La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta este martes 12 de agosto a las 18 hs su XIX Informe Anual «El sistema de la crueldad» con una transmisión en vivo por su canal de Youtube. Este informe da cuenta de un conjunto de prácticas ilegales y violentas del Estado que derivan de la orientación de la política criminal y que configuran graves violaciones a los derechos humanos. En 2024, la CPM registró más de 64.605 hechos de tortura y malos tratos y al menos 16.030 hechos de nulo acceso a la justicia. Aumentó la cantidad de personas detenidas, la sobrepoblación y las muertes por problemas de salud no asistidos en cárceles bonaerenses. También se incrementaron los casos de uso letal de la fuerza policial y la cantidad de menores de 16 años detenidos. Desde hace más de 20 años, todos los gobiernos implementan una política criminal asentada en las premisas del punitivismo, la mano dura y la saturación policial de los territorios sostenidas en la práctica sistemática de la tortura, la deserción del poder judicial como garante de derechos y el endurecimiento regresivo de leyes procesales y penales.
Se cumplen 20 años desde que la CPM comenzó a monitorear lugares de encierro y el despliegue policial en el territorio de la provincia de Buenos Aires, un trabajo que actualmente realiza en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura conforme la ley nacional 26.827. En 2024 el organismo realizó 866 inspecciones en cárceles, comisarías, alcaidías, centros de detención de jóvenes, hogares de niñez, hospitales de salud mental y comunidades terapéuticas; y casi 48.000 entrevistas o comunicaciones con víctimas de violencia estatal que denunciaron, al menos, 80.635 hechos de violaciones a los derechos humanos.
Hace más de 20 años que la política criminal es la misma: perseguir y encerrar a los sectores más vulnerados de la sociedad, sobre todo jóvenes pobres y morochos. Esta política basada en la saturación policial de los territorios y la promoción judicial del encierro es sostenida y legitimada por los tres poderes del Estado.
El sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires es el más grande de la Argentina y crece cada año: en diciembre del 2024 había 61.810 personas detenidas en cárceles, alcaldías, comisarías y con monitoreo electrónico contra 58.995 del año anterior. Un crecimiento interanual del 5% y casi el doble de personas detenidas que hace 10 años. Esto representa una tasa general de 340 detenidos cada 100.000 habitantes: la más alta de la historia bonaerense y una de las más elevadas del país.
Si bien la sobrepoblación en comisarías tuvo una disminución significativa, pasando del 95% en 2023 al 80% en diciembre de 2024, el problema se trasladó al Servicio Penitenciario Bonaerense donde la sobrepoblación volvió a crecer del 95% hasta llegar al 106% en el mismo periodo. Pese a la baja numérica, las condiciones de alojamiento en comisarías son muy críticas: espacios que parecen cuevas sin luz ni aire, cloacas que rebalsan, falta de agua, escasa comunicación con el exterior, nulo acceso a actividades y hacinamiento extremo. Se siguen alojando menores de 18 años, mujeres embarazadas, personas enfermas o de la tercera edad aunque está prohibido.
Las fuerzas de seguridad saturan los territorios con más patrulleros y policías, más que prevenir el delito lo regulan y cumplen una función de gobierno o control de estas poblaciones. El dato de las aprehensiones policiales lo confirma: entre el 2019 y el 2023 fueron en promedio 295.752 por año. Apenas el 14% de esas personas fueron privadas de su libertad por imputación judicial de un delito y sólo el 6% llegó al Servicio Penitenciario Bonaerense con prisión preventiva o condena por acreditarse judicialmente esa imputación. Es decir, el 86% de las aprehensiones policiales no se vincula con la comisión de delitos sino con el control y gestión de poblaciones excluidas y estigmatizadas.
Los últimos datos informados por el Ministerio de Seguridad sobre aprehensiones son de 2023: la Policía Bonaerense realizó 671 aprehensiones diarias, es decir 28 por hora. Una cantidad que hace colapsar el sistema de encierro y genera condiciones para la vulneración de derechos. En 2024 la CPM denunció al menos 1.539 hechos de violencia policial.
En el encierro la sobrepoblación produce hacinamiento y genera condiciones de vida inhumanas: las personas detenidas no tienen acceso a la salud ni pueden alimentarse de manera adecuada. La respuesta a estos problemas fue el inicio de un plan de construcción de cárceles y alcaidías. Entre 2020 y 2024 se construyeron 6.000 nuevas plazas, pero el sistema creció en casi 13.000 nuevos detenidos.
La tortura siguen siendo una práctica sistemática: solo la CPM relevó más de 64.605 hechos de tortura y malos tratos y al menos 16.030 hechos de nulo acceso a la justicia.
La prisión preventiva, el juicio abreviado y la escasa aplicación de institutos liberatorios acorde a la ley son las herramientas principales en el sostenimiento de la política de encierro de la Provincia. Durante 2024 se dictaron 21.164 prisiones preventivas, un aumento del 7% respecto a 2023. La prisión preventiva es la detención de una persona sin estar aún condenada por el delito que se le imputa y se usa de manera diferencial con la población femenina y las personas trans: al finalizar el 2024, el 61% de las personas trans y el 55% de las mujeres estaban detenidas en calidad de procesadas, mientras los varones en un 48%.
