El día jueves 22 de mayo, un niño de 10 años fue víctima de uno de los disparos con balas de goma ejecutados por un agente de la Policía Bonaerense en el Barrio IAPI del partido de Quilmes. Seis postas impactaron en su rostro a escasa distancia y provocaron heridas (una de ellas a milímetros de su ojo derecho), además de una afectación psicológica importante en el niño.
El hecho ocurrió en el marco de una intervención de la policía sin ningún tipo de fundamento ni necesidad relacionada con la prevención del delito, lo que constituye su función. En el barrio del IAPI algunos vecinos se encontraban conversando en la vereda de una vivienda donde funciona un comedor de la organización social “Polo Obrero”, cuando una camioneta de la UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Especiales) se detuvo y descendieron varios policías (entre 12 y 14 aproximadamente) pretendiendo identificar a dichas personas.
Pese a que estos vecinos no estaban cometiendo ningún delito ni contravención, los agentes comenzaron a increparlos y amenazarlos. El maltrato policial dio inicio a una discusión y un incremento de la acción violenta de la policía. Algunas personas, entre ellas mujeres fueron empujadas contra la pared de la vivienda y golpeadas.
En medio de la discusión un agente realizó al menos dos disparos con postas de goma, impactando en el niño de 10 años que se encontraba asomado a una ventana del primer piso de la casa junto con su hermana más chica.
Luego de esto, y confirmando que ningún hecho que justificara su actuación estaba ocurriendo en el lugar, los policías se subieron a la camioneta y se retiraron sin asistir al niño herido.
Las agresiones policiales fueron filmadas por los vecinos y se encuentran acompañadas a la investigación penal iniciada por la familia.
La violenta e ilegal actuación policial en los barrios mas pobres no es una novedad. Tampoco lo es que esa actuación no está dirigida a prevenir el delito, sino al gobierno o control de estas poblaciones vulneradas en la mayor parte de sus derechos.
Prueba de esto es que, en promedio, 285.000 personas son aprehendidas cada año por la Policía Bonaerense y que el 86% de estas aprehensiones no tienen ninguna relación con la prevención del delito: sólo un 14% termina imputada en una causa judicial y apenas un 6% ingresa al Servicio Penitenciario Bonaerense por el dictado de la prisión preventiva o su condena en un juicio abreviado.
Durante 2024, la Comisión Provincial por la memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLPT), ha registrado 1.539 hechos de violencia policial a través de la recepción de denuncias e inspecciones en dependencias policiales realizadas por los diferentes programas. Además, se contabilizaron 122 casos de uso letal de la fuerza policial y 21 muertes producidas en comisarías bonaerenses. Es decir, 143 personas murieron por la intervención policial directa o bajo custodia.
Las agresiones verbales, la violencia psicológica y las amenazas se asocian a un plano de la violencia policial que se orienta directamente a la búsqueda de impacto en la subjetividad de las personas que son víctimas.
También se registraron denuncias por causas armadas, privaciones ilegales o arbitrarias de la libertad, abusos sexuales, allanamientos ilegales o arbitrarios, corrupción policial, extorsión o soborno, sustracción o daño de pertenencias, extracción y/o difusión ilegal de fotografías, atropellos intencionales con patrulleros y, aunque en menor cantidad, el “submarino húmedo”, duchas heladas y el uso de picanas eléctricas manuales.
Todas estas acciones se conjugan en el hostigamiento, cuyo objetivo fundamental es limitar y condicionar la libertad de las personas que las sufren mediante acciones rutinarias. Los discursos estigmatizantes, xenófobos y racistas son comunes en todas estas acciones.
Estas prácticas policiales son sistemáticas y de larga data, gobierne quien gobierne. Son políticas provinciales que la mayoría de los municipios sostienen y justifican para los barrios más pobres.
Aunque se presenten como forma de resolver el problema de la «inseguridad» y sean parte de las campañas políticas que prometen más agentes, patrulleros, chalecos y armas, estas políticas de saturación policial y militarización de los territorios no se despliegan para resolver el delito sino para controlar territorios devastados por la exclusión y la desigualdad.
Por otro lado ningún gobierno revierte la regulación y entramado policial con el delito, que capta siempre a sus eslabones más débiles. No hay persecución seria del delito complejo. Por eso fracasa como política de seguridad.
El poder judicial convalida estas políticas y habitualmente no persigue ni sanciona a las fuerzas de seguridad o de custodia que cometen delitos graves, incluso mayores de los que cometen a quienes atrapa.
Estas políticas solo generan mayor violencia en nuestra sociedad.
Por eso reiteramos que debe implementarse una política criminal y de seguridad que cumpla con las leyes vigentes y deje de cometer graves violaciones de derechos humanos.
En este caso, reclamamos una pronta y efectiva investigación judicial y administrativa que sancione a los responsables del hecho.