El Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) evalúa periódicamente el cumplimiento de dicha Convención internacional de parte de los países que la suscribieron. En nuestro país esta tiene jerarquía constitucional y el estado está tan obligado a cumplirla, como a la propia Constitución Nacional.
Entre el 11 y el 13 de noviembre fue el turno de Argentina, cuya delegación oficial integrada por los Subsecretarios de derechos humanos Alberto Baños, de Asuntos Penitenciarios Julián Curi y de Asuntos Legales Diego Goldman debieron responder a las preguntas y señalamientos realizados por los expertos independientes que integran el organismo.
Lejos de promover el diálogo y la búsqueda de soluciones, los integrantes de la delegación argentina denigraron y atacaron la labor del Comité internacional y repitieron sus críticas contra los organismos de derechos humanos del país, lo cual implica una regresión importante de nuestro país en materia de derechos humanos.
La Comisión Provincial por la Memoria presentó un informe crítico sobre la represión policial a la protesta social de parte del gobierno nacional y con relación a la provincia de Buenos Aires señaló la continuidad de las prácticas violentas y denigrantes, torturas y malos tratos en contextos de encierro, las graves vulneraciones a los derechos humanos en instituciones que abordan la salud mental, las prácticas policiales ilegales e incumplimientos de salvaguardias, las violaciones de derechos de las niñeces y la deficiente actuación judicial en la investigación de estos hechos.
En lugar de explicar el accionar de las fuerzas de seguridad en el espacio público y en los contextos de encierro institucional o el desmantelamiento de las políticas de memoria, el actual gobierno argentino recurrió a la difamación, la descalificación y la repetición de expresiones negacionistas como la que cuestiona la cifra de desaparecidos durante la última dictadura o la referencia a los “negocios” que se esconderían detrás de la promoción y protección de los derechos humanos.
En las audiencias se consideraron distintos planteos sobre violencia estatal realizados por organismos públicos de derechos humanos y de la sociedad civil. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, presentó un informe que aborda diferentes incumplimientos de la Convención internacional por parte del estado argentino y asistió a estas sesiones.
En dicho informe se dio cuenta de la sistematicidad, cotidianeidad y naturalización de la violencia policial sobre la protesta social de parte de las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad de Buenos Aires, constatando “desde diciembre de 2023 hasta junio 2025 al menos 2.467 heridos (por postas de goma, gases lacrimógenos, golpes con bastones, tonfas o escudos, gases químicos o gas pimienta, agua a presión, etc.)» y 223 personas detenidas arbitrariamente.
Con respecto a la provincia de Buenos Aires, también denunció ante el Comité de la ONU la proliferación de comunidades terapéuticas privadas para el abordaje de consumos problemáticos y la falta de control estatal sobre ellas. “Muchas funcionan de manera clandestina, se desconoce con exactitud cuántas existen. En este contexto, se han detectado: aislamiento extremo, violencia física y verbal, sujeción mecánica, sobre medicación, desvinculación familiar”, es decir prácticas de torturas y malos tratos.
Otros temas presentados ante el organismo internacional fueron: la falta de investigación adecuada en casos de torturas y malos tratos; la falta de atención a la salud integral en contextos de encierro; el proceso de asimilación a cárceles de adultos respecto al tratamiento de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal; y las gravosas condiciones de detención en unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires.
Ni estos ni otros planteos de organismos locales sobre la situación de los derechos humanos en Argentina fueron respondidos por el gobierno nacional, ni contestaron específicamente a ninguna de las cifras, registros, denuncias y casos abordados en esta ocasión.
En cambio utilizaron el prestigioso recinto de la ONU para afirmar genérica y vagamente que “la política de memoria en los términos de la gestión actual se están cumpliendo con una memoria amplia, no como pretenden algunos ideólogos del pasado, lo que dicen es falso, se realizaron refacciones a sitios de memoria como no se hizo en años, no se cerraron sitios, …no se abandonó el pago de leyes reparatorias», afirmando que «se organizaron negocios en torno a los derechos humanos (…) ahora se promueve la memoria completa», todas expresiones vertidas por el Subsecretario Baños. En ningún momento de su exposición aclaró que todos los sitios dependientes de forma directa de la subsecretaría de Derechos Humanos de Nación fueron vaciados tanto en términos presupuestarios como principalmente en personal disponible para las tareas propias de cada espacio. Tampoco mencionó la férrea censura que aplican sobre las actividades que se promueven desde los espacios de memoria, donde se han prohibido presentaciones de libros y eventos culturales, llegando al cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, una referencia internacional en materia de promoción de la cultura y los derechos humanos.