Esta política criminal produce muertes: en 2024 murieron 422 personas bajo custodia del Estado o por uso letal de las fuerzas de seguridad. La letalidad policial aumentó de 117 casos registrados en 2023 a 122 en 2024, en promedio 10 muertes por mes. El promedio de edad de las víctimas fue de 24 años; se registraron 26 casos (21%) de menores de edad: la víctima más joven tenía 7 años.
En cárceles aumentó significativamente la cantidad de personas fallecidas: de 206 en 2023 a 286 en 2024. En cárceles y alcaidías subió de 156 a 218: 194 muertes (9 de cada 10 casos)fueron por problemas de salud, 21 suicidios y 3 homicidios. La gravísima situación de la salud penitenciaria provoca muertes evitables: no hay acceso a una atención primaria básica, faltan profesionales y medicamentos y no se cumplen tratamientos ni estudios complejos. Un ejemplo son las muertes por tuberculosis: se identificó que 35 personas padecían esta enfermedad pero no todas contaban con un diagnóstico aunque sí con antecedentes de reclamo por atención médica, ya que no eran llevadas al área sanitaria o no recibían allí la atención adecuada que para llegar a un diagnóstico o tratamiento. No se registró en ningún caso que se haya realizado un control de foco que permitiera prevenir contagios. La salud penitenciaria que no funciona, debe dejar de depender del Ministerio de Justicia y pasar a la órbita del ministerio de Salud provincial.
La actuación policial y penitenciaria se convalida en la Justicia que rechaza las denuncias por torturas o muertes y consagra la impunidad, 9 de cada 10 causas son archivadas luego de una deficiente o nula investigación.
En cuanto a las políticas de niñez el sistema de promoción y protección de derechos sigue reproduciendo y agravando mucho de lo que prometió cambiar. Cuando fallan estas políticas de prevención el Estado llega con estrategias represivas que incluyen el encierro cada vez a más temprana edad. En marzo de 2025 había 680 niños y jóvenes privados de libertad en centros cerrados y 96 eran no punibles: el 14% del total. Los centros de detención del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia se parecen cada vez más a las cárceles para adultos. En 2024, la CPM relevó más de 1.180 hechos de torturas y malos tratos, 8 pibes fallecidos en centros convivenciales y 1 en un centro cerrado.
Con relación a las políticas de salud mental, la ley nacional de salud mental que cumple 15 años vino a cambiar el paradigma del manicomio y a reconocer a las personas con padecimiento mental y consumos problemáticos como sujetos de derechos. En la provincia de Buenos Aires hubo grandes avances en su implementación. Uno fue el paulatino descenso de personas alojadas en los manicomios y la proyección de su sustitución definitiva. En las clínicas neuropsiquiátricas privadas la situación es peor y en 2024 se registraron 366 hechos de torturas y/o malos tratos. La adecuación a la ley de salud mental en estos lugares suele ser más deficiente, en parte por la deficiencia o ausencia de controles del Ministerio de Salud.
En el extremo más cruel de este sistema están las comunidades terapéuticas para el tratamiento de adicciones. Muchas funcionan con habilitaciones provisorias y otras directamente en la clandestinidad: en la actualidad se desconoce todavía la cantidad de instituciones de este tipo que funcionan en la Provincia. En estos lugares no se implementa la ley de salud mental y en la mayoría de los casos funcionan casi sin presencia de profesionales de la salud. El mal llamado tratamiento se basa en el cumplimiento de normas rígidas. En 2024, la CPM registró 155 hechos de falta o deficiente atención a la salud. Durante 2024 se tomó conocimiento de una nueva y grave modalidad de ingreso a estos lugares: un grupo de traslados secuestra a las personas en su hogar con la anuencia de algún familiar. Los buscan a domicilio, les administran psicofármacos inyectables o diluidos en agua y los trasladan sin consentimiento a la comunidad terapéutica en vehículos particulares. Al despertar varias horas o días después, se encuentran allí sin poder retirarse, mantener comunicación con referentes afectivos, y sin intervención de ningún órgano judicial.
Las cárceles neuropsiquiátricas ocupan el último eslabón de encierro. La Unidad 34 y el anexo femenino de la Unidad 45 del Servicio Penitenciario Bonaerense alojan a personas con padecimiento mental en conflicto con la ley penal. En estas unidades hay tratos crueles, inhumanos, degradantes y torturas: condiciones materiales inhumanas, sobrepoblación, alojamiento de personas sin criterio de permanencia, falta de medicación, alimentación insuficiente, aislamiento y sujeción mecánica irregular. En estas condiciones no hay abordaje de la salud mental posible.
Como cada año, el informe expone un diagnóstico detallado de lo que pasa y por qué pasa, denuncia las graves violaciones a los derechos humanos que derivan de la aplicación de las políticas de mano dura como única orientación de la política criminal. El informe no es sólo un documento de denuncia, sino un insumo para la intervención del Estado en materia de protección y garantía de derechos.
El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial son responsables de esta situación crítica. Cada uno de estos eslabones funciona en sintonía y de manera aceitada. No son resabios de la dictadura, son problemas de la democracia: el sistema de la crueldad desplegado durante tantos años ha sido sostenido y naturalizado por los sucesivos gobiernos y el poder judicial que debe garantizar derechos. Lejos de mejorar la seguridad ciudadana, degrada el sistema republicano y no respeta ni garantiza derechos constitucionales.
Seguimos insistiendo: no hay democracia sin plena vigencia de derechos humanos. Reformular esta política criminal es un imperativo de nuestro presente.