En tal carácter, quienes integramos la Comisión nos sentimos interpelados por las expresiones del editorial del diario La Nación del 1° de junio pasado titulado Jaime Smart: nuestro caso Dreyfus.
La columna afirma que “el ilegal hostigamiento que desde hace años viene sufriendo en nuestro país el doctor Jaime Smart, acusado falsamente de delitos cometidos por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en los años 70, se ha constituido en un caso paradigmático de persecución ideológica e ilegalidad, similar al de Dreyfus”. Nada más alejado de la verdad.
Jaime Smart ha sido condenado a prisión perpetua en siete ocasiones por tribunales orales federales con distinta integración de jueces, todas ellas confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal, también con distinta integración de jueces.
Es uno de los pocos funcionarios civiles de la dictadura que implementó el terrorismo de Estado que fue condenado tan reiterada y severamente. Ello en el marco de procesos judiciales en los que siempre se ha respetado el derecho de defensa y las garantías de todos los imputados, en los que ningún acusado entra condenado al juicio, a punto tal que alrededor del 15 % resultó absuelto.
La nota del diario La Nación aquí replicada pretende que en los juicios por crímenes de lesa humanidad sólo se condene a aquellos uniformados que secuestraron, torturaron, mataron o desaparecieron personas con sus propias manos, liberando de toda responsabilidad a quienes dieron las órdenes y a quienes se beneficiaron del ilegal accionar represivo. Al proponerlo así desconoce que la responsabilidad penal no sólo es de quienes ejecutan materialmente el delito sino también de quienes tuvieron el dominio funcional de los hechos delictivos o quienes incumplieron sus deberes de evitar que sus subordinados cometan los crímenes.
En uno de los tantos fallos condenatorios de Jaime Smart, el máximo tribunal penal del país analizó su rol: “su nombramiento [como ministro de Gobierno] por el entonces interventor [de la provincia de Buenos Aires] de facto Ibérico Manuel Saint Jean respondió a una lógica de consolidación del aparato represivo en una de las jurisdicciones clave del país. La provincia de Buenos Aires se constituyó en un emblema del terrorismo estatal, no sólo por su peso político y territorial, sino también por la densidad y extensión del ilegal entramado represivo que allí operó, en particular a través del denominado ‘Circuito Camps’”, como se llamó -por el apellido del entonces jefe policial, el coronel Ramón Camps- a la conexión de los centros clandestinos de detención en la zona sur del conurbano y en la capital provincial”. (…) «Este circuito, conformado por una red de alrededor treinta centros clandestinos de detención, tortura y exterminio bajo la órbita de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, no habría podido desplegarse con semejante eficacia sin la participación activa de diversas áreas del poder político provincial. En este entramado, el Ministerio de Gobierno, a cargo del acusado Smart, desempeñó un rol estratégico, dotando de cobertura institucional y recursos administrativos al accionar ilegal de las fuerzas de seguridad”.
Ello demuestra que no es verdad que “la defensa del terrorismo de la izquierda revolucionaria sigue viva y es encarnada por algunos jueces y varias organizaciones que dicen velar por los derechos humanos”, como afirma la nota en contestación.
Los procesos de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, en los que hasta la fecha se han condenado a 1.231 responsables –entre ellos a Jaime Smart-, importan no sólo un acto de justicia reparadora sino también la posibilidad de propiciar la reconstrucción de un vínculo virtuoso entre un Estado que juzga su pasado accionar criminal y la sociedad que lo padeció.