Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nacional 26.827)
INFORMES
Las armas de fuego agravan las consecuencias de los conflictos que existen en la vida social. El acuerdo para la prevención de la violencia armada requiere regulación, registro, monitoreo, custodia y control de armas en poder del estado provincial y armas en custodia judicial; requiere además el abordaje de un eficiente desarme civil y del mercado ilegal.
La CPM presentó la muestra en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación y en el Centro cultural Islas Malvinas al cumplirse 37 años de la guerra.
Malvinas. Relatos negados, memorias desobedientes recupera la lucha de los ex combatientes por desarticular la versión castrense y enmarcar sus reclamos en la perspectiva de memoria, verdad, justicia, identidad y soberanía. La muestra está compuesta por fotos históricas de los archivos de Télam y CECIM La Plata, por el diario del viaje de la CPM a las Islas y por documentos de inteligencia de la DIPPBA y de las FFAA.
La guerra de Malvinas fue parte de la cadena de terror, muerte, tortura y desaparición que impusieron las Fuerzas Armadas a toda la sociedad argentina, y que se trasladó a las Islas durante el conflicto.
Crímenes de lesa humanidad
Desde hace 12 años en el juzgado federal de Río Grande se tramita la causa por las torturas que sufrieron los soldados conscriptos por parte de sus superiores. En diciembre, cuatro militares tuvieron que presentarse ante la justicia a prestar declaración indagatoria y responder por sus delitos. Otros 20 imputados deberán hacerlo en los próximos meses. En esta causa, la CPM es querellante junto al CECIM La Plata y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia.
La responsabilidad política detrás de la peor masacre en comisarías bonaerenses
El 15 de noviembre se cumplió un año de la masacre de la comisaría 3ª de Esteban Echeverría; diez personas murieron asfixiadas y quemadas en una dependencia policial que, aunque estaba inhabilitada para alojar personas y sin red de prevención de incendios, tenía detenidos en condiciones de hacinamiento y sobrepoblación. A pesar de las evidentes responsabilidades, la causa no tiene ningún imputado.
La CPM patrocina a 9 de las 10 familias de las víctimas y pidió que se llame a declaración indagatoria al ministro de seguridad Cristian Ritondo y a Fabián Perroni, jefe de la policía bonaerense al momento de la masacre.
Los dos funcionarios tenían el deber de garante de la vida e integridad de las personas detenidas y conocían sobradamente las graves condiciones de detención en la comisaría 3ª, ya que habían sido notificados personalmente de la orden de clausura de la comisaría y sabían del riesgo inminente para la vida de las personas allí alojadas; sin embargo no adoptaron ninguna medida tendiente a evitarlo.
Se completó la desafectación del ex CCD Pozo de Quilmes
El 3 de diciembre, la CPM firmó el acta de compromiso para la cesión del inmueble de Garibaldi y Allison Bell, donde funcionó durante la dictadura militar el centro clandestino de detención.
Anteriormente ya se había desafectado el sector de los calabozos, pero faltaba completar la entrega total del inmueble. El chalet de la esquina también estuvo destinado al funcionamiento operativo del CCD; incluso, algunas víctimas reconocieron haber pasado por el lugar.
En el inmueble, que en su totalidad fue cedido en comodato por 99 años a la CPM, se llevaron adelante tareas de conservación y puesta en valor como limpieza en conservación, colocación de techos y cubierta, y luces y tendido eléctrico nuevo.
Encuentro trasandino de sitios del cono sur
En junio en la sede histórica de la CPM, más de 140 referentes, trabajadores y trabajadoras de unos 40 sitios de memoria de Argentina y otros 15 de Chile participaron del Encuentro trasandino de sitios del cono sur, organizado junto a la Unidad de memoria y derechos humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.
Desde el retorno de la democracia, fueron los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales quienes iniciaron el proceso de recuperación y apertura de estos lugares. Ante la falta de políticas públicas integrales para los sitios, el camino hacia la institucionalización de estos espacios tiene en esas mismas organizaciones de la sociedad civil una valiosa experiencia de gestión.
Durante dos días, las y los participantes del encuentro compartieron experiencias de trabajo, desafíos y límites: gestión institucional y cultural, pedagogía y transmisión de la memoria, educación en derechos humanos y el rol de las nuevas generaciones, intervención en las violencias del presente. Estas ideas y conceptos forman parte de ese recorrido.
