La Comisión Provincial por la Memoria expresa su rechazo a las declaraciones de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich avalando la intervención armada de un agente de la Policía Federal que, realizando al menos 11 disparos con su arma reglamentaria en una zona poblada, mató a un niño de 7 años y a uno de sus atacantes de 18 años, e hirió a otros dos.
El miércoles pasado en horas de la noche, el agente de la policía federal Facundo Aguilar, mientras se encontraba fuera de servicio, extrajo su arma reglamentaria y disparó ante un supuesto intento de robo realizado por cuatro jóvenes. Uno de ellos recibió varios disparos y murió en el acto y dos fueron heridos, uno de gravedad. En la misma secuencia, uno de los disparos impactó en la cabeza de Thiago Correa, un niño de 7 años que se encontraba junto a su padre en la parada de colectivo.
No se trata de un hecho aislado ni desvinculado de responsabilidades políticas. Se da en un contexto en el que la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, modificó los protocolos para el uso de las armas de fuego por parte de los agentes federales. Esto ocurrió mediante la resolución 125 del 2024, con la que se habilitaron criterios contrarios a los principios rectores en la intervención policial establecidos en los Protocolos internacionales reconocidos por nuestro país en el uso de la fuerza. Los funcionarios policiales deben obrar con cuidados extremos al emplear el arma de fuego cumpliendo con los principios de excepcionalidad, proporcionalidad, progresividad y razonabilidad. Por ejemplo, este reglamento eliminó la obligación de dar la voz de alto e incorporó como presunción de peligro el supuesto de fuga de una persona armada aun cuando no representan una amenaza real.
Con los elementos ya recolectados en la investigación penal, no caben dudas que el agente policial es responsable directo de la muerte del niño ya que la multiplicidad de disparos, en una zona poblada y sin una agresión real por parte de los atacantes, dan cuenta de que se representó el potencial daño que podía generar su accionar.
Pero, a la vez, hay responsabilidad por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación al introducir reglamentos y enviar mensajes que promueven el uso desmedido de las armas de fuego y avalar, aun en contra de lo dictaminado por la justicia, a los policías que con su accionar producen muertes. La promoción del uso desproporcionado de las armas por parte de las fuerzas policiales, pone en riesgo a toda la población.
Las muertes que produce el Estado a través de sus agentes -y más la de un niño-, lejos de derivar en mensajes demagógicos y corporativos, deben producir una profunda revisión de los criterios definidos para el uso de las armas por parte de la policía y autocríticas con relación a las políticas de seguridad que promueven el uso desmedido de la violencia.
El Estado Nacional debe pedir disculpas a las víctimas, reparar a sus familias y facilitar la investigación de los hechos, evitando la protección corporativa de los agentes que cometen delitos, la obstaculización del acceso a la justicia, la presión a los funcionarios judiciales y la consolidación de la impunidad.
Cabe destacar que el uso letal de la fuerza policial, en la mayoría de los casos, no se producen en un contexto de proteger a la población ante situaciones de riesgo inminente a su vida o integridad. De las 1.106 muertes registradas por la CPM en la provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2024, el 50% (553 hechos) se produjeron en circunstancias de supuestos robos a los propios agentes, el 11,4 % (126 hechos) para evitar robos de bienes a terceros y solo el 0,5 % (6 hechos) fue para defender la vida de otra persona.
Pero también es importante señalar que las balas policiales asesinaron a 179 niños y jóvenes menores de 18 años, entre ellos 13 niños menores de 10 años. Además 65 muertes fueron en circunstancias de carácter privado sin relación con un delito, otras 36 fueron femicidios y 7 femicidios vinculados.
Del análisis que la CPM realiza de las causas en que se investigan los robos de bienes personales o de terceros, se desprende que la mayoría de los impactos producidos por los policías en el cuerpo de las víctimas son de atrás hacia adelante. Es decir que las muertes se producen mientras los agresores escapan y cuando ya no representan un riesgo para el agente que dispara o un tercero. Sobre 45 casos del 2024 en los que se analizaron las autopsias, se pudo relevar que en 27 de ellos los disparos fueron por la espalda.
A esto se suma que en muchos casos no se encuentran armas de los agresores o las que se encuentran, como en este caso, no funcionan o son de utilería.
Y un elemento central es que en el 63% de los casos el agente que provocó la muerte estaba fuera de servicio, es decir fuera de su horario laboral. El 96% utilizó el arma reglamentaria para provocar la muerte: de 692 agentes fuera de servicio, 665 mataron con arma reglamentaria. Esta CPM viene reclamando el cese del estado policial, que implica la obligación de portar el arma e intervenir las 24 hs. En otros países los agentes dejan sus armas en sus lugares de trabajo, registrándose índices menores de letalidad policial.
Una política de seguridad seria, cuyo objetivo central sea la seguridad de la población y no la demagogia punitiva y represiva de una supuesta «mano dura», debería tener entre sus objetivos reducir las muertes producidas por las propias fuerzas y con las armas que provee el estado.
Estamos lejos de ese escenario, por el contrario se exacerba la violencia y se aplaude la muerte.
Estás políticas no resolverán el problema de la «inseguridad», por el contrario agravarán la violencia en nuestra sociedad y provocarán más muertes evitables.