Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la
Provincia de Buenos Aires (Ley Nacional 26.827)

La declaración de pandemia por parte de la OMS, ante la difusión del coronavirus (COVID 19), ha obligado a la toma de decisiones excepcionales en materia de política sanitaria. Nuestro país ha decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda la población, salvo las personas exceptuadas que realizan tareas esenciales. Esto ha implicado la prohibición del libre tránsito, la no concurrencia a los espacios educativos, la prohibición de actos públicos políticos, sociales y culturales, la imposibilidad de realizar eventos sociales privados, entre otras tantas.

Estas medidas han estado sostenidas, justificadas y legitimadas por argumentos sólidos desde la perspectiva científica y sanitaria, y han contado con el apoyo de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y también de sindicatos, organizaciones sociales, iglesias y sectores empresarios. Es decir, no sólo son legítimas sino que cuentan con un amplísimo consenso social y político.

Las medidas tomadas por el gobierno han tenido una vasta aceptación y acatamiento consciente y voluntario por parte de la población. Esto indica que, siendo medidas que restringen, determinan y controlan nuestras prácticas habituales, y que son de soberanía individual incontrastable, la sociedad las adoptó pues comprende que resultan imprescindibles para garantizar la vida como bien común.

Sin embargo, habiendo transcurrido más de 20 días de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, creemos necesario señalar algunas cuestiones que no deben ser soslayadas aún en un contexto excepcional como éste.

El aislamiento se inscribe en la desigualdad

No todas las personas tienen recursos y posibilidades de sostener el aislamiento social con pleno acceso a los bienes de consumo para transitarlo con dignidad y bienestar, o sin la escasez de elementos vitales como la alimentación, productos de higiene, y  sobre todo una vivienda que permita “quedarse en casa”. El estado debe fortalecer las políticas de inclusión y de sostén de aquellos sectores que viven en situación de calle o bien “de la calle” para la sobrevivencia (cartoneros, cuidacoches, etc.)   

Aun quienes así pueden hacerlo, la sociabilidad familiar a la que se ven restringidas muchas personas no constituye una red de resguardo sino todo lo contrario. Muchos hogares están atravesados por violencias que ponen en serio riesgo la vida y la integridad de mujeres y niños. Las múltiples conflictividades familiares en este contexto cuentan con menos recursos comunitarios, estatales y sociales para abordarse.

No estamos en guerra: es posible garantizar las medidas de aislamiento sin violencias ni autoritarismo

La obligatoriedad del aislamiento ha implicado el despliegue de dispositivos securitarios de control, vigilancia y represión, extendiendo en todo el territorio el accionar de fuerzas de seguridad que en sus prácticas rutinarias suelen violar marcos normativos y constitucionales.

Nuestro país no sólo tiene una historia signada por el terrorismo de estado durante la última dictadura militar. También en democracia permiten prácticas sistemáticas de tortura y malos tratos en el despliegue territorial de esas fuerzas, que incluyen casos de gatillo fácil y muertes bajo cuidado del estado.  

Esto es mas preocupante aún hoy, puesto que la gestión anterior alentó las mismas, a través de protocolos, recomendaciones y en el plano simbólico en lo que se dio en llamar “la doctrina Chocobar”. La represión a la protesta social, como la ocurrida con los trabajadores del frigorífico Penta en Quilmes, nunca debe ser el camino para la resolución de la conflictividad social. Por eso deben desplegarse todas las acciones de resguardo y prevención para que no ocurran. Las sanciones deben ser aplicadas con celeridad y el mensaje desde la conducción de la fuerza debe ser muy claro.

Otra cuestión ligada a ésta remite a desbordes sociales de tipo autoritario que hay que disuadir con un discurso oficial que no sólo aliente el cumplimiento de las medidas sino que oriente el clima social hacia la solidaridad, la templanza y la pedagogía del cuidado más que la del control y la delación.

Con preocupación observamos una práctica que ha comenzado a diseminarse: el despliegue de mecanismos sociales y vecinales de control de los que circulan por la vía pública y/o son vistos por algunas de sus conductas como infractores de la orden de aislamiento. Esto se ha manifestado incluso de manera extrema en mensajes hostiles y agresivos a personal de la salud, que algunos barrios fueron considerados como focos de contagio que deben expulsarse.  