En agosto, Santiago de Chile fue sede del segundo encuentro del que también participaron sitios y espacios de memorias de ambos países.
IV Encuentro nacional de organizaciones y espacios para la memoria
Más de 60 referentes de organizaciones y espacios de memoria de Buenos Aires, Córdoba, CABA, Río Negro, Mendoza, Santa Fe, Tucumán y Chubut participaron del sexto encuentro nacional que realizó la CPM en el complejo turístico de Chapadmalal.
La jornada se desarrolló en simultáneo con el VI Encuentro nacional de familiares víctimas de violencia institucional, con quienes compartieron los mismos talleres de reflexión sobre tortura y otras violencias estatales.
La necesidad de abordar la intervención de estos casos se hace eco de las demandas que reciben estos espacios como lugares de referencia en la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, algunos de los sitios ya tienen experiencias de trabajo e intervención; el encuentro fue una oportunidad no sólo para compartir lo realizado hasta el momento sino, fundamentalmente, de proyectar cómo responder a esas demandas hacia adelante.
Un encuentro para pensar las prácticas y usos de los archivos
El 6 de diciembre, la CPM realizó el encuentro Diálogos necesarios. Leer e interpretar documentos de inteligencia policial. Participaron de la actividad organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, sociales, culturales y políticas, familiares y víctimas del terrorismo de Estado y la violencia institucional, funcionarios judiciales, periodistas investigadores, docentes, y trabajadores y trabajadoras de archivos y sitios de memoria.
En mesas y talleres de trabajo se pensaron prácticas archivísticas, el acceso a la documentación y su publicidad, y el uso de los archivos para la pedagogía, la investigación judicial y académica, y para la reconstrucción de las memorias individuales y colectivas.
El encuentro fue la posibilidad de evaluar prácticas, recorridos y herramientas en la gestión del archivo de la DIPPBA. En 2003, la CPM abrió el archivo a la comunidad; desde su apertura, el archivo tuvo más de 13.000 consultas personales, más de 3.000 de investigadores/ras, y aportó documentos a casi todos los juicios por delitos de lesa humanidad en territorio bonaerense y de todo el país.
Convenio con el National Security Archive
En la sede del National Security Archive (NSA) en Washington, la CPM suscribió un convenio para trabajar de manera conjunta sobre los archivos de la represión y el terrorismo de Estado en Argentina.
El NSA gestiona, entre otros fondos documentales, la reciente desclasificación de documentos de agencias de seguridad e inteligencia norteamericana como la CIA, el FBI y el Departamento de Estado, con información remitida por la embajada de los Estados Unidos durante los años de la última dictadura militar. Son más de 43.000 fojas, con el 97% del contenido de los documentos.
Este proyecto de trabajo conjunto permitirá avanzar en la catalogación, investigación y conocimiento de estos archivos y su publicidad en ambos países.
Convenio con el Museo del Holocausto de Washington
La CPM también firmó un convenio con el Museo del Holocausto de Washington para articular estrategias de investigación, intercambio de información y documentación de archivos y políticas de educación.
Esta cooperación permitirá el acceso a materiales de investigación de los archivos que resulten de interés para el desarrollo de las líneas de trabajo archivísticas de cada organismo. Asimismo, el Museo del Holocausto será el intermediario para los usuarios en los Estados Unidos que deseen realizar investigaciones personales, familiares o académicas de las colecciones documentales de CPM.
Con oportunidad de la firma, la CPM entregó una copia de los archivos de la DIPPBA con documentos que muestran la persecución a la comunidad judía en Argentina durante la última dictadura militar.
Presentación en el College of William and Mary
Integrantes de la CPM brindaron una conferencia pública en el College of William and Mary de Virginia (USA), universidad con la que mantiene un convenio de trabajo para desarrollar programas educativos en derechos humanos desde el año 2006.
Más de 150 estudiantes participaron del conversatorio presentado bajo el título Las violaciones a los derechos humanos: dictaduras, migraciones, cárcel y tortura. De la dimensión global al impacto en las trayectorias de vida.
Durante la visita, la CPM participó en diferentes cursos donde expuso la labor que desarrolla el organismo y también mantuvo reuniones de trabajo con las autoridades universitarias para fortalecer el vínculo académico con el College.