Más adelante sostuvo que los organismos de derechos humanos están «colonizados y al servicio de la oposición política» y que pretenden “tener a la República Argentina de rodillas dando explicaciones sobre lo que no tiene que dar explicaciones”, a pesar de su condición de exjuez, abogado y conocedor de las leyes y compromisos internacionales jurídicamente suscritos por el Estado argentino respecto a la promoción y protección de los derechos humanos.
La delegación vinculó las críticas al comúnmente llamado “protocolo antipiquetes” con una oposición nostálgica que aún no habría acusado el golpe de haber perdido las elecciones, destacando que su autora, la senadora Patricia Bullrich, ganó las últimas elecciones con mas del 51 % de los votos en Ciudad de Buenos Aires, justificando asi la validez del mismo.
El subsecretario Curi realizó un homenaje y reconocimiento a los agentes del Servicio Penitenciario federal, señalando que se cumple con protocolos respetuosos de los derechos humanos que evitan los malos tratos. Negó que se agraven las condiciones de detención de los internos alojados en el regimen especial de personas privadas de libertad de alto riesgo y afirmó que la salud penitenciaria se garantiza a partir de un un «abordaje global».
El subsecretario Goldman sostuvo que corresponde al estado la «defensa institucional» de policías y penitenciarios «por hechos vinculados al servicio» como una retribución por la «loable» tarea que realizan y teniendo en cuenta los bajos salarios y falta de recursos para pagar una defensor privado. No obstante dijo que cuando hubiera un «indicio de desvío funcional» de esos deberes no se aplicaría, para señalar a renglón seguido que como existe el principio constitucional de inocencia, hasta no estar condenados no se puede afirmar este último supuesto, es decir, lo que ocurre en la realidad es que se garantiza en todos los casos su defensa.
Al cerrar la audiencia el presidente del Comité internacional señaló que para evaluar los países se considera la información aportada por múltiples fuentes (organizaciones no gubernamentales, organismos públicos, órganos de tratados internacionales y del Sistema Interamericano) y también de los gobiernos, destacando que se actúa con integridad e independencia sin posicionamientos o pronunciamientos políticos o interés alguno, excepto el cumplimiento de la Convención contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas.
En su cierre, el subsecretario Baños manifestó que «Sr. presidente agradecemos sus palabras, su buena fe e intenciones, sin embargo no es la imprecisión que uno se ha llevado estos días, hubo otros casos -de comisionados- que no fue lo que uno sintió y más allá de las explicaciones que nos den, el tema de sensaciones es lo que la víctima siente y en este caso parecía que la República Argentina era atacada, algunos comisionados han cruzado la linea que transforma la consulta de información en un examen inquisitorio impropio de este ámbito, las preguntas realizadas exceden las facultades reglamentarias y reflejan la motivación que seguramente siguen la fuente de la que se nutren y y este va a ser un tema que lamentablemente deberá ser objeto de revisión sino vamos a tener que estar tildando de falsas las manifestaciones que nos digan, sentimos que se ha constituido en un tribunal examinador requiriendo explicaciones en tono de demanda».
Las expresiones del funcionario sorprendieron al colocarse en el lugar de «víctima» de un supuesto ataque, que solo consistió en preguntas que le realizaron en el marco de una evaluación que se desarrolló de manera cuidada, respetuosa y dentro de los canales diplomáticos habituales. Al no poder responder ni tener datos fiables que aportar, recurrió a la estrategia de victimizarse y amenazar con tildar de falsas las manifestaciones del Comité cuando sus preguntas resultan incomodas.
El día 28 de noviembre el organismo internacional hará pública su evaluación u observaciones finales al estado argentino y hará las recomendaciones que considere pertinentes, para continuar luego un proceso de seguimiento de las mismas.
Los sucesivos informes de este Comité Internacional, han evaluado de manera crítica la aplicación de la Convención contra la tortura de parte de los distintos gobiernos argentinos, señalando los déficits e iniciativas necesarias para su cumplimiento. No obstante nunca un gobierno argentino reaccionó con la violencia y agresividad de esta gestión, solo frente a las preguntas de un organismo imparcial e independiente.