La represión perpetrada por el gobierno nacional contra la manifestación por los derechos de los jubilados el 12 de marzo es la mas brutal y violenta que ocurriera desde los hechos represivos del año 2001. Es una escalada más en la instalación de un régimen político autoritario que niega e impide el ejercicio de derechos constitucionales de manifestarse, protestar y peticionar a las autoridades.
La misma se inscribe en un plan sistemático de represión a la protesta cuyo instrumento es el denominado “protocolo antipiquetes”, que justifica la barbarie y la violencia en nombre del derecho a la circulación, ahora agravado por una persecución penal que denomina sedición e intento de golpe de estado a expresar la disidencia.
El miércoles 12 de marzo, desde las 15.15 hs, más de 1.000 agentes de todas las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional, Policía Aeroportuaria y Servicio Penitenciario federal) más la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, iniciaron la represión que se extendió por varias calles y avenidas. Todo esto antes de las 16 hs. que era el horario de inicio de la convocatoria, con la clara intención de impedir la concentración. Los hechos represivos se extendieron durante más de 6 horas, hasta pasadas las 22 hs.
Se realizaron miles de disparos con postas de goma, se arrojaron decenas de granadas de gas lacrimógeno y dispararon spray de gas pimienta. Al menos 4 hidrantes rociaron de agua a cientos de personas durante ese tiempo. Decenas de personas padecieron golpes con tonfas, de puño y escudos.
El resultado fueron al menos 672 personas heridas con postas de goma, traumatismos de cráneo con y sin pérdida de conocimiento, traumatismos de tórax, síncopes, lipotimias, heridas abiertas en rostro, hemorragias, esguinces, luxaciones, quemaduras en cara y distintas partes del cuerpo, pérdida temporal de la visión y dificultades respiratorias agudas. Periodistas y defensores de derechos humanos, personas de la tercera edad, jubilados, mujeres y jóvenes se incluyen en esta larga lista.
El fotoperiodista Pablo Grillo, que estaba trabajando en la manifestación, fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno que fue disparada apuntando directamente a los cuerpos de los manifestantes, violando los protocolos de uso que establecen que deben dispararse hacia arriba para que hagan una parábola y luego caigan. Pablo está internado en estado crítico, luchando por su vida, por la fractura de cráneo y desplazamiento de masa encefálica que le produjo el lanzamiento. La justicia deberá investigar si el disparo provino de un agente de la Policía Federal o de la Gendarmería Nacional, ya que al menos dos agentes realizaron disparos dirigidos a impactar en los manifestantes. Los agentes ya saben que este tipo de disparos pueden ser letales luego de la muerte del maestro Carlos Fuentealba en el año 2007.
Además de las personas heridas, 114 personas fueron detenidas por la Policía Federal y la de la Ciudad. Entre ellas un niño de 12 años y varias personas que circulaban por el lugar sin vinculación con la manifestación. La rápida resolución de la jueza Karina Andrade que dispuso su liberación, explicando el déficit de la información suministrada y del control judicial de estas detenciones, sumado a los derechos constitucionales en juego, es un fallo de enorme relevancia institucional, ya que efectivamente el poder judicial cumple, como no lo hizo desde la aplicación del Protocolo Antipiquetes, con su función de controlar el cumplimiento de las garantías constitucionales. Las amenazas del gobierno nacional de pedir el juicio político de la jueza por su fallo, que no implica cerrar las actuaciones ya que se seguirá investigando a cada persona, da muestras del escaso respeto a los principios republicanos de gobierno.
Otros hechos ocurridos deben investigarse: la presencia de personal policial de civil mezclados entre los manifestantes, los videos que muestran como un agente policial arroja un arma en la Plaza y luego incluso la patea sin recogerla, lo que hubiera sido su obligación o dejar un patrullero abierto sin policías para que luego un par de personas encapuchas lo prendan fuego. Hechos que permiten pensar en acciones de las propias fuerzas de seguridad, para generar y luego difundir el caos, en las publicaciones de los medios masivos de comunicación.
Como pudimos constatar y así lo muestran las imágenes, los manifestantes se acercaron a la Plaza de manera pacífica. La violencia fue iniciada por las fuerzas policiales al intentar despejar la calle Yrigoyen casi Entre Ríos provocando la reacción de los manifestantes. Los hechos de violencia se podrían haber evitado con un procedimiento policial mejor organizado y que tuviera como objetivos garantizar la protesta y la paz social.
No hay que confundirse, la represión, tal como expresó la Ministra de Seguridad ya estaba decidida.
La represión es parte del plan sistemático que es la herramienta de disciplinamiento social y político para implantar el plan de ajuste, la desarticulación del estado y la defección del mismo en la garantía de los derechos. Todo esto con el objetivo de imponer políticas económicas regresivas, destructoras del desarrollo soberano, de las fuentes de trabajo, y donde sólo se benefician los sectores económicos más concentrados. Es una historia conocida y por lo tanto es imperioso parar la escalada autoritaria que provoca hambre y violencia.
Ha sido la represión más feroz de este gobierno, incluso la peor desde el 2001, y la Ministra de Seguridad asegura y amenaza que habrá más. Sigue aún hoy en la cacería de brujas, disparando mentiras y provocando con sus dichos más violencia. No se ha conmovido ni siquiera ante la gravedad de la situación de Pablo Grillo, por el contrario, ha intentado negar el hecho o tergiversar lo ocurrido como ya lo ha hecho otras veces.
La ministra de seguridad Patricia Bullrich miente. Difunde la detención de personas armadas vinculadas a la manifestación y esto no es verdad. Según fuentes judiciales, las tres personas detenidas con un arma «tipo tumbera» casera cargada de munición, fueron detenidas en la terminal de Belgrano Norte, en la zona de Retiro, a casi 4 km del la manifestación. También mintió diciendo que Pablo Grillo estaba detenido (aclarando su pertenencia partidaria como un estigma) mientras este estaba siendo operado de urgencia luego de la agresión policial descripta.
¿Cómo puede conducir las fuerzas de seguridad una funcionaria tan poco afecta a defender la vida de ciudadanos y ciudadanas? Sólo puede hacerlo si el objetivo central es convertirlas en fuerzas de choque armado del gobierno nacional.
La reciente sanción de la Ley Nacional N° 27.786 de organizaciones criminales, conocida como ley antimafias, avanza sobre garantías constitucionales esenciales y está dirigida no sólo a perseguir a las bandas del delito complejo sino también –y principalmente a la luz de estos acontecimientos- a perseguir penalmente a organizaciones sociales, gremiales y políticas, estableciendo incluso la aplicación de una suspensión de garantías constitucionales equivalentes al estado de sitio pero sin orden del Congreso Nacional.
Las empresas del negocio de la comunicación lejos de ser una garantía democrática son parte del aparato de propaganda del gobierno, cada vez más distanciadas de la verdad y más próximas a sostener y justificar una gestión cada vez más “desbocada”.
Como hemos dicho otras veces, es indispensable que las fuerzas políticas realmente democráticas, los gremios y asociaciones profesionales, el pueblo argentino, detengan este camino al precipicio de la violencia estatal y el autoritarismo.