Historias DIPPBA | A 35 años del juicio a las Juntas Militares

El 22 de abril de 1985 se realizaba la primera audiencia del juicio a las Juntas Militares, llegaba el tiempo de la justicia. Sobrevivientes, familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y organismos de derechos humanos habían reclamado, desde la vuelta a la democracia, la condena de los crímenes de lesa humanidad y que sean jueces civiles los que juzgaran estos hechos. En la previa del inicio del juicio, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) elaboró un informe que ofrece apreciaciones sobre cómo la sociedad y los distintos actores del litigio esperaban el debate oral y público: un recorrido desde la estrategia militar y el pacto de silencio castrense hasta los intentos de boicot de grupos nacionalistas.

La búsqueda sobre el juicio a las Juntas Militares en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) arroja un único resultado: el legajo 23.035 de la mesa Ds “Delincuentes subversivos”, que se inició el 10 de abril de 1985 y tiene sólo siete fojas. En ellas hay un detallado informe de situación: cuáles eran los actores en torno al juicio, cuáles sus estrategias y posturas, y cuál era la reacción de la sociedad en la previa del debate oral y público.

Hace 35 años, el 22 de abril de 1985 se realizaba la primera audiencia del juicio a las Juntas Militares. 17 meses después de la recuperación de la democracia, la justicia civil iba a juzgar a los integrantes de las tres juntas militares que ocuparon el poder entre el 24 de marzo de 1976 y la guerra de Malvinas en 1982.

Conocida como “Causa 13”, la instrucción había estado a cargo primero del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas pero, ante la demora injustificada de la justicia militar, la Cámara Federal desplazó al tribunal castrense y continuó con la investigación. Antes el Congreso había sancionado la ley 23.049 de reforma del Código de Justicia Militar.

“Según agudos observadores políticos, cuando se debatió el tema de la reforma al Código de Justicia Militar, los parlamentarios intervinientes enfocaron el caso bajo un aspecto más político que jurídico y que, a posteriori, el jefe de Estado trató de despolitizar el juicio con el propósito de no otorgar el carácter de juicio a las FFAA en su conjunto, sino sólo a aquellos que tuvieron la responsabilidad en esa instancia de conducirlas”, señala la DIPPBA en el informe previo al juicio. Y agrega que el entonces jefe del Ejército, Jorge Arguindegui, también dio a entender que “el tema tiende a convertirse en político”.

Lo cierto es que, hasta ese momento, el Consejo Supremo sólo había tomado indagatorias y dictado la prisión preventiva de Emilio Massera. La falta de voluntad de condenar estos crímenes por parte de la justicia castrense era evidente; la decisión de la Cámara Federal desmontó esa trama de impunidad. Desde entonces, y hasta el final del juicio, la defensa de los represores desechó la competencia de la justicia civil para juzgar sus acciones.

El boicot de la derecha nacionalista

El legajo 23.035 que contiene el informe de situación de la DIPPBA se había iniciado ante los rumores de posibles actos de sabotaje: “Accionar disolventes de grupos de ultra-derecha y nacionalistas, en oportunidad al juicio de la junta militar” es el asunto que figura en la portada del legajo. Con el objetivo de seguir ese evento, aparece escrita a mano, la siguiente leyenda: “Esperar hasta el viernes”.

Como se señaló, la primera foja de ese informe es del 10 de abril, es decir 12 días antes de la primera audiencia. Según información que obtuvo la DIPPBA, el objetivo de los grupos nacionalistas era que el juicio se realice sin la intervención pública, “debido a que asistirán agrupaciones de tendencias izquierdistas que incidirán en perjuicio de los militares juzgados”.

Un día después el memorándum producido por el Jefe de delegación DIPPBA San Martín y dirigido a la Dirección General, bajo el asunto “Juzgamiento de los integrantes de las juntas militares de gobierno”, amplía la información sobre las intenciones de los militantes nacionalistas e, incluso, señala la posibilidad de que existan enfrentamientos, tanto en el recinto del tribunal como las inmediaciones del palacio de justicia, si las acciones de boicot se concretaban.

Por disposición de la Cámara Federal, las personas que quisieran presenciar la audiencia de apertura del juicio debían ir un día antes a buscar su tarjeta de acceso al palacio de justicia. Según la DIPPBA, las organizaciones nacionalistas integrantes del Movimiento Nacional de Restauración tenían la intención de monopolizar esas tarjetas para “producir alboroto y/o disturbios tendientes a la interrupción del proceso”. O bien, “permanecer en los accesos con el evidente propósito de impedir el acceso del público, muy especialmente de los sectores enrolados en la izquierda y por supuesto de las organizaciones de los derechos humanos, gestoras en todos los órdenes, de este tipo de procesos judiciales”.