Masacre de Monte: la violencia y la desprofesionalización como principio policial
En la madrugada del 20 de mayo, la intervención armada de la policía de la provincia de Buenos Aires produjo una nueva masacre. Desde el primer momento, la CPM acompañó a familiares de las víctimas y a la comunidad de San Miguel del Monte en el reclamo de justicia. Actualmente patrocina a las familias de Danilo Sansone y Camila López, dos de las víctimas.
La causa por la masacre de Monte tiene cuatro policías imputados por homicidio y otros ocho por encubrimiento. El entonces secretario municipal de Seguridad, Claudio Martínez, también está imputado de encubrir el delito. Por pedido de la CPM y los particulares damnificados también se abrió una causa penal contra la intendenta Sandra Mayol y el funcionario del cuerpo de bomberos Nelson Barrios por la participación en el encubrimiento posterior a la persecución policial.
A los 45 días de la masacre, la CPM presentó un informe especial donde relevó, a partir de testimonios de la comunidad, que la relación de los vecinos y vecinas con la policía de Monte estaba atravesada por la violencia, la corrupción y la discrecionalidad.
Durante el acto de presentación del informe, dos policías de civil estuvieron registrando todo lo que pasó; los mismos habían sido vistos unos días antes en una movilización de las familias en la Municipalidad. De este hecho, se desprendió una causa federal por actos de inteligencia ilegal.
Los informes sobre la red de espionaje ilegal
Por requerimiento del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, la CPM analizó la documentación probatoria secuestrada en la causa D’Alessio. En total se presentaron cuatro informes técnicos que confirman la existencia de una red de espionaje ilegal. El estudio se orientó a identificar acciones de inteligencia con metodologías no permitidas por la legislación nacional.
El pedido de la justicia reconoce la expertise de la CPM en materia de análisis y peritaje de documentos vinculados con acciones de espionaje ilegal, que desarrolla desde el año 2001 cuando recibió para su guarda, preservación y gestión el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el único archivo de esa especialidad desclasificado hasta el presente en Argentina.
Procesaron al fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello
El actual fiscal está imputado por su participación en el secuestro y torturas de tres militantes comunistas en 1981, cuando se desempeñaba como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). El procesamiento dictado en abril pasado por la jueza federal Alicia Vence fue confirmado en noviembre por la sala I de la Cámara Federal de San Martín.
La CPM denunció a Fernández Garello en 2016. En ese momento, presentó ante la justicia documentos de inteligencia del archivo de la DIPPBA que demostraban su participación en ese hecho y otras acciones de la represión ilegal. Sólo entre 1978 y 1982 participó en al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.
A pesar del avance en la justicia, el trámite previsto para la destitución del fiscal general de Mar del Plata continúa estancado: en dos oportunidades el jurado de enjuiciamiento de magistrados que debe decidir el inicio del juicio político no sesionó por falta de quórum. Ante las ausencias reiteradas, el presidente del Jurado advirtió sobre posibles sanciones a los ausentes, de repetirse por tercera vez la maniobra dilatoria.
El juicio político fue solicitado por la CPM y más de diez organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales: Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, APDH, Serpaj, Comisión de familiares amigos y ex compañeros de Ana María Martínez, Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de Mar del Plata, Asociación Judicial Bonaerense, Federación Judicial Argentina, Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, Asociación de Trabajadores del Estado y Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo—Línea Fundadora.
VI Encuentro nacional de la red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales
El 13, 14 y 15 de diciembre, en el complejo turístico de Chapadmalal, la CPM realizó el VI encuentro nacional de la red de familiares. La continuidad de este espacio de reflexión, formación y acompañamiento es una muestra la cabal del crecimiento y consolidación de las organizaciones que integran la red.
Durante esos días, unos 450 familiares de 18 provincias se reunieron para contar sus historias, compartir el dolor y proyectar nuevas formas de lucha; siempre desde lo personal a lo colectivo.
Durante el encuentro, como parte de las demandas y desafíos que plantean las organizaciones, se realizaron talleres de capacitación y producción para seguir construyendo herramientas y protocolos de intervención frente a la violencia estatal en los territorios.
Este sexto encuentro fue emotivo, cargado de abrazos, sueños e ideas. Historias conmovedoras de violencia estatal que fueron dando lugar a historias de lucha y organización.
20 murales por tus derechos
20 años, 20 murales. La campaña de la CPM fue una iniciativa de intervención artística en el espacio público para reflejar las luchas contra las violencias estatales y la organización de los familiares.
