga lucha por la Verdad, la Justicia y la Memoria.

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