A esto se agregan decisiones de gobiernos municipales o provinciales que con “toques de queda”, cortes de rutas y accesos a ciudades suman acciones arbitrarias e inconstitucionales a esta clima vigilante y sancionatorio. Y también preocupa que se estén desplegando investigaciones estatales de “cibervigilancia” en las redes sociales, sin protocolos claros que garanticen el derecho a la privacidad y al resguardo de datos personales.

Estos “desbordes” en las funciones de control y vigilancia, deben cesar y no ampliarse. De persistir provocaran marcas muy profundas en la trama social ya debilitada por años de neoliberalismo e individualismo y atentaran con la gestión de esta crisis, que deberemos transitar por un tiempo prolongado. Este recorrido debe realizarse de manera pacífica y armónica, afianzando las redes comunitarias de solidaridad y ayuda con los que menos tienen, pues sin dudas la pandemia ya ha generado y seguirá generando mucho malestar, miedo y dolor en nuestra sociedad. Las diferentes posibilidades de transitar este camino están vinculadas también a la desigualdad y la pobreza.

En este sentido, deberían abandonarse las metáforas de la guerra que se esgrimen desde distintos emisores de mensajes públicos. Estamos ante una pandemia producida por un virus, y las medidas que se toman son de cuidado comunitario. No hay enemigos, y mucho menos lo son aquellos que padecen la enfermedad ni tampoco los miembros de la comunidad que trasgreden las medidas. Estos son infractores que deben ser persuadidos y si persisten sancionados con la gradualidad que las leyes vigentes indiquen, pero sin estigmatizaciones generalizantes que más que promover el cumplimiento alientan la desagregación social, la violencia y el “sálvese quien pueda.”

La violencia policial registrada en el marco de los operativos de control se ha perpetrado sobre las poblaciones más vulnerables, cuya supuesta transgresión del aislamiento, en muchos casos, ha estado relacionada con la búsqueda de alimentos y otros elementos básicos. Es decir, allí donde el estado ha desplegado las acciones de asistencia y protección las prácticas policiales detectadas han ido en sentido contrario y con un alto contenido moralizante del acto policial violento, como pedagogía de la crueldad y el escarmiento. Esto ha tenido como víctimas también a niños y adolescentes.

Además de estos toques de queda ad hoc, ilegales, más graves que el incumplimiento de la cuarentena, hemos detectado prisiones domiciliarias ad hoc por parte de la policía. Luego de procesar a una persona por transgresión del aislamiento, las confinan a «prisión domiciliaria”, controlando periódicamente en la vivienda sí cumple o no el encierro, sin ninguna orden judicial en este sentido.

La muerte de  Florencia Morales en la comisaría 25 de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis, es un hecho extremo y una  alerta clara que debe ser escuchada por los gobiernos. La emergencia sanitaria es para salvar vidas, no para ponerlas en peligro ni para cercenar derechos.

Por una pedagogía del cuidado y un estado presente.

Estas observaciones y alertas que planteamos se amparan en la convicción de que es posible abordar este momento excepcional y de crisis, tal como se está haciendo de manera procedente en tanto política sanitaria, en el marco del  cumplimiento pleno de las garantías constitucionales. Las restricciones establecidas son sólo a los efectos de cuidar la salud y la vida de la población, no para desplegar dispositivos de control y vigilancia, tanto estatales como sociales, con el objetivo de enderezar a los “desviados” o los “asociales”.

Las metáforas biomédicas utilizadas en política, han sido paradigmáticas en los momentos más trágicos de la historia de la humanidad, la imagen del bacilo, del parasito, o del cáncer han sido utilizada más de una vez para identificar a los “enemigos».

No es necesario entonces instalar la imagen de la guerra, ni el escarnio, la persecución y estigmatización de los infectados de un virus real y no metafórico, que produce enfermedad y muerte.

Debemos seguir apelando a la pedagogía del cuidado, a la comunión orgánica de la sociedad en búsqueda del bienestar de todes. Hay claras muestras de que es el camino más firme que estamos transitando. Velar porque ésta sea la dirección que sigamos es un compromiso para sostener día a día.

En los momentos más difíciles, la memoria, la democracia y los derechos humanos nos vuelven a marcan el camino. Estamos esperanzados que así será, pero para ello debemos estar alertas frente a las señales del autoritarismo y la intolerancia, que también emergen y se profundizan en tiempos difíciles y de crisis. La salida de la pandemia es colectiva y no individual, con un estado fuerte y presente que promueva la igualdad social y el bienestar de todes.

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