20 murales por tus derechos es parte de las acciones que la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales de la CPM viene realizando en barrios y ciudades de la provincia para fortalecer el trabajo con las organizaciones en el territorio.
El lanzamiento se realizó en mayo, el mes de lucha contra la violencia institucional; desde entonces, la campaña pasó por distintos puntos de la provincia. En cada una de las pintadas, además de integrantes de la Red de familiares participaron referentes de las áreas de derechos humanos de los municipios, docentes, estudiantes secundarios, y organizaciones sociales, políticas y culturales.
Leopoldo Schiffrin murió el 26 de febrero de 2018, a los 82 años. Al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, la CPM realizó un homenaje para recordarlo: su historia, su legado en la justicia, su lugar en la CPM y su vida cotidiana marcaron los emotivos recuerdos del acto que contó con la presencia de familiares, amigos, colegas y militantes por los derechos humanos.
En el evento, se proyectó el documental Caminos de justicia producido por la CPM en conmemoración de los 20 años de los juicios por la verdad en La Plata, de los que Leopoldo Schiffrin fue impulsor y protagonista. “Los juicios por la verdad tienen el sentido último de ser un esfuerzo judicial y de muchas otras personas para tratar de que la sociedad argentina entre en un camino mejor, moralmente mejor sobre todo”, dice Polo en el documental de la CPM.
En el marco del homenaje también se presentó el libro Simposio sobre justicia y crímenes de lesa humanidad. La nueva orientación de la Corte Suprema de Justicia frente al derecho internacional de los derechos humanos, que reunió a destacados juristas y funcionarios judiciales. Un simposio que impulsó el mismo Polo para responder jurídica, política y éticamente el contenido de los fallos Villamil, Fontevecchia y Muiña.
A lo largo de su carrera judicial, Polo interpretó el derecho en una perspectiva histórica y crítica, el derecho como una herramienta para impartir justicia y transformar la realidad. Como fundador e integrante de la CPM también dejó un legado inmenso: la preservación de los archivos de la DIPPBA, la creación del Comité contra la Tortura y la defensa de la autonomía del organismo, entre tantos más.
Tal como lo establece la ley 26.827 que crea y regula el Sistema nacional de prevención de la tortura, el Consejo federal de mecanismos locales para la prevención de la tortura designó por unanimidad a la CPM como Mecanismo local de la provincia de Buenos Aires. La propuesta de designación había sido realizada por el Comité nacional de prevención de la tortura, con el voto de la mayoría de sus miembros. Una propuesta, además, acompañada por más de 40 organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales y políticas.
La tarea de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad que la CPM realiza desde hace 17 años lo constituye como mecanismo preexistente de prevención de la tortura, anterior incluso al Protocolo Facultativo de ONU. La designación del Consejo es un reconocimiento legal a esa labor que el organismo cumplió respetando los estándares internacionales de monitoreo y los principios de autonomía funcional y financiera que le otorgan capacidad de control sobre los poderes que deberían trabajar para erradicar la tortura.
Si bien esta designación es de carácter provisorio, el reconocimiento y el amplio apoyo cosechado en todos estos años de trabajo debe impulsar la designación definitiva de la CPM con el dictado de una ley provincial que reconozca formalmente el trabajo de tantos años.
1.500 inspecciones a cárceles, alcaidías, comisarías, cárceles para jóvenes y neuropsiquiátricos
45.000 expedientes de víctimas de torturas
2.400 intervenciones jurídicas contra la violencia policial
13 informes anuales
6 informes especiales
La CPM reunió a mecanismos locales de todo el país en la jornada de trabajo “Herramientas de lucha contra la tortura. El protocolo facultativo, posibilidades y límites”.
El encuentro contó con la participación de consejeros y consejeras de los órganos de monitoreo y control de Chaco, Mendoza, Salta, Misiones y Corrientes, e integrantes del Comité nacional de prevención de la tortura.
La jornada tuvo la presentación de Wilder Tyler, comisionado del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay. Tyler comentó el trabajo que vienen realizando como mecanismo de prevención de la tortura en el país vecino.
En varios bloques, durante el encuentro se debatieron las estrategias de intervención de los mecanismos, y los alcances y límites que presenta el protocolo facultativo como herramienta para la lucha contra la tortura.
