En una audiencia celebrada en el marco del hábeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el municipio de General Pueyrredón reconoció que la Patrulla Municipal debe actuar ajustándose a derecho, pero negó las innumerables intervenciones violentas e ilegales que difunden y celebran en público a través de las redes sociales. En su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM había denunciado hechos de aprehensiones, agresiones físicas, cacheos, sustracción de pertenencias, amenazas y discursos estigmatizantes y de odio entre otros delitos, cometidos por agentes -algunos de ellos encapuchados o con el rostro tapado y sin identificación- contra personas que viven o trabajan en la calle. En la audiencia estuvo presente el intendente Guillermo Montenegro junto al asesor letrado del municipio y sus secretarios de seguridad y desarrollo social.
Con el argumento de “controlar y ordenar el espacio”, tal como lo señaló en la audiencia judicial el propio intendente Guillermo Montenegro, el municipio de General Pueyrredón desplegó una política de persecución y represión contra personas que viven o trabajan en la calle. Estas tareas están delegadas en la Patrulla Municipal, un cuerpo de funcionarios municipales que actúa arrojándose funciones policiales.
En ese sentido, tanto en el hábeas corpus como en la denuncia penal, la CPM documentó la existencia de operativos violentos, ilegales y discriminatorios, que incluyen delitos como privaciones ilegales de la libertad, agresiones físicas, verbales y psicológicas, cacheos, requisas y sustracción de pertenencias. Sin embargo, durante la audiencia celebrada en el marco del hábeas corpus, el Municipio negó tener conocimiento de esos hechos puntuales y tampoco aceptó que se exhibieran los videos presentados por la CPM y que documentan estas ilegalidades en el despliegue operativo de la Patrulla Municipal.
Por el contrario, el intendente Guillermo Montenegro y su secretario de seguridad, Rodrigo Gonçalves, sostuvieron en reiteradas oportunidades que la Patrulla Municipal actúa respetando la normativa municipal y provincial vigente, que de ninguna manera se arroga facultades de las fuerzas de seguridad y que, cuando la situación lo amerita, da intervención a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. “Tenemos claro cuál es la función que persiguen los inspectores que forman parte de la Patrulla Municipal, nosotros contravencionamos, bajo ningún punto de vista aprehendemos a ningún individuo. Lo que estamos llevando adelante es el ordenamiento del espacio público, que es lo que nos piden los ciudadanos”, señaló el secretario de Seguridad durante la audiencia.
También negaron que exista un ánimo de odio, estigmatización o persecución en las intervenciones de la Patrulla Municipal o la gestión municipal. Sin embargo, esta declaración en la justicia no guarda ninguna relación con varias publicaciones del intendente Montenegro en sus redes sociales, donde difundió, defendió y promovió el accionar de los agentes municipales, haciendo apología de los delitos y utilizando definiciones discriminatorias y estigmatizantes.
En esa misma línea, los funcionarios municipales negaron la existencia de otros delitos como la realización de operativos nocturnos con funcionarios encapuchados circulando vehículos sin identificación, que habían sido denunciados por personas que viven en la calle y voluntarios que los asisten. Además de negar esta situación, Montenegro aseguró que “todo el personal está identificado y los vehículos piloteados, ninguno interviene con el rostro semicubierto”.
Entre las medidas que habían sido requeridas en el trámite del hábeas, el Municipio presentó las 52.234 actas que generó la Patrulla Municipal desde el 2024, documentando cada una de las intervenciones por cada intervención ante la “alteración de una ordenanza”. También estuvo presente la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, para dar cuenta de la intervención municipal para la atención de personas que viven en la calle y que son, en su gran mayoría, las víctimas de estos violentos operativos denunciados.
Para la CPM, que en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura viene monitoreando y denunciando el despliegue violento e ilegal de la Patrulla Municipal de Mar del Plata, la audiencia celebrada ayer en la justicia convalida su reclamo, ya que el Municipio afirmó respetar la normativa vigente, que no se arroga facultades provinciales y que los agentes no cometen ningún delito. Esto contrasta con toda la evidencia de videos y declaraciones públicas del Intendente y otros funcionarios municipales subidas en redes y medios locales, donde justamente se dice y hace todo lo contrario.
El doble discurso del Intendente es notable: mientras hace y dice en los medios de comunicación y en las redes que no cumplirá con la ley frente a personas que la infringen y fustiga a quienes defienden los derechos humanos, frente al juez niega los hechos y afirma ser absolutamente respetuoso de la legalidad y los derechos humanos. Pero es más grave que frente a la pregunta acerca de si habían iniciado sumarios administrativos para investigar las faltas o delitos de los agentes municipales, el intendente Guillermo Montenegro respondió que no.
El Municipio ha resuelto no investigar las denuncias contra los funcionarios municipales. No hay estado republicano que pueda funcionar sin los debidos controles legales sobre sus agentes. La impunidad frente a conductas violentas e ilegales degrada a las instituciones estatales y al propio sistema democrático.