Por primera vez en una marcha convocada en defensa de la Universidad pública, las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria) junto a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desplegaron, de manera planificada, ilegitima e indiscriminada, un brutal operativo represivo en la zona del Congreso de la Nación. La represión se extendió durante más de 3 horas y dejó al menos 550 personas afectadas y heridas por mas de 120 granadas de gases lacrimógenos, químicos, disparos con postas de goma y agua a presión lanzada por los camiones hidrantes. Una vez más se registró el ataque dirigido contra trabajadores/as de prensa, equipos sanitarios que atendían a las víctimas y organismos de derechos humanos que monitoreaban el despliegue de las fuerzas de seguridad, entre ellos, integrantes la Comisión Provincial por la Memoria. Al menos seis personas fueron detenidas arbitrariamente, entre ellas dos adolescentes. El organismo de derechos humanos, en su calidad de Mecanismo Local de Presión de la Tortura, pidió que se investigue a los responsables políticos y quienes ejecutaron la represión por los delitos de abuso de autoridad, estrago, detención ilegal, torturas o malos tratos, entre otros.
Los registros de la represión ocurrida el pasado jueves en el Congreso de la Nación y alrededores, evidencian una vez más el uso ilegal y desproporcionado de la fuerza pública y la utilización irregular de armas menos letales: lanzamiento de granadas de gas lacrimógeno y gases químicos de manera indiscriminada, ataques dirigidos contra personas que deben ser particularmente protegidas por las tareas que cumplen, disparos con postas de goma o químicas en dirección horizontal o apuntando al cuerpo de las personas.
“Las conductas de las fuerzas de seguridad en comando conjunto excedieron los límites de la normativa vigente en el uso de la fuerza. Tales conductas ostentan una coordinación que permite establecer que sus acciones fueron ordenadas y ejecutadas por superiores jerárquicos con conocimiento y voluntad del ejercicio de la coerción por fuera del marco normativo e incumpliendo con los compromisos internacionales suscriptos por la República Argentina de rango constitucional, y que fuera ya denunciada por organismos internacionales de forma reciente”, resumió la Comisión Provincial por la Memoria en la denuncia penal presentada en las últimas horas del viernes.
En su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y en el marco del monitoreo de la represión a la protesta social que el organismo viene realizando desde la aplicación del protocolo antipiquetes junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura y el Mecanismo local de CABA, la CPM solicitó que se investigue a los responsables directos y funcionales por los hechos represivos ocurridos el pasado jueves por los delitos de estrago, torturas y apremios, detención funcional ilegal, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
Como ya denunció el organismo ante otros hechos represivos, el despliegue ilegitimo de la violencia, los movimientos coordinados de las fuerzas y la reiteración de las acciones, evidencian que la represión fue planificada y programada por los máximos funcionarios responsables de las fuerzas de seguridad y del Ministerio de Seguridad de Nación.
Además, la denuncia señala que el operativo represivo no sólo ocasionó lesiones y daños a quienes participaban de la movilización sino que generó un peligro para el resto de las personas que, en horario y día hábil, transitaban por la vía pública. Cabe recordar que, una vez que los efectivos de seguridad sobrepasaron el vallado del Congreso, el operativo se desplegó por distintas calles de la ciudad en dirección hacia la avenida 9 de julio y hasta la Plaza de Mayo.
De acuerdo a lo relevado por los equipos de monitoreo de la CPM, los episodios represivos comenzaron alrededor de las 15:20 frente al Congreso, que se encontraba completamente vallado; en ese momento, sobre la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia y cuando algunos manifestantes intentaron empujar las vallas, efectivos de la Policía Federal arrojaron gas pimienta, primero, y luego comenzaron a disparar granadas de gas lacrimógeno y disparos de postas de goma. Casi en simultaneo, se comenzaron a posicionar dos camiones hidrantes para descargar miles de litros de agua a presión sobre los manifestantes.