El ex relator sobre tortura de la ONU Juan Méndez participó de una jornada de reflexión con los equipos de trabajo de la CPM, el GESPyDH, la Procuración Penitenciaria de Nación (PPN) y el Mecanismo provincial de prevención de la tortura de Chaco.
Durante el encuentro, Méndez compartió su experiencia de relatoría en distintos países del mundo, ponderó el valor del derecho internacional en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos.
El experto internacional también resaltó la rigurosidad del Registro Nacional de Casos de tortura (RNCT) y el trabajo de inspecciones y monitoreo de más de 15 años de la CPM: “Es muy importante esta contribución de ustedes de ir contra los discursos y políticas de mano dura”.
Luego del conversatorio con Méndez, se realizó la presentación del nuevo informe del RNCT que la CPM, el GESPyDH y la PPN vienen realizando desde 2015; desde ahora, también se incorporará el Mecanismo provincial de Chaco a ese trabajo interinstitucional.
Como sucede cada año, a partir del trabajo de control y monitoreo de los lugares de encierro y las políticas de seguridad, salud mental y niñez la CPM elabora un detallado informe sobre el estado actual del sistema penal en la provincia de Buenos Aires.
La saliente gestión provincial reconoció la situación desde el primer momento pero, lejos de cambiarla, la agravó. En el último año todos los indicadores empeoraron: cantidad de detenidos, tasa de prisionización, crecimiento interanual de personas detenidas, sobrepoblación. También se incrementaron las muertes en el encierro y las denuncias por hechos de tortura. Lo mismo ocurrió con la violencia policial en los territorios.
Las masacres ocurridas en estos últimos años son el ejemplo más dramático de esos resultados: primero fue Pergamino, después Esteban Echeverría y este año, San Miguel del Monte.
Más de 1.000 personas acompañaron la presentación del Informe anual 2019. El sistema de la crueldad XIII y participaron de la jornada de reflexión y formación que se realizó durante todo el día.
El acto contó con la presencia de funcionarios judiciales y políticos y referentes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, entre ellos, el juez federal Daniel Rafecas, el ex juez de La Plata Luis Arias, el presidente del Mecanismo nacional de prevención de la tortura Juan Irazábal, otros integrantes del Comité nacional y representantes de los mecanismos provinciales de prevención de la tortura de Chaco, Salta, Corrientes.
50.500 personas detenidas a junio de 2019.
113 % de sobrepoblación en cárceles del SPB.
310 % de sobrepoblación en comisarías:
113 comisarías clausuradas siguen alojando personas contradiciendo órdenes judiciales y ministeriales.
El 83% de las comisarías no tiene red de prevención de incendios.
2.013 mujeres detenidas en la Provincia:
* 18 % más que el año anterior
* 52 % de sobrepoblación en cárceles para mujeres
La población trans-travesti detenida creció un 36 %:
668 niños, niñas y jóvenes en el encierro:
Un sistema que produce muertes
Como parte de los 20 años de la CPM y junto a la presentación del informe anual, se realizó una serie de encuentros de debate, formación y capacitación sobre las distintas líneas de trabajo y organización que viene desarrollando el organismo.
Educadores, investigadores, funcionarios judiciales, referentes territoriales y militantes por los derechos humanos participaron de las mesas de trabajo: Archivos y justicia. Preservación de la memoria | Espacio de formación: monitoreo territorial de la violencia policial | Escuela: juventudes, género y exclusión | Trabajo, economía y sociedad | Derecho a un ambiente digno.
Durante la jornada también se presentó el libro El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos con la presencia de su autora, Mariana Franco.
En el marco de la presentación del informe anual 2019, la CPM inauguró en su museo de arte la muestra Encierros, un relato colectivo compuesto por el registro documental de las inspecciones que realiza la CPM, las experiencias de familiares de personas detenidas, víctimas del sistema de la crueldad, y el trabajo de fotógrafos y fotógrafas que buscan narrar estos lugares y las trayectorias de vida de quienes los padecen.
13 mil jóvenes
2.484 coordinadores
1.020 escuelas
360 organizaciones sociales, políticas y culturales
100 distritos
Luego de la convocatoria que finalizó en abril, se realizaron 21 encuentros regionales en distintos puntos de la provincia. Los talleres de trabajo fueron coordinados por el voluntariado de la CPM y generaron una instancia de debate para pensar política y pedagógicamente los temas de investigación.
