Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la
Provincia de Buenos Aires (Ley Nacional 26.827)

En una nota enviada ayer al ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció más de una decena de casos de violencia policial que relevó, a partir de su labor de monitoreo como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Estos hechos de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, en su despliegue para controlar el cumplimiento de la cuarentena, tuvieron como víctimas en su gran mayoría a niños, niñas y jóvenes de los barrios más pobres, y trabajadores informales o desocupados que estaban en la calle para proveerse la comida diaria. La CPM pidió mayor control sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y que se investiguen y sancionen estos hechos de torturas o malos tratos.

 

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, relevó durante los últimos días 15 hechos de violencia policial en la provincia de Buenos Aires —que afectaron al menos a 40 víctimas— en el marco del despliegue territorial de las fuerzas de seguridad para controlar el cumplimiento de la medida de aislamiento social. Algunos de estos hechos tuvieron ya difusión pública, otros fueron denunciados en las redes sociales y ante los equipos de la CPM. Estos casos, que se presentaron en una nota enviada al Ministerio de Seguridad bonaerense, son apenas una muestra pero evidencian un rasgo de sistematicidad en estas prácticas.

Uno de esos episodios, que tuvo repercusión en los medios de comunicación, ocurrió en Isidro Casanova, La Matanza: agentes de la Policía Bonaerense obligaron a seis jóvenes a hacer saltos de rana y flexiones, después los hacen cantar el himno. Durante los seis minutos que dura el video, los policías repiten amenazas con un tono aleccionador.

Otro de los hechos relevados ocurrió durante la noche del 23 de marzo en Altos de San Lorenzo, La Plata: un joven estaba en la vereda intercambiando alimentos con un vecino, cuando escucha el grito amenazante de la policía para que se meta adentro, unos 20 efectivos ingresaron al domicilio sin orden judicial disparando con balas de gomas y propinando golpes a los habitantes. El joven y su hermano de 16 años fueron detenidos.

En el relevamiento de casos presentado ante el ministerio, la CPM en su función de Mecanismo también advirtió sobre otras prácticas de violencia como hostigamiento y amenazas desde los patrulleros, persecuciones por parte de policías motorizados y armados, traslados ilegales a las comisarías. En todos los hechos, se observa un uso desproporcionado e irracional de la fuerza.

En la nota dirigida al ministro de seguridad Sergio Berni, la CPM remarcó que, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, “el Estado tiene atribuciones para limitar la libertad ambulatoria en la medida que esto no implique —como demuestran estos hechos— un cercenamiento ilegal o arbitrario de otros derechos tales como la vida, la integridad física, la salud”.

La CPM también señaló que, en todos los casos, se tratan de hechos ocurridos en barrios pobres y que las víctimas fueron en su gran mayoría niños, niñas y adolescentes o personas desocupadas o que deben circular para conseguir la comida diaria. Sólo como ejemplo de estos casos, en Bahía Blanca entre el 26 y 28 de marzo, 16 personas fueron agredidas, demoradas o detenidas cuando circulaban en la calle por la necesidad de continuar con sus actividades laborales informales y precarias —changas, limpiavidrios, cartoneo— para llevar comida a sus familias.

Además de los ya mencionados, los hechos relevados corresponden a diversos barrios de los municipios de La Matanza, Lomas de Zamora, La Plata, Quilmes, General Pueyrredón, Dolores, Lobos, Bahía Blanca y Berisso.

Hay otro rasgo que se evidencia en los episodios denunciados, la filmación y difusión de las imágenes la realizan los propios agentes policiales. Es decir que, lejos de ocultar estas violaciones a derechos humanos, las escenifica buscando un efecto de adoctrinamiento no sólo respecto de las víctimas sino del resto de la población.

En función de esto, en las consideraciones realizadas al ministro de seguridad, la CPM en su rol de Mecanismo reclamó que el Estado provincial imparta directivas claras a los funcionarios policiales y de fuerzas de seguridad, que se encuentran operando en su territorio, para evitar la repetición de estos hechos.

Con ese mismo fin, los funcionarios provinciales deben promover un control exhaustivo del desempeño policial. Esta medida debe incluir la difusión amplia entre la población de los canales habilitados para la realización de denuncias. Es recomendable también que se difunda a través de medios masivos de comunicación las atribuciones y prohibiciones específicas que tiene el personal policial en el desempeño de sus funciones en el marco de la emergencia.

Entre las consideraciones realizadas, la CPM también remarcó prestar especial atención sobre dos sectores vulnerables: los niños, niñas y adolescentes, y las personas con padecimientos de salud mental (muchas veces, a su vez, en situación de calle). En los casos de violencia policial que, en el marco de la cuarentena, involucre a estos sectores se debe dar intervención inmediata a los dispositivos institucionales específicos creados por el sistema de protección de la niñez y la ley de salud mental.

A la par de estas medidas de prevención, el Estado Provincial debe promover la investigación inmediata y efectiva de los casos que se denunciaron —y se sigan denunciando—, procediendo a las sanciones administrativas que correspondan.

La situación de emergencia sanitaria por el coronavirus y la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio de ninguna manera habilita el uso irracional, desproporcionado e ilegal de la fuerza. Tal como está garantizado por la Constitución Nacional y tratados internacionales, la prohibición de la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes no puede ser derogada, incluso en circunstancias excepcionales y emergencias.

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