Siempre de acuerdo a la información obtenida por la DIPPBA a través de una “fuente normalmente confiable”, para las organizaciones nacionalistas “el juzgamiento público denota un prejuzgamiento elaborado por las entidades de izquierda y encubiertas bajo las distintas denominaciones de derechos humanos”.

Las organizaciones que buscaban boicotear el proceso de justicia también argumentaban que el “juicio ha sido montado para ocultar, por parte del Gobierno Nacional, los afligentes problemas a nivel socio-político-económico soportado por la Nación y efectuando así una maniobra de distracción sobre tal situación”.

En este punto, la postura de los grupos nacionalistas coincide bastante con la apreciación que el jefe de delegación DIPPBA San Martín hace al final del detallado informe político previo al inicio del debate oral y público: “[Para la población] es ya un episodio más que concita la atención por las grandes presiones existentes y la desmesurada publicidad en torno al evento; pero se destaca que el grueso de la ciudadanía se encuentra mucho más preocupada y atenta a los conflictos laborales y a la solución de la crisis económica que debe elaborar el gobierno”.

El tiempo de la justicia y la verdad

Poco antes del retorno de la democracia, las Fuerzas Armadas presentaron el Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo, una justificación de su accionar represivo. En todo momento, para sectores castrenses, el proceso de justicia que se inició en abril de 1985 se trataba de una campaña de hostigamiento promovida por intereses políticos.

En su informe, la DIPPBA destaca “la aparente unión de los componentes de las FFAA, al haber estrechado filas entre quienes ejercieron el “poder político”, quienes participaron en el nacimiento democrático actual y entre aquellos militares que se ponen, desde su retiro, abiertamente partidarios del actual gobierno nacional”. Todos los estamentos militares coincidían: había intereses políticos detrás del juzgamiento de sus compañeros de fuerza.

Para la inteligencia bonaerense, Jorge Rafael Videla era el representante “más consolidado” de esa postura: “se basa en que los actos asumidos respondieron al marco político y que como tal no son justiciables. También afirmó que esta guerra no tiene una determina fecha de inicio, como que tampoco se ha dado por finalizada y que no le consta la intervención de agentes oficiales en el caso de las desapariciones”.

Poco tiempo antes, en septiembre de 1984, la CONADEP le había entregado al entonces presidente Raúl Alfonsín el informe final sobre desaparición de personas. Ese trabajo empezó a revelar la verdad, a demostrar la existencia un plan de exterminio. Ese informe y el juicio a las Juntas terminó por derribar, con pruebas documentales y testimoniales, cualquier intento exculpatorio de los jerarcas militares.

A pesar de las multitudinarias movilizaciones reclamando verdad y justicia, con el antecedente de la marcha de la resistencia aún en plena dictadura militar, para la DIPPBA la ciudadanía seguía los acontecimientos por los medios periodísticos y “no está predispuesta a canalizarse por medio de expresiones masivas, tanto de repudio o solidaridad con los militares enjuiciados”.

Más aún, la DIPPBA consideraba que la respuesta social sólo está fomentada por los organismos de derechos humanos: “Para que la población no olvide y mantenga en plena vigencia este asunto, las distintas organizaciones producen una permanente información actualizada, por cierto desde su propia óptica política, con clara evidencia de tendencia”.

Pocos días antes de que comience un juicio histórico, en su análisis del contexto, la DIPPBA señalaba que la población “se muestra, en general, algo escéptica en cuanto a sanciones que podrían sufrir estos ex jefes militares” y que estimaba “las sentencias y/o castigos no serán duros y dudan, asimismo, que alcancen a todos ellos”.

Durante las audiencias, entre abril y agosto, declararían 833 personas, entre ellas sobrevivientes, familiares de las víctimas y represores. Sobre el valor de los testimonios que se conocieron en esas audiencias, sobre su valor para la verdad, la justicia y la memoria histórica hay mucho para decir. Pero esa es otra historia.

El 18 de septiembre, el fiscal Julio César Strassera pronunciaría las palabras finales del alegato, que desde entonces se citan de memoria: “Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el Pueblo Argentino. Señores jueces: Nunca más”.

El 9 de diciembre de 1985, el Tribunal —integrado por los jueces León Arslanián, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz y Andrés D´Alessio— dictó sentencia fundada en 709 casos presentados en el juicio sobre privación ilegal de la libertad, torturas y homicidios, mediante un sistema ilícito de represión que buscaba también la impunidad de esos delitos.

De los nueve militares juzgados, sólo Jorge Videla y Emilio Massera fueron condenados a reclusión perpetua; Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, Armando Lambruschini a ocho años y Orlando Agosti a 4 años y seis meses. Óscar Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya fueron absueltos.

Algunos años después habrá amnistía y leyes de impunidad. Y muchos años después, otra vez la justicia.