Entre el 29 de octubre y el 10 de diciembre se realizó el XVIII encuentro del programa en el hotel 4 del complejo turístico de Chapadmalal. Como hace 18 años, durante varias semanas, este lugar se convierte en un espacio donde las nuevas generaciones son protagonistas de la historia, comparten sueños y deseos, y fortalecen, con sus ideas, la democracia.
Memorias del pasado reciente, dictadura y Malvinas, crisis económica y organización popular, trabajo, salud y educación, medioambiente, violencia institucional, diversidad y disidencia sexual fueron los temas principales de una agenda política que se renueva año a año con las investigaciones que realizan los equipos de trabajo en su barrios y localidades.
Esta vez, el encuentro coincidió con la transición de un gobierno a otro y dejó un anhelo: que esa agenda de demandas sean parte de las políticas públicas que vengan.
El XVIII encuentro también dejó una certeza: los jóvenes son la garantía de no repetición y la esperanza de un mundo mejor.
Algunas de las historias del encuentro las podés leer acá.
En las vísperas de un nuevo aniversario del golpe de Estado, se realizó un acto público en la sede de calle 54 en La Plata, edificio donde funcionó la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y que hoy es sitio de memoria.
“Sólo la memoria compartida nos da un sentido de pertenencia como pueblo. Eso es lo que estamos haciendo aquí con los jóvenes, con las organizaciones, con esta casa y también con este archivo de inteligencia que ya no está más asociados al horror sino a la memoria de las luchas por una patria mejor”, señaló el presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel.
Más de 500 jóvenes de escuelas secundarias, docentes, militantes de los derechos humanos, referentes sociales y sindicales acompañaron la actividad. El acto también fue una celebración de los 20 años de la CPM, 20 años de trabajo para abrir este espacio a la comunidad, para hacer de este lugar un encuentro de las luchas por la memoria y la defensa de los derechos humanos.
En el marco del acto público del 24 de marzo, la CPM entregó un reconocimiento a unos 30 organismos de derechos humanos de toda la provincia.
Linqueños por los derechos humanos, Movimiento independiente derechos humanos de Tres Lomas, Jóvenes y memoria de Bahía Blanca, Tigre, Colón, Mercedes, Ituzaingó y Escobar, Mesa de la memoria por la justicia de San Nicolás, Grupo memoria Morón, Asociación Seré por la memoria y la vida, Asociación por la memoria y los derechos humanos de Pergamino, Foro por la memoria de San Pedro, Comision de memoria portuaria de Mar del Plata, Mutual por la memoria – Sitio de memoria ex CCD Monte Peloni de Olavarría, Asociación civil Moreno por la memoria, Encuentro por la memoria, la verdad y la justicia de Berazategui, Comisión de familiares y amigos de los desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado de Las Flores, Comisión familiares y amigos de Ana María Martínez, Movimiento por la memoria, la verdad y la justicia de Punta Alta, Comisión por la memoria Barrio Manuelita de San Miguel, Comisión por la recuperación de la memoria de Campo de Mayo de San Miguel, Colectivo Quilmes, memoria, verdad y justicia, Comisión memoria y justicia de Chacabuco. Además fueron reconocidos Manuel Gallardo (sobreviviente, preso en el Conintes) y el fotógrafo Eduardo Gil.
Desde la creación de la CPM, estos colectivos fueron parte imprescindible del trabajo territorial; actores con los que compartimos espacios de reflexión, formación e intervención.
El reconocimiento es el reflejo de ese compromiso colectivo que fue consolidando un espacio en común para promover y sostener la transmisión de la memoria y la defensa de los derechos humanos como políticas de Estado.
La muestra interactiva de la casa de la CPM permite al público recorrer el edificio, reconstruir la historia de este lugar, acceder a documentación desclasificada, y conocer cómo trabajaban los agentes de inteligencia en la producción de la información para perseguir y espiar a la sociedad durante más de cuatro décadas.
La exhibición permite transitar por espacios originales como la garita en la fachada, construida en 1976, desde donde se vigilaba las 24 horas, el organizador donde se reunía la información que llegaba de las distintas delegaciones provincia de la DIPPBA, el fichero de clasificación, las estanterías y contenedores que conservaban los documentos producidos. La muestra propone también un recorrido por las acciones de inteligencia y el espionaje ilegal que realizó la policía bonaerense durante su existencia.
