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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que crea el Servicio Cívico Voluntario en Valores, a cargo de la Gendarmería Nacional. La medida busca poner en manos de las fuerzas de seguridad las políticas de niñez y adolescencia sin intervención de los organismos de promoción y protección de sus derechos. La Gendarmería Nacional, que en sus funciones policiales viola sistemáticamente los derechos humanos y ha sido elegida por esta gestión para la represión de la protesta y los conflictos sociales, no puede ser garante de los valores de la democracia. Por todo esto, la CPM rechaza esta nueva resolución demagógica e irresponsable que sólo busca fortalecer el control social por medio de las agencias punitivas del Estado y alimentar un sentido común autoritario que persiste en nuestra sociedad. 

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza la resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad de la Nación que crea el Servicio Cívico Voluntario en Valores donde la Gendarmería Nacional llevara adelante políticas de promoción y protección de adolescentes y jóvenes. La iniciativa es irresponsable, demagógica y pretende conmover cierto sentido común autoritario que orienta las políticas de seguridad: más control y presencia de fuerzas militarizadas como garantes de valores democráticos.

Según el texto de la resolución ministerial, el Servicio Cívico Voluntario está dirigido a jóvenes de entre 16 y 20 años con el objetivo de “brindar capacitación en valores democráticos y republicanos”. Con esta iniciativa, el Ministerio de Seguridad se arroga una competencia que no le corresponde y define una política para la niñez y adolescencia sin consultar los organismos creados por el Estado con este fin. No se educa para la democracia delegando en fuerzas militarizadas la formación de los jóvenes sino en la profunda transformación de estas fuerzas de seguridad que son autoritarias, violentas y desprofesionalizadas.

La CPM viene advirtiendo desde hace tiempo la falta de implementación de la ley 26.061 (Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes): son los organismos, entidades y servicios creados por esta ley quienes deben diseñar y ejecutar políticas públicas destinadas a la promoción, protección y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El espíritu de esta ley, en consonancia con las normativas y recomendaciones internacionales, aboga por resolver teniendo siempre presente el interés superior del niño a partir de la intervención social del Estado.

Lamentablemente, el Estado no garantiza el funcionamiento de los dispositivos de atención y contención previstos tanto por la ley nacional 26.061, como por su par provincial 13.298, vaciando de recursos materiales, humanos y económicos el sistema de promoción y protección. Frente a esto, fortalece una impronta represiva y un discurso punitivista que justifican la intervención de las fuerzas de seguridad como única política pública para la niñez. Esta iniciativa no soluciona ninguno de los problemas que pretende resolver.

Como ya señaló la CPM en reiteradas oportunidades ante el anuncio de este tipo de iniciativas demagógicas, la función simbólica y práctica de estas políticas implica la militarización de la seguridad, el fortalecimiento de la faz represiva y violenta del Estado y el debilitamiento de los derechos y garantías. Se cristaliza así una idea de comunidad y convivencia basada en el control y disciplinamiento social que refuerza el rol de las agencias punitivas del Estado en desmedro de las de promoción y protección de derechos.

El Estado debe garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; para tales fines es necesaria la existencia de recursos económicos y humanos suficientes, y políticas sociales integrales que contribuyan al abordaje de la pobreza estructural y la desigualdad, en clave de promoción y protección de derechos.

Las políticas de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes en manos del Ministerio de Seguridad y la Gendarmería son un claro retroceso para nuestra democracia. Pensar a las fuerzas militarizadas como garantes del orden y los valores es retroceder 40 años y volver a los momentos más oscuros de nuestra historia.

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