Durante más de dos horas, las fuerzas de seguridad federales -Policía Federal, Gendarmería y Prefectura- apostadas detrás del vallado atacaron a las y los manifestantes de manera incesante y desproporcionada; se estima que se dispararon más de 120 granadas de gas lacrimógeno, cientos de disparos con postas de goma y postas con gas químico de Byrna y agua a presión arrojada por los camiones hidrantes que recargaron, al menos, tres tanques.
La CPM también observa en la denuncia penal presentada que, por las condiciones climáticas -lluvia, por momentos, y baja presión atmosférica-, los gases químicos arrojados de manera generalizada contra la movilización permanecían más tiempo en la superficie y, por lo tanto, se extendía su alcance nocivo para la integridad de las personas que estaban sobre la plaza.
Alrededor de las 18 horas, cuando gran parte de la movilización ya había desconcentrado (cabe mencionar que la represión obligó a adelantar el acto de cierre a cargo de referentes de las federaciones universitarias y estudiantiles que hablaron desde el escenario visiblemente afectados por las estelas de los gases arrojados por las fuerzas de seguridad), las fuerzas de seguridad federales traspasaron el vallado del Congreso y comenzaron a avanzar para replegar a las personas que quedaban en la plaza y sus alrededores.
Durante ese avance, dispararon con postas de goma y postas con químicos y lanzaron granadas de gas lacrimógeno a los manifestantes; en ese momento, efectivos de la Policia Federal también dispararon de manera directa sobre integrantes del equipo de monitoreo de la CPM y trabajadores de prensa que, mientras se retiraban hacia Rivadavia, recibieron varios disparos de postas de goma en la espalda y piernas.
Durante todo el despliegue represivo que se extendió por alrededor de tres horas, de acuerdo a lo registrado por la CPM, el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y la Posta de Salud y Cuidados, más de 550 personas fueron atendidas por ser afectadas por los gases químicos y heridas disparos con postas de goma y lanzamiento de agua a presión. Entre ellos se relevaron al menos 50 trabajadores/as de prensa, 20 integrantes de CEPA y las postas de salud, 16 integrantes del equipo de monitoreo de la CPM y al menos 2 del Mecanismo local de CABA. Personas que estaban cubriendo la movilización, asistiendo a las víctimas o cumpliendo tareas de monitoreo y control del accionar policial, -grupos que por su rol deben gozar de una protección particular- y sin embargo lejos de cumplir con ese requisito, las fuerzas de seguridad los atacaron de manera particular y dirigida.
Además de las personas afectadas por la represión, durante la desconcentración también se registró la detención arbitraria de al menos 6 personas, 2 de ellas adolescentes que fueron prontamente liberadas. Las detenciones se produjeron de manera violenta, sin actos que lo justifiquen. La denuncia también menciona que durante las detenciones de 4 personas en la intersección de Avenida de mayo y Chacabuco, un oficial mayor de la Policía de la Ciudad sin identificación visible arrojó gas spray irritante directamente a los rostros de tres integrantes de la CPM que estaban registrando el momento de las aprehensiones.
Como señaló la CPM en la denuncia por la represión ocurrida el pasado 6 de agosto, en donde 1.500 personas resultaron heridas o afectadas y otras 28 fueron detenidas arbitrariamente, no hay represión planificada sin una orden política que la ordene. En ese sentido, el organismo de derechos humanos solicitó una vez más que se investiguen las conductas de los funcionarios políticos quienes tienen responsabilidad penal por las consecuencias de la orden de reprimir, siendo que la conducción política de las fuerzas de seguridad debe responder por los efectos de los operativos y por cómo estas utilizan la fuerza pública. También debe investigarse la participación de agentes policiales encubiertos para generar hechos de violencia.
En lo que va del año 2026, se incrementaron los hechos de represión, personas heridas y afectadas por la violencia estatal y detenidas de manera arbitraria en el marco de las manifestaciones que se llevaron a cabo.